La Contraloría General de la República (CGR) reiteró, este jueves, el fundamento legal utilizado para improbar dos presupuestos extraordinarios al Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) que tenían como objetivo incorporar recursos por la venta de servicios de manejo de publicidad estatal a instituciones públicas.
El ente contralor insistió en que esas decisiones no son subjetivas ni se tomaron a raíz de interpretaciones, sino que “se basan en el cumplimiento de normativa y principios presupuestarios, que son de pleno conocimiento de la entidad (el Sinart)”.
“Esta competencia (aprobación presupuestaria) no es interpretativa, es decir, se cumple o no con los requisitos de ley para que un presupuesto sea aprobado o será improbado por la CGR, conforme sus competencias constitucionales en la materia”, enfatizó esa entidad en un comunicado de prensa.
“Es la CGR la que determina el cumplimiento de los requisitos normativos para que un presupuesto ordinario o extraordinario sea aprobado, no la entidad gestionante”, agregó.
Por otra parte, informó de que existe un tercer presupuesto extraordinario en estudio y que el plazo legal para resolver vence el 13 de octubre.
“Estamos en plazo y de eso tiene pleno conocimiento la entidad (Sinart) también. De así requerirse técnicamente, podemos suspender ese plazo para solicitar la información adicional que se estime para mejor resolver, precisó.
Principio de plurianualidad
En los últimos tres meses, la Contraloría le improbó dos presupuestos extraordinarios al Sinart, por un total de ¢5.038,2 millones, por las mismas razones. Ambos incumplían el principio constitucional de plurianualidad, mediante el cual se debe garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos.
La plurianualidad está fijada en el artículo 176 de la Constitución Política. Consiste en que, cuando las instituciones presupuesten gastos para un año porque en ese momento tienen el dinero para atenderlos, deben evaluar si tendrán fondos para cubrirlos en los años siguientes, con el fin de garantizar la continuidad.
La primera improbación ocurrió el 11 de julio anterior y fue por ¢888 millones. En esa ocasión, el órgano contralor también cuestionó la forma cómo el Sinart iba a gestionar las contrataciones que tiene con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).
La CGR indicó que esa institución no detalló cuáles recursos utilizará para ejecutar esos acuerdos contractuales, bajo cuál base legal se desarrollarán y si requieren hacer subcontrataciones o no.
Al mismo tiempo, señaló dudas en cuanto a que la compra de pauta sea calificada como la adquisición de un insumo y no como una subcontratación.
“Ese aspecto no resulta claro para esta Contraloría General, dada la naturaleza de las citadas contrataciones, por cuanto surge la duda de quién elabora dicha pauta y bajo qué esquema se contrata a un tercero para su realización”, consignó en el oficio N.° 09190.
Los señalamientos del ente contralor también abarcaron una contratación con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). En ese caso, indicó que el Sinart dijo “expresamente desconocer si requerirá la subcontratación de servicios para ejecutar lo contratado, justificando que se trata de un contrato cuya modalidad es de entrega por demanda”.
Al respecto, la CGR afirmó en el citado oficio: “Dicha situación denota la ausencia de un análisis sobre las condiciones técnicas y legales a las cuales ese Sistema tendrá que ajustarse para asegurar razonablemente que está en capacidad de cumplir con dicho contrato”.
Con esas tres instituciones públicas el Sinart tiene contratos que, en conjunto suman ¢3.563 millones, para colocar y distribuir pauta del Estado, manejar redes sociales, realizar campañas publicitarias, producir videos y grabar cuñas radiales.
El convenio más cuantioso es con el AyA por ¢2.313 millones, le sigue el ICE con ¢1.080 millones y Recope con ¢170 millones.
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Segunda improbación
El 8 de setiembre, la Contraloría improbó el segundo presupuesto extraordinario del Sinart, por ¢4.150,2 millones, por incumplir el mencionado principio constitucional de plurianualidad. Así se comunicó en el oficio N.° 12280, enviado a Fernando Sandí, jerarca de esa empresa estatal.
La CGR advirtió de que ese plan de gastos equivalía al 71% del total del presupuesto inicial de la empresa estatal, que es de ¢5.819 millones, por lo cual resultaba de “vital importancia” que un análisis determinara si se cumplía con el principio de presupuesto plurianual.
Ese análisis debía identificar problemas que se puedan presentar en el futuro en cuanto al nivel de ingresos y gastos. Su ausencia impidió asegurar la sostenibilidad y continuidad de los servicios públicos, expuso el órgano contralor.
Y además, le recordó al Sinart que el primer presupuesto extraordinario (el de ¢888 millones) también fue improbado por carecer de la evaluación plurianual.
En ese segundo presupuesto extraordinario, la empresa estatal indicó que los ingresos estimados corresponden a proyectos de manejo de publicidad con:
- Junta de Protección Social (JPS), por ¢2.310 millones.
- Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), por ¢604 millones.
- Acueductos y Alcantarillados (AyA), por ¢578,2 millones.
- Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), por ¢230 millones.
- Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), por ¢180 millones.
- Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), por ¢170 millones.
- Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), por ¢30,2 millones.
- Presidencia de la República, por ¢30 millones.
- Programa Integral de Mercadeo Agropecuario (PIMA), por ¢7,8 millones.
- Universidad Estatal a Distancia (UNED), por ¢5,2 millones.
- Ministerio de Cultura y Juventud, por ¢1,9 millones.
- Municipalidad de Montes de Oca, por ¢0,9 millones.
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Contratos millonarios
El Sinart empezó a sumar acuerdos con instituciones públicas hasta acumular al menos 14 contratos por casi ¢8.000 millones, para colocar y distribuir pauta del Estado, manejar redes sociales, realizar campañas publicitarias, producir videos y grabar cuñas radiales.
Varios de estos contratos fueron adjudicados sin que esa empresa estatal participara en un concurso público en el que se escogiera la mejor opción, lo cual motivó a crear una comisión investigadora en la Asamblea Legislativa.
A principios de mes, la exdirectora jurídica del Sinart, Mariana Fernández Sequeira, reveló que el expresidente de esta empresa estatal, Allan Trigueros, le dio la “orden directa” de contratar como proveedora a la empresa de Christian Bulgarelli, a quien la ministra de Educación, Anna Katharina Müller, identificó como asesor en comunicación del presidente de la República, Rodrigo Chaves.
Esa empresa, de nombre Nocaut, provee servicios de producción audiovisual a la agencia de publicidad del Sinart. La agencia, a su vez, debe cumplir con los contratos de servicios publicitarios firmados con instituciones públicas.
Bajo esa dinámica, la firma de Bulgarelli ofrece servicios de preproducción, producción y postproducción al Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), desde mediados de abril. En total, esa contratación es por ¢21,5 millones.
Mariana Fernández Sequeira renunció a su cargo el jueves 7 de setiembre, un día después de trascender la noticia de la orden de Trigueros.