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Aunque reconoce algunos avances, la Contraloría General de la República (CGR) no avaló la liquidación del presupuesto nacional del 2020, debido a inconsistencias detectadas en el informe presentado por el Ministerio de Hacienda.
El ente detectó errores en la presentación del cierre de los ingresos y gastos del presupuesto ordinario, según lo expuso la contralora Marta Acosta, en la comisión legislativa de Asuntos Hacendarios, el pasado martes 13 de julio.
De haberse computado esos datos de la forma correcta, el déficit financiero del Gobierno, que terminó en 8,1% de la producción, unos ¢2,9 billones, habría incrementado 0,4% del producto interno bruto (PIB), se desprende de la exposición.
Por ello, explicó la funcionaria, el órgano se abstuvo de dar una opinión sobre la razonabilidad de la liquidación, lo que técnicamente significa no avalar.
“La Contraloría no está avalando la liquidación. ¿Por qué? Porque hubo incertidumbre a la hora de revisar y nosotros no pudimos comprobar. Como hay incertidumbre nos abstenemos y no avalamos porque hay errores, hay malas clasificaciones de partida”, respondió Acosta en dicha comisión legislativa.
El Presupuesto Nacional 2020, año golpeado fuertemente por la pandemia, quedó en ¢10,5 billones luego de los ajustes realizados por decreto y por la Asamblea Legislativa, de acuerdo con Hacienda.
Errores en ingresos
En la parte de ingresos, que la Contraloría cifró en ¢9.426.677 millones, encontró errores en la clasificación de ¢12.418 millones percibidos por intereses moratorios.
Esos recursos fueron registrados en tres subpartidas de ingresos de los impuestos que los originaron, es decir, en el año 2019, cuando debieron clasificarse como no tributarios y en la subpartida de “intereses moratorios por atraso en pago de impuestos”.
La Contraloría detectó, además, ausencia de registros de ¢57.209 millones percibidos ese año por impuestos sobre la propiedad de vehículos.
“Fueron incluidos en la liquidación del periodo 2019″, expuso la jerarca, al tiempo que aclaró que la situación obedece al cambio del método de registro de ese tributo.
Sin embargo, Acosta aseguró que de haberse realizado ese último ingreso en el periodo que corresponde, el cálculo del déficit financiero del Gobierno habría disminuido en 0,2% de la producción.
Hacienda tampoco registró transferencias corrientes por ¢3.437 millones devueltos por las universidades públicas, añade el informe de la CGR.
Estos dineros eran remanentes por la no ejecución de recursos del proyecto de mejoramiento de la educación superior, financiado con un crédito de $200 millones del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
Errores en gastos
Por el lado del gasto, que la CGR cifró en ¢9.415.498 millones, tanto en regímenes especiales de pensiones como en el Ministerio de Salud, no se encontraron registros de ¢144.764 millones por concepto de cuotas estatales a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
De haberse incorporado ese monto en la liquidación, el déficit financiero del Gobierno Central habría aumentado en el equivalente al 0,4% del producto interno bruto (PIB), estima la CGR.
En el título presupuestario del servicio de la deuda, la auditoría financiera de la CGR detectó rubros que no corresponden con este apartado.
Estos son ¢7.657 millones de amortización de contratos de arrendamiento financiero de un fideicomiso del MEP para infraestructura educativa. Ese dinero debió haberse registrado como parte de la partida de bienes duraderos. Otros ¢60.790 millones adeudados con la CCSS correspondían, en realidad, a transferencias corrientes.
De haberse computado correctamente ambos apartados, el déficit del Gobierno Central habría aumentado otro 0,2% del PIB, dijo el ente contralor.
En el Ministerio de Educación Pública (MEP) las sumas aparentemente pagadas de más incrementaron en ¢2.552 millones en el 2020, monto que Acosta reconoció como inferior, comparado con el de años anteriores.
“En regímenes especiales de pensiones persiste la incertidumbre de los montos de pensión por revalorizaciones con base en metodologías que no corresponden. Las sumas pagadas de más son por ¢991 millones, principalmente por pago a jubilados y prejubilados cuyo derecho extinguió”, añadió la jerarca.
Volviendo al MEP, siempre en la parte del gasto, Acosta dice que existe “incertidumbre sobre la exactitud, integridad y valuación” de la partida de remuneraciones en el Ministerio de Educación Pública (MEP), que ascendió a cerca de ¢1,5 billones el año anterior.
La duda, continuó Acosta, se origina por la conversión de incentivos salariales porcentuales a montos nominales, establecidos por la reforma fiscal del 2018.
En este aspecto aún falta nominalizar dos pluses, uno es para el desarrollo de la docencia y otro por laborar en zonas de menor desarrollo, pero la Contraloría no habló de montos.
En lo que corresponde al plus por carrera profesional, explicó Acosta, “se determinó que existe incertidumbre sobre el saldo devengado”.
En el MEP existen aproximadamente 104.000 reclamos administrativos en 2020, de los que el 64% corresponden al incentivo de carrera profesional, según añadió.
En los reclamos los funcionarios alegan que están recibiendo salarios “de manera incorrecta”.
Si esas quejas no se resuelven de manera oportuna, genera que los funcionarios eleven el caso a instancias judiciales: “lo que implica posibles pagos retroactivos de los componentes salariales dejados de pagar, más los intereses y costas procesales correspondientes”, advirtió Acosta.
En los ministerios de Seguridad, Justicia y Hacienda se identificaron servicios recibidos y resoluciones administrativas por ¢3.510 millones que no fueron incorporados en la liquidación por falta de contenido presupuestario.
“Estas situaciones no fueron reveladas, lo cual se considera relevante para efectos de transparencia y rendición de cuentas”, señaló la contralora.
A modo general, indicó que el presupuesto 2020, así como ha ocurrido en años anteriores, se elaboró y se aprobó en la Asamblea Legislativa con desequilibrio presupuestario.
Aunado a lo anterior, continuó, el impacto económico de la pandemia agudizó el déficit de cuenta corriente del Gobierno, siendo de ¢2,5 billones, el 7,1% del PIB.
“Siendo el de mayor magnitud en la última década”, resaltó.
Avances y recomendaciones
A pesar de los señalamientos, la CGR resaltó en su informe de auditoría financiera algunos avances, incorporados a través del tiempo, al momento de presentar la liquidación del presupuesto nacional.
De estos destacó el sistema Integra 2 para el pago de la planilla del MEP; la nominalización de los incentivos ordenada por la reforma fiscal del 2018, y el proyecto de Hacienda Digital, para automatizar los sistemas del Ministerio de Hacienda.
No obstante, la Contralora recomendó acciones futuras que contribuyan a mejorar los registros y a la sostenibilidad fiscal, entre estos migrar hacia un sistema remunerativo más simple.
“Contribuiría a la reducción de errores y costos que genera el esquema actual, por lo que urge una reforma al empleo público”, pidió la jerarca.
También recomendó avanzar en la fusión de sistemas transaccionales en plataformas interoperables que faciliten la gestión financiera y aplicación completa de normas internacionales de contabilidad e información financiera.
