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La Contraloría General de la República advirtió a los diputados de que excluir a las empresas públicas en competencia, del proyecto de reforma al empleo público, acentúa las desigualdades entre funcionarios del Estado.
Así lo plasmó el ente contralor en un informe enviado este lunes a los diputados de la Comisión de Gobierno, donde se discuten mociones de fondo del proyecto en sus etapas finales en la Asamblea Legislativa.
Según el criterio del ente contralor el proyecto de Ley Marco de Empleo Público “debe incorporar bajo su ámbito de aplicación a todas las instituciones, pues no hacerlo permite que perduren las diferencias sin una fundamentación objetiva acreditada”.
El documento fue emitido por la División Jurídica y la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría, como advertencia sobre varias de las 301 mociones que se presentaron a la iniciativa.
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En ese sentido, criticó que se haya propuesto excluir al Poder Judicial, las universidades y las empresas públicas en competencia del ámbito de aplicación de la ley
De las mociones que proponían tales exclusiones, solo se aprobó la número 15, del oficialista Víctor Morales Mora, la cual tuvo el apoyo de siete legisladores para sacar del proyecto a empresas en competencia, como el Banco Nacional o el Instituto Nacional de Seguros (INS).
Morales advirtió de que solo se trata de las empresas en competencia. En el caso del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), solo quedaría excluida la parte que está en competencia, es decir, la de telecomunicaciones, adujo el exministro de Presidencia.
Aunque la Contraloría también se pronunció contra la eventual exclusión del Poder Judicial, como lo había propuesto el diputado independiente Dragos Dolanescu, y de las universidades públicas, esas mociones no prosperaron.
Según la entidad, no incluir a todas las instituciones en el ámbito de aplicación de la reforma sobre empleo público permite que perduren las diferencias y propicia la dispersión y atomización en el tratamiento de los aspectos medulares del empleo público.
Eso “impide la estandarización de reglas comunes que afectan, fundamentalmente, la equiparación de escalas salariales y acentúan las desigualdades imperantes hoy día”, dice el informe de la CGR.
La idea del proyecto es crear un régimen salarial único para el Estado, en el que lo salarios no dependan de pluses y, en su lugar, se instauraría un esquema de salario global con escalas salariales para las diversas familias de puestos laborales.
Propuestas sin criterios técnicos
El ente contralor aseguró que la eventual exclusión de un ente u órgano de la aplicación de la reforma debe obedecer a criterios técnicos, que justifiquen de manera suficiente y motivada la no sujeción a las reglas establecidas para todas las instituciones.
“Ante una reforma del calibre como la que se propone, dejar por fuera de su aplicación a alguna entidad debe ser una decisión documentada y debidamente motivada”, enfatiza la Contraloría.
En el caso de empresas o instituciones que tengan una actividad singular, los diputados pueden incluir regulaciones para temas específicos, “sin que ello implique dejarlas por fuera de las regulaciones del empleo público”.
Si en última instancia los parlamentarios finalmente deciden mantener excluido a algún órgano del sector público, el ente contralor dice que es indispensable establecer parámetros y límites a las instituciones que estarían fuera del alcance de la ley, para evitar que sigan generando o agravando las disparidades ya existentes y desequilibrios entre administraciones.
