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A pesar de que existe, desde mayo del 2018, una norma constitucional que establece la pérdida de credencial de diputado por violaciones al deber de probidad, la Asamblea Legislativa no ha avanzado un solo paso en la promulgación de la ley que haga factible esa sanción.
El señalamiento de la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) contra el diputado fabricista Jonathan Prendas, por viajar a España financiado por un empresario, vuelve a poner sobre la palestra esa impunidad de los legisladores cuando cometen actos contrarios a la ley anticorrupción.
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El presidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruickshank, explicó que infortunadamente no existe, a la fecha, una legislación que permita aplicar sanciones a los congresistas, lo que les deja prácticamente como los únicos servidores públicos impunes frente a actos de corrupción.
“Con base en los principios del derecho penal, no se puede sancionar donde no exista una disposición expresa que establezca la tipicidad de la acción cometida por el diputado”, alegó el jerarca parlamentario.
Añadió que, en su opinión, “no hay una disposición que permita aplicarle alguna sanción a los diputados, esa es la tristeza que existe.
“Espero que, para la próxima legislatura, sea quien sea que ocupe la presidencia legislativa, se aboque la Asamblea a impulsar esa legislación para llenar este vacío”.
Cruickshank manifestó que él está completamente de acuerdo con que no puede seguirse manteniendo la impunidad de los congresistas y cree que el Congreso debe hacer lo propio, de manera inmediata, por generar la legislación que sancione actos como el que cometió el fabricista Jonathan Prendas y otros que vulneran el deber de probidad.
A la vez, considera que es necesario generar disposiciones reglamentarias para tener la posibilidad de sancionar a diputadas y diputados.
El presidente de la Asamblea no cree que se trate de falta de voluntad en las fracciones legislativas como tales, sino entre los diputados particularmente.
“Hay algunos diputados que creemos que es necesario impulsar eso, porque no puede seguir existiendo ese vacío. En todas las fracciones hay diputados que creen en impulsar esa legislación y otros que creen en mantenerse en las condiciones actuales”, indicó.
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Esas condiciones actuales han permitido, por años, que no se sancionen actos como el memorando del miedo de Fernando Sánchez contra los funcionarios que no apoyaron el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, o el uso de Maureen Ballestero de una avioneta de la Fuerza Pública para asistir a un acto electoral de su partido.
Tampoco pasó nada con los informes que emitió la Procuraduría de la Ética por las actuaciones de los diputados Víctor Hugo Morales Zapata y Otto Guevara, y, más recientemente, del oficialista Welmer Ramos, todos implicados en el polémico caso del cemento chino.
En el informe de la Procuraduría, dado a conocer por La Nación el lunes pasado, ese órgano explicó que el fabricista incurrió en una vulneración grosera al deber de probidad al aceptar un viaje a España pagado por el empresario Marcos Elías Mora Madrigal.
La procuradora ética Johanna Masís concluyó que el independiente recibió una dádiva de parte del empresario y nunca se lo informó a la Asamblea, aunque esta le pagó las dietas por los días que se ausentó.
Según un informe de la Procuraduría de la Ética, la dádiva de Mora, gerente de E Global Systems-Visión de Desarrollo Urbano, consistió en financiarle a Prendas y un asesor suyo todos los gastos para que asistieran al Mobile World Congress 2019, que se celebró en Barcelona, España.
El documento añade que el beneficio patrimonial incluyó pasajes ida y vuelta, hospedaje, traslados internos, alimentación por una semana, así como el importe de ingreso al congreso mundial sobre telefonía.
Adicionalmente, la Fiscalía General de la República conduce una investigación por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, que actualmente se encuentra a las espera de recibir pruebas que se recaban en Francia, donde “ocurrió un hecho de interés para el proceso penal”.
¿Y los proyectos presentados?
La reforma constitucional que incluyó la violación al deber de probidad como una causal para perder la credencial de diputado se aprobó, en tercera votación, el 15 de mayo del 2018 y se introdujo en la Carta Magna.
Después de eso, tanto la liberacionista Yorleny León, como el frenteamplista José María Villalta, plantearon proyectos para hacer factible el proceso de sanción de los legisladores.
No obstante, el peso de la falta de voluntad ha impedido su avance, porque al fin y al cabo son los mismos diputados quienes serían sancionados, en caso de que se promulgue esa legislación.
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El expediente 21.082, Ley de pérdida de credencial de diputado, de Yorleny León, murió en la Comisión de Sociales cuando no hubo más voluntad de sus miembros de avanzar con la iniciativa y lo mandaron al archivo.
El proyecto 21.515, de Villalta, está en la Comisión de Jurídicos y se dictaminó en noviembre del 2020, pero al llegar las sesiones extraordinarias, en que el Poder Ejecutivo controla los destinos de las discusiones parlamentarias, no apareció en la convocatoria que hizo Carlos Alvarado.
Este plan tiene apoyo de Carolina Hidalgo, del Partido Acción Ciudadana; la independiente Zoila Volio; Wagner Jiménez y Franggi Nicolás, de Liberación Nacional, y María Vita Monge, de la Unidad Social Cristiana (PUSC).
Otra propuesta se encuentra bajo estudio de la Comisión de Asuntos Jurídicos, a cuyo orden del día entró en noviembre del 2020 y de donde no se ha movido siquiera.
Este expediente, el número 22.226, lleva las firmas de León y José María Villalta, así como de Catalina Montero, del PAC; los liberacionistas Silvia Hernández, Carlos Ricardo Benavides y Wagner Jiménez, y la independiente Zoila Volio.
Al parecer, este plan tampoco tiene la venia presidencial, pues en ningún momento ha sido convocado desde que Zapote domina la agenda parlamentaria, del 1.º de diciembre a la fecha.
