Cada vez que la Asamblea Legislativa aprueba una meta de gastos para educación al país le toma casi una década llegar hasta ahí.
El primer caso fue la reforma que estableció un aporte estatal mínimo del 6% del Producto Interno Bruto (PIB) para educación, aprobada en 1997.
No obstante, en 1998, cuando se tenía que comenzar a aplicar, el monto mínimo se elevó no solo por la decisión legislativa, sino también porque en ese año el Banco Central actualizó la base de cálculo del PIB.
El PIB es el valor final de los bienes y servicios que se producen dentro del país en un periodo y el año base pasó, en ese momento, de 1966 a 1991. Al hacer este ajuste el valor de la producción aumentó y con él, el porcentaje de recursos para la educación.
Ante la imposibilidad de poder cumplir, el Gobierno de turno emitió, en el año 2000, el decreto 28877-H, el cual estableció un mecanismo gradual para pasar del 6% del PIB antiguo al 6% del PIB más actualizado.
El decreto establecía que el Poder Ejecutivo asignaría, a partir del año 2001, una décima más cada año a la educación sobre la diferencia que hubiera entre las metodologías de cálculo del PIB por un plazo de 10 años. Efectivamente la meta se alcanzó hasta en el año 2009.
En el 2018, tal vez. En junio del 2010, la Asamblea Legislativa aprobó una segunda reforma al artículo 78 de la Constitución Política, la cual establece que, a partir del próximo año (2011), el aporte estatal a la educación debería aumentar a un 8% del PIB.
No obstante, al igual que en la ocasión anterior, para evitar un impacto mayor en el déficit fiscal (previsto en 5% de la producción para este año), el Gobierno optó por dar los recursos en forma escalonada.
En el proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario de la República del 2014 el Gobierno propone aumentar en 0,2 puntos del PIB por año los recursos a la educación, a partir del 2014, hasta llegar en el 2018 al 8%.
Empero, la situación se podría complicar más si la actualización de año base que hoy hace el Central, y que publicará en el 2015, arrojara un nivel de producción mayor.
En el documento de Consolidación Fiscal que presentó el Gobierno, con ideas para combatir el déficit, se señala como una de las opciones mantener los recursos a la educación en un 7% del PIB, lo cual desata el debate.
Para Isabel Román, coordinadora del Estado de la Educación, el incumplimiento de las metas implica la pérdida de valiosas oportunidades para ejecutar políticas que permitan darle un empujón estratégico a la educación. No obstante, hay también quienes como el exministro de Hacienda, Thelmo Vargas, considera que cumplir puede afectar el crecimiento económico.