Por: Natasha Cambronero 16 mayo, 2016
El embajador de Costa Rica en Estados Unidos, Román Macaya y el canciller, Manuel González, se reunieron el 12 de abril del año pasado, con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, con monseñor José Domingo Ulloa y el nuncio Andrés Carrasco, en la VII Cumbre de las Américas, en Panamá.
El embajador de Costa Rica en Estados Unidos, Román Macaya y el canciller, Manuel González, se reunieron el 12 de abril del año pasado, con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, con monseñor José Domingo Ulloa y el nuncio Andrés Carrasco, en la VII Cumbre de las Américas, en Panamá.

El gobierno de Luis Guillermo Solís relegó la negociación de un concordato que defina la relación del Estado costarricense con la Iglesia católica.

Según el canciller Manuel González, el tratado no es prioridad en este momento porque la agenda de política exterior “está bastante llena” y el Vaticano tampoco ha mostrado interés en retomar las mesas diálogo.

Si bien reconoce que ha conversado sobre el tema con el secretario de la Santa Sede, Pietro Parolin, el canciller aseguró que el tema no “es un desvelo” para ninguna de las dos partes.

En criterio del titular de Relaciones Exteriores, existen otras vías más expeditas para ordenar las responsabilidades administrativas entre ambos estados.

“(Negociar un concordato) no es lo más común en estos tiempos; sin embargo, hay países con los que se tiene y con los que se negocia, pero las relaciones también se pueden proteger y regular por medio de acuerdos específicos. Un concordato es muy amplio, toma mucho tiempo, no se está trabajando en eso, porque no es una prioridad para ninguno de los dos”, enfatizó González.

La Nación intentó obtener una reacción de la Iglesia Católica; sin embargo, el arzobispo de San José, José Rafael Quirós, quien formó parte de las negociaciones como contraparte del gobierno costarricense, dijo que no se podía referir por tratarse de un tratado con implicaciones internacionales.

También se buscó una reacción del nuncio apostólico Antonio Arcari; no obstante, se encuentra fuera del país hasta principios de julio próximo.

La posibilidad de retomar las negociaciones en torno a ese tratado no figura en la agenda de prioridades en la visita del presidente Solís al papa Francisco, el próximo vienes 27 de mayo en el Vaticano.

En ese encuentro, el mandatario le agradecerá al sumo pontífice por los mensajes que ofreció durante la crisis de migrantes cubanos que azotó la región a finales del 2015 y principios de este año; así como sus pronunciamientos tras los fallos de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por los litigios entre Costa Rica y Nicaragua.

También, aprovechará el encuentro para invitar al papa Francisco a que visite el país.

En el pasado. Las negociaciones para un concordato se volvieron intermitentes y cada vez más nulas desde principios del 2013, debido a la transición entre Benedicto XVI y Francisco.

El canciller González afirmó que, en el pasado, los diálogos fueron “bastante preliminares” y que no puede descartar que se retomen más adelante, antes de que termine esta administración.

Las conversaciones iniciaron en abril del 2012 en el gobierno de Laura Chinchilla. Desde su campaña electoral, ella anunció que se oponía a que Costa Rica se convirtiera en un Estado Laico y dejara de ser confesional. Actualmente la religión oficial es la católica.

En su momento, quien lideró la negociación fue el exembajador en el Vaticano y exdiputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Fernando Sánchez, quien contó con el beneplácito del primer canciller de Chinchilla, René Castro.

Enrique Castillo, quien sustituyó a Castro en la Cancillería, lideró el equipo de trabajo que se reunía con el grupo designado por la Iglesia Católica.

De lo poco que se supo de las negociaciones, trascendió que la delegación costarricense excluyó la opción de un Estado laico, por considerar que esa decisión no debe ser objeto de negociaciones con un tercero, sino fruto de una discusión interna propia, en el seno de la Asamblea Legislativa.

Otro de los puntos que se estaba discutiendo era definir cuáles actividades de los sacerdotes pueden calificarse como una relación laboral, y cuáles estarían sujetas al pago del seguro social y a la cancelación del impuesto de la renta.

Además, se trataron temas de interés para la Iglesia. Entre ellos, que se les dé personería jurídica a algunas organizaciones católicas que no la tienen y que se mantenga la fe pública de los sacerdotes para inscribir matrimonios, así como el derecho a llevar asistencia espiritual a la policía y a las prisiones.