En el año 2008, el Presupuesto Nacional era de ¢4,8 billones y los ingresos ascendían a ¢3,4 billones. Los impuestos cobrados por el Gobierno a los contribuyentes alcanzaban para pagar el 70% de los gastos. El resto se cubría pidiendo dinero prestado.
Diez presupuestos después, el Gobierno aumentó su presupuesto a ¢8,9 billones, pero solo dispone de ¢4,9 billones provenientes de tributos. O sea, ahora la cobija alcanza para cubrir únicamente el 50% del cuerpo, lo que obliga a pedir más dinero prestado.
Así se desprende de un análisis de los presupuestos ordinarios de la última década, con cifras expresadas en colones de hoy (restando la inflación), lo que permite observar los crecimientos que están por encima del costo de la vida.
¿Cómo el Gobierno Costa Rica aumentó sus gastos en un 83% en diez años mientras los ingresos solo subieron en un 42%?
Aparte de que, año con año, casi todos los gastos crecieron por encima de la inflación, estas razones explican el fuerte incremento:
-Ningún gobierno aumentó tanto el gasto en los salarios de los empleados públicos como lo hizo el de Óscar Arias (2006-2010). En el 2009, esa administración subió el gasto en remuneraciones en un 25,5%, el mayor porcentaje de la década. Y, en el 2010, los elevó en un 12,5%, la segunda mayor alza de la última década.
En solo dos años, el gobierno de Arias incrementó el gasto en sueldos en casi un 38%. Lo hizo con el argumento de que era necesario cerrar la brecha salarial entre los empleados de los ministerios y los del resto de instituciones públicas, pero esto produjo un efecto en cadena en el sector público.
-Óscar Arias también otorgó los mayores aumentos de la década en los aportes del Gobierno para el Poder Judicial (con un 28%); el Ministerio de Educación Pública (MEP), con un 28%, y las universidades públicas, con un 25%.
Antes, no se cumplía con el mandato constitucional de dar a la Corte al menos el 6% de los ingresos ordinarios, con este ajuste se cumplió y se superó.
-Arias otorgó el incremento más alto de la década para el presupuesto del sector educación (sumando MEP y universidades) con un 27,5% en el 2009.
En aquel momento, la Constitución exigía destinar a educación el equivalente a un 6% del producto interno bruto (PIB), pero esta administración se propuso, desde la campaña, empezar a elevar el porcentaje. En el 2009, se asignó el 6,4% y, en el 2010, el 6,5% de la producción.
-En el 2010, creció en un 54% el rubro de destinos específicos fijados por leyes debido a la entrada en vigencia de la ley 8.783, que obliga al Gobierno a girar al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) el equivalente a 593.000 salarios base del Poder Judicial, para financiar programas sociales, pero sin crear una nueva fuente de financiamiento.
El proyecto lo presentó la actual vicepresidenta de la República, Ana Helena Chacón, en el 2006, cuando era diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). Incluso, el gobierno de Arias, en la figura del entonces ministro de Hacienda, Guillermo Zúñiga, se opuso con el argumento de que no se creaban nuevos ingresos.
La reforma provocó que el presupuesto para Fodesaf creciera en un 1.084% pasando de ¢16.600 millones a ¢197.600 millones, ensanchando la partida de destinos específicos legales que ese año creció en un 54,5%. En ese apartado también se incluyen, por ejemplo, las transferencias provenientes del impuesto único a los combustibles para el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).
-Al final de cuentas, Óscar Arias subió los presupuestos nacionales, a nivel general, en alrededor de un 9% cada año. Los incrementos no fueron mayores porque gozó de una caída en el gasto por deuda pública, que bajó en casi un 10% en el 2009 y se mantuvo estable en el 2010.
-En junio del 2010, se aprobó la reforma constitucional que subió de un 6% a un 8% del PIB el monto que se debe destinar a educación. Aunque tiene una gran lógica invertir en educación, la reforma no otorgó ingresos nuevos y, además, encadenó el porcentaje al PIB, que es el valor de los bienes y servicios que se producen dentro del país tanto por el sector privado como por el público.
Es decir, aunque las finanzas del Gobierno estén en problemas, el Estado está obligado a dar más dinero para educación si aumentan los ingresos del sector privado.
Después del aumento concedido por Óscar Arias, el segundo mayor incremento en el presupuesto para educación lo otorgó el mandatario Luis Guillermo Solís en el 2015 con un 12,6%.
Del 2010 al 2017, siete años después de la reforma, el presupuesto para educación creció en un 50%, al pasar de ¢1,7 billones a ¢2,5 billones. No obstante, los resultados no han sido los esperados con esta inversión, según un diagnóstico de la OCDE.
-En el 2011, el gobierno de Laura Chinchilla (2010-2014) vio incrementado su gasto en amortización de deuda pública, pero porque debió devolver el principal de una emisión de bonos internacionales colocada en marzo del 2001 por $250 millones cuyo plazo se venció ese año.
-En el 2012, los giros a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se incrementaron en ¢79.000 millones debido a un arreglo de pago con el Estado para cancelar deudas por cuotas atrasadas.
-En el 2013, los gastos específicos legales subieron porque se incrementó en un 41% el aporte que el Estado le hace al Patronato Nacional de la Infancia (PANI), a fin de cumplir una ley de 1996 que obliga a destinar el 7% del impuesto sobre la renta, aunque este no haya aumentado y aunque toda la recaudación de ese tributo de previo ya estaba comprometida con otros gastos. El aporte pasó de ¢8.051 millones a ¢11.373 millones.
-Durante la segunda parte de su mandato, el gobierno de Laura Chinchilla en realidad no incurrió en fuertes aumentos en los presupuestos a nivel general. Incluso, para el 2015, el presupuesto más bien decreció en un -1%. Al cabo de los cuatro años, el presupuesto subió en un 6%.
-Luis Guillermo Solís otorgó el mayor incremento presupuestario, a nivel general, de la década con un 18,7% en el 2015.
-Ese año, la amortización de la deuda subió considerablemente, en un 50,6%, debido a que fue necesario pagar una emisión de bonos que fueron colocados a corto plazo, durante el segundo semestre del 2014, con vencimiento durante el 2015. Cerca del 28% de la amortización corresponde a esa colocación de bonos (poco más de ¢500.000 millones.
Mauricio Arroyo, subtesorero nacional, afirmó que estaba recién entrado el gobierno de Solís, había expectativa sobre qué medidas iban a tomar y sobre qué autoridades iban a estar al frente, por lo que los inversionistas ofrecieron comprar bonos de corto plazo en ese momento aunque Hacienda prefiriera de largo plazo.
-Luis Guillermo Solís, además, aumentó en un 13,1% el giro al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) en su primer presupuesto y en un 12,6% el aporte al MEP.
-Además, otorgó el incremento más alto que recibe el Poder Judicial desde el 2010, con un 13,6%. En la actualidad, la Corte recibe más de un 9% de los ingresos ordinarios mientras la Constitución le asigna al menos el 6%.
-En 2014, además, el gasto en salarios volvió a subir considerablemente, con un 7,7% por encima de la inflación. Para el segundo semestre, Solís otorgó un incremento que osciló entre el 4% y el 5,1% sobre los salarios base, lo que sobrepasa claramente la inflación a la hora de repercutir en pluses como anualidades y dedicación exclusiva.
-En el 2017, los destinos específicos legales suben un 16,4% principalmente porque se transfieren recursos a municipalidades para cumplir con una ley que les transfirió la responsabilidad de atender las vías cantonales, aunque no se generan nuevos ingresos y no se redujeron los gastos en que incurría el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) para ello.
-Mediante un presupuesto extraordinario, el Gobierno se vio obligado a girar otros ¢41.000 millones al PANI para cumplir con el traslado del 7% del impuesto de renta.
En resumen
Los gastos que son obligatorios según la Constitución (educación, Poder Judicial y deuda política) pasaron de representar un 27,7% a un 33,8% del presupuesto en una década.
Los destinos específicos legales, a su vez, pasaron de ser un 6,9% a un 9%.
Mientras tanto, lo que le queda al Gobierno para maniobrar, en inversión de bienes y servicios, pasó de un 6% a un 5% del presupuesto, aunque esta partida también debe cubrir las transferencias a otras instituciones desconcentradas que el Gobierno debe financiar, como los museos, el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) y el Sistema Nacional de Areas de Conservación (Sinac).