Costa Rica rechazó las manifestaciones del canciller de Nicaragua, Denis Moncada, quien calificó de ilegal el proceso que podría suspender a su país de la Organización de Estados Americanos (OEA).

“No es el Canciller de Nicaragua quien determina la legalidad o no de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana", afirmó este miércoles la canciller a. i. de Costa Rica, Lorena Aguilar.

Añadió que el gobierno de Carlos Alvarado “mantiene su apoyo a la aplicación del artículo 20 de la Carta Democrática”, lo que conllevaría a una revisión minuciosa del cumplimiento de los mandatos democráticos por parte del gobierno de Daniel Ortega y, eventualmente, a una suspensión de Nicaragua como miembro de la OEA.

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De comprobarse una ruputa del orden democrático, el régimen de Ortega se vería expuesto a un congelamiento de los préstamos otorgados por instituciones financieras multilaterales de la región interamericana, así como una suspensión de las relaciones diplomáticas con el resto de países y al destierro de los foros políticos.

La canciller a. i. de Costa Rica agregó que el país se mantiene realizando consultas dentro del Grupo de Trabajo del Consejo Permanente sobre Nicaragua, que está integrado además por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guyana, México, Panamá y Perú.

“Los Estados mantienen conversaciones entre sí, particularmente los integrantes del Grupo de Trabajo desde el momento en que el Secretario General envió la nota y esta fue informada a los Estados. Estas conversaciones buscan definir los próximos pasos a seguir frente a la carta enviada por el Secretario General”, señaló Aguilar.

El 29 de diciembre, el secretario general, Luis Almagro, le solicitó a Costa Rica activar el proceso.

En respuesta, este 1.° de enero, en una nota dirigida a los cancilleres de América Latina y el Caribe, el canciller Moncada señaló que la invocación de la Carta Democrática es un acto “improcedente, ilegal, sin fundamento jurídico”.

Alegó que Almagro no tiene potestades para invocar dicho mecanismo, en cumplimiento con el artículo 20.

El artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, establecido desde 2001, faculta al secretario general o a cualquier Estado miembro a solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente.

Sin embargo, la interpretación de Nicaragua sobre el artículo es que le corresponde al secretario general o a algún Estado miembro invocar la Carta Democrática solo cuando el Estado afectado no pueda hacerlo debido a que se ha producido una alteración en el orden constitucional, lo cual no ocurre en Nicaragua, según el diplomático.

Almagro anunció la aplicación de dicho mecanismo luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) revelara que en el país vecino se han registrado conductas que deben considerarse como “crímenes de lesa humanidad”.

En su rechazo, Moncada argumentó que la Carta Democrática se constituyó para restituir a los gobiernos democráticos o cuando se da un golpe de Estado, lo cual no es la situación de Nicaragua, según argumentó.

Acusó a Almagro de apoyar grupos golpistas y fuerzas terroristas en ese país, “pretendiendo arrastrar a los Estados miembros a sus irresponsables e ilegales acciones contra Nicaragua”.

“Solicito amablemente el apoyo de sus gobiernos para que las peticiones del secretario general, relacionadas con la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, no sean aprobadas en la OEA”, concluye el Canciller.

¿Cómo se activa la Carta Democrática?

La Carta Democrática Interamericana de la OEA se aplica cuando hay una alteración o una ruptura del orden democrático. El proceso puede conllevar a su suspensión del organismo.

En primera instancia, es necesario que el Consejo Permanente del organismo declare por mayoría simple (con 18 votos) de sus miembros que hay una alteración del orden constitucional y democrático. Si esto se avala, la OEA deberá realizar gestiones diplomáticas para tratar de resolver la crisis a través del diálogo y la mediación.

En caso de que la gestión no prospere, con el voto de dos tercios de los integrantes (24 votos) es posible convocar a una sesión extraordinaria de la Asamblea General del organismo.

De nuevo, se intentaría la vía diplomática y, de fracasar, sería necesario otra vez el voto de 24 países para suspender a Nicaragua del ente, con lo que dejaría de participar en los programas y actividades de la OEA.