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El exembajador costarricense ante Países Bajos (2014-2018), Sergio Ugalde Godínez, será nuevo juez de la Corte Penal Internacional (CPI) a partir del 2021, luego de conseguir un consenso junto con decenas de países, en el 2017, para que ese tribunal pueda juzgar crímenes de agresión en todo el mundo.
En conversación con La Nación, el exagente de Costa Rica en los juicios internacionales contra Nicaragua explica qué es la CPI y cómo se configuró su postulación que, finalmente, fuera exitosa.
¿Por qué es importante que el país tenga un puesto en la CPI?
-Porque es un reconocimiento a un país pequeño, pero grande en temas de derecho internacional, en su compromiso en la lucha contra la impunidad y, por supuesto, en su visión de la importancia que significa dar una medida de justicia a las víctimas de las peores atrocidades que el mundo haya visto.
¿Qué es la Corte Penal Internacional?
-La Corte nace hace 50 años de los Tribunales de Nuremberg y de Tokio, como una respuesta a la necesidad que había en el mundo de luchar contra crímenes que se han venido cometiendo contra poblaciones indefensas por muchos años.
Era necesario e importante contar con un tribunal permanente de alcance universal. Los anteriores, creados por Naciones Unidas, por ejemplo el de la antigua Yugoslavia o el de Ruanda, respondían a casos específicos.
La CPI nace como una corte permanente de alcance universal, en relación con los países que aceptan su jurisdicción, por supuesto, porque hay países que no la aceptan su jurisdicción y la Corte no podría ver casos que involucren a esos países, excepto en las circunstancias en que el Consejo de Seguridad de la ONU decida remitírselos.
¿Cuáles países no hacen parte de esta Corte?
-La CPI tiene 123 Estados parte, la mayoría en África, Europa y América Latina. Casi todos los países latinoamericanos son parte, pero hay un grupo importante de países, en cuenta países muy grandes (Estados Unidos, Rusia, China, India, Israel, Cuba, Irak), que no están aún y no forman parte de la Corte.
La Corte aspira a convencer a esos países de que es importante, para sus poblaciones, ser parte de la institución, porque eso no solo garantiza a sus poblaciones, en relación con la lucha contra la impunidad, sino que además es un elemento de confianza al sistema internacional de lucha contra la impunidad o al de justicia penal internacional.
¿Qué casos relevantes ha juzgado la CPI en sus 20 años de existencia?
-Básicamente ha tramitado casos relacionados con situaciones en África. Es decir, los casos se refieren a crímenes en algunos países africanos, por ejemplo en la República Democrática del Congo, Uganda, la República Centroafricana.
Eso ha generado algún problema y ha habido críticas a que la Corte se había enfocado básicamente en el continente africano y no había salido a ver otras regiones.
Eso generó molestia y críticas importantes de los países africanos. Ahora, la Corte aspira a tener un alcance mundial, no enfocarse en una o dos regiones.
¿Cuáles pueden ser las consecuencias de un juicio en la CPI para un Estado, un individuo o grupos de individuos?
-El trámite no es muy distinto a la forma en que se tramita un proceso penal en las jurisdicciones nacionales. En el momento en que hay una denuncia por parte de un grupo de personas o un Estado, o que la Fiscalía decida abrir una investigación, o lo remita el Consejo de Seguridad de la ONU, como el caso de Darfur, Sudán, se activa todo el procedimiento de investigación para determinar si es posible identificar los perpetradores de los crímenes.
Si eso es posible, la Fiscalía presenta una solicitud de arresto contra las personas identificadas. La Corte evalúa las bases para proceder y, si son suficientes, hace la solicitud de arresto, para que la persona enfrente los cargos en La Haya.
La persona tiene todas las garantías de defensa, con apelaciones en alzada y, si se determina que la persona tiene una responsabilidad más allá de la duda razonable, entonces es sentenciada.
Las penas son de prisión y hay posibilidad de que, si a la persona se le decomisan bienes, estos respondan para indemnización de víctimas. Las víctimas tienen una participación relevante y central en el procedimiento, que es una novedad respecto de los tribunales especiales que se habían establecido bajo Naciones Unidas.
¿Hay posibilidad de pena capital?
-No, eso no lo reconoce el Estatuto de Roma (1998). Este incorpora valores fundamentales de la defensa de los derechos humanos y uno de esos valores es, justamente, la prohibición de la pena capital.
Lo que sí puede existir es la posibilidad de una pena de cadena perpetua de encarcelamiento, pero por el momento no se han impuesto penas perpetuas.
¿Hay casos vigentes o en proceso sobre América Latina?
-Hay exámenes preliminares e investigaciones. Un examen preliminar significa que la Fiscalía recibe denuncias o información relacionada con la posible comisión o perpetración de crímenes de guerra o de lesa humanidad.
Entonces, se hace un examen preliminar a fin de determinar si hay evidencia suficiente para lanzar una investigación. Para lanzar esta investigación, la Fiscalía tiene que pedirle permiso a la Corte, a fin de iniciar el proceso investigativo, para recolectar evidencia y determinar los potenciales encartados.
En estos momentos hay algunas situaciones en América Latina bajo examen preliminar y son públicos: Colombia, Venezuela 1 y Venezuela 2, y otro sobre Bolivia.
¿De dónde viene Sergio Ugalde?
-Nunca fui privilegiado. Fui a la escuela primaria en Florencia de San Carlos, salí del Liceo de San Carlos, me gradué en la Universidad de Costa Rica, todo a mucho esfuerzo.
Fui pulpero, vendía pan y desayunos; teníamos una pulpería en Calle Fallas y, curiosamente, esa pulpería se la compró mi abuelo al abuelo de doña Laura Chinchilla.
Esto siempre fue un esfuerzo personal. Lo importante de un país como este es que una persona con un origen relativamente humilde logra, porque el país le da esas oportunidades, llegar a lo más alto del derecho internacional a nivel mundial. Eso habla de forma excepcional no solo sobre el sistema educativo, sino sobre los valores que nos identifican como país.
¿Por qué decide usted postular a este cargo en la CPI?
-Yo había tenido la suerte de representar a Costa Rica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en los cinco casos contenciosos (contra Nicaragua) y una solicitud de intervención en otro caso. Había logrado una gran experiencia en la tramitación de esos procedimientos.
Además, tuve la suerte de participar activamente en los asuntos de la CPI. En reconocimiento a la experiencia y, por el peso que Costa Rica tiene en los asuntos de derecho internacional, se me pidió coordinar el grupo de trabajo de La Haya sobre la CPI (que coordina el trabajo sobre ese órgano de todas las embajadas en La Haya). Luego, se me nombró vicepresidente para La Haya de la Asamblea de Estados Parte de la CPI.
Como vicepresidente, tenía coordinación muy cercana con las autoridades de la Corte. Me correspondió sustituir al presidente en una asamblea muy importante, celebrada en diciembre del 2017, en Nueva York.
Allí, los Estados parte logramos que se activara la jurisdicción de la Corte sobre el delito de agresión. A mí me tocó negociar, con muchos Estados que tenían dudas, un texto de consenso sin necesidad de someterlo a voto.
Desde ese momento, Costa Rica tuvo mayor reconocimiento por su trabajo diplomático en esa área y, en lo personal, un reconocimiento por la contribución a lograr ese consenso.
Entiendo que ese tema llevaba años sin resolverse, sin lograr jurisdicción sobre ese delito.
-Así es. En Nuremberg se decidió que el crimen de agresión era el delito supremo, porque daba lugar a todos los demás crímenes.
La discusión de una Corte como la actual nace justo después de que Nuremberg y Tokio concluyen. Por 50 años había sido muy difícil lograr consenso entre todos los Estados.
Cuando se adopta el Estatuto de Roma, todavía había dudas de muchos países sobre el crimen de agresión. Casi 20 años de negociaciones hasta el último minuto, en Nueva York, cuando nos correspondió cerrar esa negociación.
Al tener este reconocimiento a Costa Rica y a mí, algunos países me preguntan si yo veo posible presentar mi nombre como juez, les parece que Costa Rica todavía puede contribuir más.
Llama la atención que, después de dejar usted la embajada de Países Bajos, en diciembre del 2018, no fuese nombrado en otra embajada y, de todas formas, el Ejecutivo sí impulsa su candidatura.
-Eso es para preguntarle al Gobierno. Lo que sí puedo decirle es que, como todo en la vida, el Gobierno pensó que yo ya había terminado mi ciclo en Países Bajos.
La administración pensó que yo había terminado el ciclo en esa embajada, y salí completamente del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Sin embargo, justamente por haber recibido el apoyo de varios países, le planteé eso al entonces canciller, Manuel Ventura, y él de forma muy caballerosa nos indicó que le parece que eso tenía muy buenas posibilidades.
La determinación final fue que yo cumplía con todos los requisitos. Cancillería asumió esto como un compromiso importante. Si hay algo que nos caracteriza en el exterior es que no representamos intereses, sino valores. Sobre la base de esos valores se impulsó la campaña.
Esa campaña tuvo un apoyo muy relevante de parte de nuestra embajada en Nueva York y en La Haya, en particular el embajador Rodrigo Alberto Carazo.
¿En qué sentido financió usted su campaña?
-Todo el material que se prepara, brochures, un video, cualquier gasto personal, los viajes míos durante la campaña, cualquier acción como tomarse un café o un té con algún Estado parte, todo eso lo cubrí yo.
El país no incurrió en ningún gasto de ese tipo. Eso no es normal, por lo general los Estados cubren ese tipo de gastos, pero en Costa Rica nosotros tenemos una visión distinta del uso de los recursos públicos, que es la forma correcta en que se tiene que hacer las cosas.
¿Este nombramiento seguirá requiriendo apoyo del país?
-La Corte tiene un presupuesto y yo me convierto en funcionario de la CPI, un alto funcionario, eventualmente con otras responsabilidades, además de las penales, pues podría ser nombrado presidente o vicepresidente, con funciones administrativas.
¿Son cargos reelegibles?
-No, son nombramientos por una sola vez, nueve años. El país no ha invertido ni va a invertir un centavo, en relación con este tema. Lo único que Costa Rica hace es pagar la cuota a la Corte, que le corresponde pagar como Estado parte.
¿Qué viene para la Corte, buscar estados que no la reconocen, reforma y renovación con los jueces más jóvenes?
-La Corte ha sido muy criticada porque no ha sido tan efectiva. Se han invertido una cantidad muy importante de recursos y solo ha finalizado muy pocos casos sobre los crímenes establecidos en el Estatuto de Roma, pero sentencias condenatorias solo en cuatro o cinco casos.
Vienen nuevas sentencias, de las que no conozco el resultado, pero lo cierto es que ha habido absolutorias, que generaron mucha crítica porque se suponía que eran casos bastante sólidos.
La Corte no tiene una función exclusiva de condenar, sino establecer la responsabilidad o no de una persona con base en evidencia. Eso habla bien de la Corte, pero hubo crítica igual, porque la organización parecía no estar avanzando, solo enfocarse en una región y los casos terminaban en absolutorias. Se veía que la Corte no estaba avanzando.
Hay un cambio de timón, hubo un reporte de expertos que señaló las reformas necesarias para que la Corte sea más eficiente.
¿Cuánto dura en promedio un proceso en esta Corte Penal?
-Ese es un tema fundamental, porque tiene que representar los mejores valores del mundo, ser eficiente y eficaz: usar bien sus recursos y cumplir a cabalidad la función para la que fue creada.
Para eso, esta nueva elección de jueces es fundamental, tenemos que darle una renovada dirección a la CPI, de forma coordinada y constructiva. Yo tengo como misión justamente lograr eso, que no tengamos casos que duren 10 o 12 años, eso no puede ser, tiene que ser mucho más eficaz, no solo para los Estados parte, sino también para las personas acusadas y para las víctimas. Esa es una de las misiones que llevo, Costa Rica cree en eso.
