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La Contraloría General de la República abrió una investigación contra el ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, por su eventual responsabilidad sobre el descontrol que primó en la contratación de asesorías con $2 millones donados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Arias admitió anoche ser el objeto del procedimiento administrativo que la Contraloría abrió este mes con base en la relación de hechos DFOE-SOC-RH-2-2008, en poder de la División de Asesoría y Gestión Jurídica.
En conferencia de prensa, Arias informó que ayer planteó ante la Sala IV un recurso de amparo contra la decisión de la Contraloría.
Alega que la entidad abrió el procedimiento como si los $2 millones del BCIE hubieran sido dinero público, a pesar de que un informe de octubre pasado de la Contraloría dictaminó que esos fondos eran ajenos al Estado.
Fue el propio ministro Arias quien decidió a finales del 2006 que los $2 millones no entraran a las cuentas estatales y fueran administrados por la oficina local del BCIE. Argumentó que así se garantizaba una mayor agilidad en la contratación de consultores.
La Presidencia de la República gastó entre noviembre del 2006 y enero pasado casi $1,5 millones en 84 consultorías para imagen, prensa y consejería legal, aunque también se pagó a asesores legislativos, a un mensajero y a un músico, entre otras personas.
Los programas de esta cooperación no reembolsable se desarrollaron con “desorden” e “informalidad”, de acuerdo con el informe DFOE-SOC-43/2008 de la Contraloría, del 22 de octubre, casi cuatro meses después de que La Nación reveló la existencia de esas asesorías y su utilización al margen de los controles públicos.
El programa “Asistencia técnica para el fortalecimiento del liderazgo y los procesos de toma de decisiones” agotó su $1 millón correspondiente al 2007.
En el 2008 funcionó el programa “Gobernabilidad y reforma del Estado como herramienta para el desarrollo”, del cual quedan $400.000, después de que el Gobierno congeló todas las consultorías vinculadas, en enero pasado.
Investigación ‘disciplinaria’. Rodrigo Arias dijo que hace dos semanas fue notificado de la apertura del procedimiento “disciplinario”, como él mismo lo calificó.
“No es penal, ni civil ni para sentar responsabilidades”, dijo minutos antes de expresar que las posibles consecuencias serían una amonestación personal o la sugerencia al presidente Óscar Arias para que lo separe del cargo.
El Ministro, sin embargo, espera que los magistrados de la Sala Constitucional den por buenos los alegatos que en la Contraloría rechazaron dos veces.
El recurso de amparo también alega que los funcionarios Navil Campos Paniagua y Alejandro Herrera López, del Órgano Director de la División de Asesoría y Gestión Jurídica, cometieron “irregularidades en el traslado de cargos y violación del debido proceso”.
La investigación quedaría suspendida si la Sala IV admite el recurso, salvo que advierta lo contrario y únicamente señale la imposibilidad de una resolución antes del fallo constitucional.
“Hay una contradicción. El 22 de octubre nos dicen que esos fondos no son públicos y ahora se pretende aplicar una normativa que existe solo para tutelar esos fondos públicos”, exclamó Arias.
