Una discusión como no se escuchaba hace meses en el plenario de la Asamblea Legislativa se encendió el jueves, cuando los diputados enfrentaron sus posiciones sobre derechos humanos, durante el segundo debate de un convenio de cooperación entre Costa Rica y el Estado de Brunéi Darussalam (expediente 20.197).
Se trata de un país del sureste asiático cuestionado por su gobierno monárquico y la discriminación de las mujeres y la población LGBTI. Es una nación rica de 5.765 kilómetros cuadrados y 417.000 habitantes, cuya forma de gobierno es un sultanato absolutista, lo que quiere decir que la forma de gobierno concentra todos los poderes en el sultán, Muda Hassanal Bolkiah.
Lo que parecía una tarde más de una breve agenda legislativa, como ha ocurrido desde el pasado 1.° de mayo, se convirtió en una discusión multipartidista durante casi dos horas.
Usualmente, los acuerdos de cooperación con otros gobiernos son proyectos de tramitación sencilla en el Congreso, o como se dice en jerga legislativa, son “chayotes”; pero este caso fue distinto.
La chispa se encendió cuando tomó la palabra el diputado jefe del Liberal Progresista (PLP), Eliécer Feinzaig, para cuestionar al Estado de Brunéi, después de una intervención nada polémica del oficialista Manuel Morales.
Feinzaig dijo: “Es uno de los regímenes más cerrados del mundo, un sultanato islámico, donde las últimas elecciones parlamentarias fueron en 1962 y está en estado de emergencia desde esa fecha. El país y sus habitantes viven bajo una ley marcial absoluta”.
También, hizo ver a los demás congresistas que es un país cuyo jefe de Estado concentra todo el poder: es el jefe de Estado, primer ministro, así como ministro de Hacienda y de Defensa.
Aparte, lo que más alarmó al liberal es la discriminación contra la mujer, donde se avalan relaciones entre jovencitas de 13 años y hombres mucho mayores, al tiempo que nunca consideran violación las relaciones entre un hombre y su esposa, a pesar de que sea esta una niña.
Añadió que es un país que no permite practicar religiones distintas, salvo en privado, y no solo prohíbe la homosexualidad, sino que también la castiga con lapidación y muerte, así como con azotes y prisión, en el caso de las mujeres.
“Quiero ver cómo votan los partidos que defienden los derechos de las personas diversas, que son feministas o defienden la igualdad de género, así como los que enarbolan la bandera de la paz y abogan por la libertad religiosa”, retó Feinzaig.
La primera en unirse a los argumentos del PLP fue Vanessa Castro, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), quien dijo que no comparte la violación de los derechos humanos, ni la lapidación o mutilación como castigo para las personas, pese a que se trate de un país rico y próspero.
A pesar de las profundas diferencias con los liberales, el Frente Amplio también se adhirió a los argumentos del Liberal Progresista. Eso sí, Rocío Alfaro enfatizó que firmar convenios comerciales con ciertos países tampoco puede interpretarse como una legitimación de todas las actuaciones de sus gobernantes.
Alfaro mencionó, por ejemplo, la violación de derechos laborales en Catar, país sede de la Copa Mundial de Fútbol. “Debemos de dejar los falsos orgullos y dejarnos convencer”, dijo sobre la coincidencia con el PLP.
El frenteamplista Antonio Ortega mantuvo esa visión, de votar en contra el convenio con Brunéi, pero no ser selectivos, sino también cuestionar las relaciones con países como Nicaragua y sus “barbaridades”, así como hablar de lo sucedido con el golpe de Estado en Honduras, la violación de libertades en Cuba, Puerto Rico, Haití y Colombia “donde asesinan periodistas y líderes ecologistas”. Además, mencionó “la masacre sionista en Palestina, aunque podamos admirar cosas y tener relaciones con Israel”.
Pilar Cisneros: Brunéi ‘tiene mucho dinero’
En medio de una marejada de críticas por las violaciones a los derechos humanos en Brunéi Darussalam, la jefa del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Pilar Cisneros, defendió el convenio y cuestionó a sus detractores.
Ella dijo que es un país que puede aportar conocimiento científico y tecnológico, además de que Brunéi es un país que “tiene mucho dinero” y podría ser un interesante socio comercial.
También negó lo que dijo Kattia Cambronero, del PLP, de que se trata de un convenio cultural. “En ningún momento del convenio se menciona la palabra cultural”, alegó.
No obstante, en el artículo 1 del expediente 20.197, dice literalmente que es un acuerdo marco de cooperación “técnica, económica, científica y cultural entre las partes”. Eso se repite en el artículo 2 y en el inciso 2 del artículo 3.
Frente a la defensa de Cisneros, la liberal Cambronero dijo que es “increíble que, en el 2022, los diputados justifiquen un convenio solo porque un país es muy rico y se dejen de lado los derechos humanos, que como mujer se pueda defender la lapidación de personas y las condenas a muerte”.
La jefa del oficialismo anunció que habló con el canciller, Arnoldo André, quien le respondió que el proyecto no era prioridad del Gobierno y que no tenían problema en que los diputados lo rechazaran.
Frente a ello, Ariel Robles del Frente Amplio cuestionó cómo era posible que, entonces, el Ejecutivo lo hubiera convocado y se tuviera en agenda del plenario un plan que no era prioridad del Gobierno.
También Fabricio Alvarado, jefe de Nueva República, apoyó el convenio y dijo que, pese a la visión de su partido, apoya que Costa Rica tenga convenios con países donde el aborto es legal, como Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Colombia y Uruguay.
El excandidato presidencial dijo que “estamos hablando de una economía que depende del petróleo y el gas natural”, energías con las que él está de acuerdo, y añadió que hay convenios con otros países, donde se violan derechos humanos, como China.
En forma similar, Cisneros preguntó a los diputados si ahora la política es poner en la picota países con normas diferentes a las costarricenses, y rechazar cualquier convenio con países que tienen una opacidad en derechos humanos, “como China; ¿ustedes creen que se respetan los derechos humanos en China?”.
Al final del extenso debate, el convenio se rechazó, con 31 votos en contra y 15 a favor.
Entre los 31 votos en contra estuvieron 15 diputados del PLN, seis miembros del FA, los seis del PLP, los oficialistas Luz Mary Alpízar y María Marta Padilla, Vanessa Castro, del PUSC; y Rosalía Brown, de Nueva República.
Los votos a favor fueron los siguientes:
PPSD: Ada Acuña, Waldo Agüero, Pilar Cisneros, Manuel Morales, Paola Nájera y Daniel Vargas.
PUSC: Melina Ajoy, Horacio Alvarado, Leslye Bojorges, Carlos Felipe García y Daniela Rojas.
Nueva República: Fabricio Alvarado, Olga Morera y David Segura.
PLN: Dinorah Barquero.
Carlos Andrés Robles, del PUSC, aparece como ausente de la votación, lo que quiere decir que estuvo en el plenario, pero no estuvo en su curul a la hora de emitir el voto.