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El Gobierno de Costa Rica expresó su más enérgico rechazo a la orden de búsqueda y captura que emitió Rusia contra el juez costarricense Sergio Ugalde Godínez, integrante de la Corte Penal Internacional (CPI).
Para Costa Rica, las medidas lanzadas por las autoridades rusas buscan “intimidar el ejercicio de la justicia penal internacional y evitar la rendición de cuentas”, señala un comunicado difundido por la Cancillería.
En la nota, el gobierno del presidente Rodrigo Chaves reiteró las manifestaciones emitidas el pasado mes de agosto, de forma conjunta, por las representaciones permanentes, ante la CPI, de Costa Rica, Reino Unido, Japón e Italia.
En esa ocasión, los países reaccionaron a la decisión de Rusia de emitir el mismo requerimiento legal que ahora pesa sobre Ugalde, pero en contra del presidente de la CPI, Piotr Hofmanski; su vicepresidenta, Luz del Carmen Ibáñez Carranza; el fiscal jefe, Karim Ahmad Khan, y otros tres jueces de la instancia judicial internacional: Bertram Schmitt, Tomoko Akane y Rosario Salvatore Aitala.
Ante las acciones de la Federación Rusa, los representantes permanentes expresaron preocupación por los procedimientos legales contra los funcionarios del alto tribunal, incluido el costarricense.
Asimismo, lamentaron los intentos de Rusia “de socavar el mandato de la Corte” y reiteraron su “compromiso inquebrantable de apoyar firmemente a la Corte, sus oficiales y su personal”.
“Una vez más, reafirmamos nuestra total confianza en la Corte, como tribunal de justicia independiente e imparcial y renovamos nuestra determinación en defender los principios y valores consagrados en el Estatuto de Roma, preservando la integridad de la Corte sin dejarse intimidar por ninguna amenaza”, concluye.
La Asamblea Legislativa también declaró su respaldo al juez Ugalde e hizo un llamado al Poder Ejecutivo, para “que tome todas las medidas jurídicas y diplomáticas a su alcance en la protección de la integridad física” del costarricense.
Ugalde conformó el panel de juristas de la CPI que ordenó, en marzo, el arresto del presidente ruso, Vladimir Putin, como “presunto responsable” de la deportación ilegal de niños ucranianos a Rusia.
Los delitos por los que Putin es acusado habrían ocurrido al menos desde el 24 de febrero de 2022 en el “territorio ocupado de Ucrania”, señaló la CPI, que considera que hay “motivos razonables” para creer que Putin tiene “responsabilidad penal individual” por el crimen de guerra que supone la deportación de menores.
Rusia no es miembro de la CPI; sin embargo, la amenaza de detención, producto del fallo del alto tribunal obstaculiza los viajes internacionales de Vladimir Putin, explicó la agencia de noticias AFP.
Creada por iniciativa de las Naciones Unidas (ONU) el 17 de julio de 1998 mediante el Estatuto de Roma, la CPI entró en funcionamiento el 1 de julio de 2002.
Es el primer tribunal internacional de carácter permanente encargado de juzgar a los responsables de crímenes contra la humanidad, de genocidio, de crímenes de guerra y del crimen de agresión (se adicionó en 2010).
Costa Rica firmó el Estatuto de Roma en el año 1998 y depositó el instrumento de ratificación en el 2001.
