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La Contraloría General de la República (CGR) no avaló la liquidación del Presupuesto Nacional del 2019, presentada por el Gobierno, debido inconsistencias encontradas tanto en los reportes de ingresos como en los de gastos y en el servicio de la deuda.
En el caso de los egresos, según la CGR, no existe certeza de que los pagos en salarios se ajustaran a los límites indicados en la reforma fiscal del 2018.
Así se lo informó esta tarde la contralora general, Marta Acosta, a los diputados de la Comisión Legislativa de Asuntos Hacendarios, la cual tramita un informe sobre la liquidación presupuestaria del año pasado enviada por el Ministerio de Hacienda.
“Con respecto al dictamen de la liquidación del presupuesto e informe de evaluación para 2019, la Contraloría no avaló la liquidación del Presupuesto de la República ni el informe de resultados físicos del presupuesto, ambos presentados por el Ministerio de Hacienda”, comunicó Acosta a los legisladores.
La CGR sí emitió un aval parcial al balance de resultados del Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública del período 2019, presentado por el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplán).
Por el lado del gasto, dijo la jerarca de la Contraloría, existe incertidumbre sobre la “exactitud, integridad y valuación de la partida de remuneraciones en varias instituciones”.
Los errores están relacionados con la conversión de los incentivos salariales que antes se calculaban en porcentajes y que debieron pasar a montos fijos, según lo estableció la reforma fiscal aprobada a finales del 2018.
“Esta situación pudo derivar en sumas pagadas de más ocasionadas, especialmente, en la incorporación manual de movimientos de personal como nombramientos, ascensos y reajustes, aunado a las inconsistencias en la parametrización de los sistemas informáticos de los incentivos”, indicó.
Sobre esto último, Acosta citó que, en el Ministerio de Educación Pública (MEP), a finales del 2019, quedaban pendientes por nominalizar 31 recargos salariales y ampliaciones de jornadas.
Sin embargo, aclaró que, al día de hoy, solo quedan dos recargos por nominalizar en ese ministerio.
“Al igual que en años anteriores, persiste el pago de posibles sumas de más en remuneraciones del MEP por ¢2.646 millones, para un acumulado de ¢50.580 millones”, añadió.
En los regímenes especiales de pensiones administrados por la Dirección Nacional de Pensiones (DNP) y por la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema), los giros de más en ese año ascendieron a ¢746 millones, para un acumulado de ¢3.498 millones, por concepto de pagos a pensiones que ya caducaron y otros errores.
En relación con el título presupuestario correspondiente al servicio de la deuda pública, la Contraloría detectó que Hacienda registró incorrectamente la suma de ¢93.292 millones en la partida de “amortización” y ¢8.836 millones en la partida de “intereses y comisiones”.
Se trata de montos que, en realidad, corresponden a los adeudos de los convenios suscritos con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), así como los pagos de los contratos de arrendamiento financiero derivados del Fideicomiso de Infraestructura Educativa, “los cuales no corresponden a amortización de operaciones de deuda pública”, aseveró Acosta.
“De haberse computado como transferencia y adquisisión de bienes, según corresponde, había incrementado el cálculo del déficit financiero del Gobierno Central en un 0,3% del PIB”, aseveró la jerarca.
En cuanto a los ingresos, la Contraloría detectó “errores” en la clasificación de partidas presupuestarias por un total de ¢21.339 millones, principalmente en las partidas de impuestos sobre ingresos y utilidades.
Se detectaron, por ejemplo, yerros de registro de los recursos provenientes del impuesto sobre la propiedad de vehículos por más de ¢8.000 millones.
“Y, también, en ingresos derivados de superávits obtenidos en periodos anteriores por ¢2.765 millones”, añadió Acosta.
