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La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia envió a la Asamblea Legislativa solo cinco candidatos para cinco vacantes de magistrados suplentes, aunque debía enviar diez, porque en la discusión interna se lanzaron cuestionamientos sobre los otros cinco nominados.
Así lo reconocieron el presidente de ese tribunal, el magistrado Luis Guillermo Rivas, y el jerarca de la Corte Suprema, Carlos Chinchilla, quienes apuntaron que se rendirán las explicaciones al Congreso.
La ausencia de la mitad de los nombres generó que los diputados de la Comisión Especial de Nombramientos de la Asamblea Legislativa pidiera cuentas.
El problema es que, tal como lo establece el artículo 164 de la Constitución Política, por cada puesto de magistrado suplente que se deba nombrar, la Corte Suprema debe proponer dos nombres.
Eso significa que el Poder Judicial debió enviar la lista completa a estudio de los diputados, principalmente por mandato constitucional.
Sin embargo, Rivas explicó que las objeciones planteadas en el seno de la Sala I tenían que ver con falta de experiencia de algunos de los postulantes, o bien poco conocimiento sobre ese tribunal.
El magistrado dijo que hicieron el concurso y se presentaron 18 postulantes, que él y la magistrada Iris Rocío Rojas entrevistaron. De ese grupo, seleccionaron una lista de diez personas (cinco hombres y cinco mujeres) que presentaron al resto de los miembros de la Sala I.
“Les dijimos a los compañeros magistrados y hubo una revisión de esos nombres que nosotros recomendamos. Algunos fueron objetados”, relató Rivas.
Añadió que, al tener solamente cinco candidatos de consenso, mandaron esa lista para que el concurso no se atrasara, pero “con la idea de que efectivamente, la comisión podría eventualmente solicitar alguna aclaración o emitir alguna objeción y en eso estamos”.
Las personas que sí contaban con el aval de los magistrados propietarios eran: Yuri López Casal, Grace Emilia Loaiza Sánchez, Jorge Alberto López González, Ana Isabel Vargas Vargas y Damaris Vargas Vásquez.
Consultado por aparte, Chinchilla dijo que ya la solicitud de explicaciones que envió Nombramientos se había conocido en sesión de la Corte Plena y enviarán un reporte a los diputados sobre ese asunto.
El presidente de la Corte confirmó que había cuestionamientos sobre la mitad de los candidatos y que los miembros de la Sala I consideraron inconveniente incluirlos en la lista.
“Ahora ya se va a reconformar la lista y se van a enviar diez nombres, con el problemita de que podría ser que vaya gente que tenga alguna situación que no sea la más conveniente”, informó Chinchilla.
Consultado por La Nación, el jerarca judicial negó que se pueda hacer alguna advertencia de previo a los diputados sobre las objeciones hechas a cinco de los aspirantes a magistrado suplente.
Agregó que en los currículos van a aparecer “algunas situaciones” que hicieron que la Sala no mandara la lista completa.
“Si ven los currículos, ahí probablemente podrían ver y tener algún elemento que no es el conveniente”, añadió Carlos Chinchilla.
Nielsen Pérez, diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), y Luis Fernando Chacón, de Liberación Nacional (PLN), confirmaron que se le pidió cuentas a la Corte Suprema, máxime porque enviar la lista a medias va contra el mandato constitucional.
“No mandaron ninguna explicación, solamente solicitaron una audiencia. Se valoró darles la audiencia, pero hasta que nos expliquen por qué decidieron mandar solo cinco nombres, no los diez completos”, dijo Chacón.
Apuntó que después de la respuesta, evaluarán “si es importante recibir al presidente de la Sala I”.
Luis Guillermo Rivas explicó, por vía telefónica, que ahora podrían tener dos opciones para cumplir con lo exigido por la Constitución. Una de ellas es, dijo, enviar los otros cinco nombres a la Comisión de Nombramientos.
La otra sería pedir autorización a los diputados para realizar de nuevo un concurso y completar la lista.
“Estamos de acuerdo en que tienen razón, en el sentido de que hay que enviar los otros nombres, pero esa fue la lista de los que nos parecían idóneos”, explicó.
Rivas negó que las objeciones se generen en la existencia de acusaciones penales o procesos administrativos en los currículos de los postulantes e insistió en que se trata, principalmente, de “falta de experiencia”.
“Alguno de ellos ha sido solamente letrado de una sala y no ha tenido experiencia como juez, u otra persona que es juez, pero tiene muy poco tiempo de serlo”, concluyó Rivas.
