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La Corte Suprema de Justicia acordó este lunes discutir una reforma constitucional para endurecer los requisitos necesarios para ser electo magistrado propietario o suplente de alguna de las cuatro salas que integran ese órgano.
La cúpula del Poder Judicial analizará la modificación como respuesta a la avalancha de críticas que afronta la institución en la actualidad, por los presuntos nexos del magistrado suspendido de la Sala Tercera, Celso Gamboa, con el polémico empresario cementero, Juan Carlos Bolaños.
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Según el presidente de la Sala IV, Ernesto Jinesta, la idea es garantizar a la ciudadanía "la independencia e imparcialidad" de los miembros de la Corte.
Él considera que ese objetivo solo se puede conseguir con una reforma parcial a la Constitución Política, con la cual se establezca explícitamente que no pueden aspirar a ser magistrados las personas que ocupan o hayan ocupado un cargo en los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), en cierto plazo de tiempo.
"Eso es sumamente importante en este momento, es decir, ¿en qué términos van a plantear esa reforma constitucional? Por ahí, pensabamos en voz alta y a nivel de ensayo, de hipótesis, creo que sería conveniente indicar que las personas que, en los últimos diez años, han ocupado un puesto en el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, e incluso en el TSE, no puedan ocupar una plaza de magistrado propietario o suplente. ¿Diez años por qué? Porque es el plazo que ha indicado la Sala Constitucional en virtud del principio de que no pueden haber sanciones perpetuas, esa ha sido la banda superior y yo creo que debería ser eso".
"Lo mismo con el tema de que no se puede nombrar a alguien que tenga en algún momento vínculos por parentesco de consanguinidad o afinidad en alguno de los tres poderes de la República, me parece que no debería ser magistrado suplente, ni magistrado propietario", expresó Jinesta.
En la actualidad, los artículos 160 y 161 de carta magna estipulan que no puede ser electo magistrado quien tenga un parentesco de consanguinidad o afinidad, hasta tercer grado, con un miembro de la Corte Suprema de Justicia, al tiempo que establece que es incompatible la calidad de magistrado con la de funcionario de los otros supremos poderes.
Gran reforma. Por unanimidad, la Corte acogió iniciar la discusión de este tema, como parte de una propuesta del magistrado Paul Rueda, de la Sala IV, de impulsar una gran reforma judicial en áreas puntuales que "necesitan de atención inmediata".
Con base en la propuesta de Rueda, el Poder Judicial instalará nueve comisiones de trabajo, cada una integrada con magistrados titulares y suplentes de las cuatro salas. Cada una verá un tema en específico.
La mayoría de esos foros, en un plazo de 15 días, deberá proponer las reformas legales y constitucionales que consideren necesarias para fortalecer el sistema judicial; dos de estas deberán fijar un cronograma de trabajo, dado la complejidad de los temas.
El plan de Paul Rueda fue aplaudido por sus compañeros magistrados, quienes consideran que la situación actual requiere de decisiones inmediatas.
Román Solís, magistrado de Sala I, agregó: "Tenemos que hacer una oferta de las necesarias reformas que requiere el Poder Judicial, este poder necesita a gritos vivir en el siglo XXI. Requerimos de un documento muy puntual, muy conciso, muy preciso, tenemos que abrir la discusión en el nivel del Plenario legislativo y en la sociedad civil".
Las reformas que propondrá la Corte girarán en torno a estos temas:
1. Procedimiento y requisitos para la selección de magistratos propietarios y suplentes, a fin de garantizar su plena independencia e idoneidad técnica y ética.
2. Creación de un régimen disciplinario para los magistrados.
3. Protocolos de conducta de servidores judiciales (administrativos, auxiliares de la administración de justicia, jueces y magistrados) y revisión del marco ético general en el Poder Judicial.
4. Establecimiento de la carrera fiscal y requerimientos en la presentación del informe anual del fiscal general.
5. Inicio y procedimiento para un diálogo permanente con la sociedad civil.
6. Reforma a la carrera judicial.
7. Elaboración de un plan tendiente a la concentración de la Corte Plena en funciones estrictamente de dirección general de la política judicial.
8. Elaboración de un plan de reforma integral y estructural al proceso penal y lucha contra la corrupción.
9. Evaluación del desempeño.
