Aarón Sequeira. 15 agosto
El proyecto de ley para reestructurar a la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) corre el riesgo de ser inconexo, advirtió la Contraloría. Foto: Alonso Tenorio
El proyecto de ley para reestructurar a la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) corre el riesgo de ser inconexo, advirtió la Contraloría. Foto: Alonso Tenorio

La Contraloría General de la República criticó varias de las reformas que los diputados hicieron al proyecto de ley que replantea la estructura de Japdeva, en una opinión que emitió esta semana.

El análisis de la iniciativa se hizo luego de que los diputados de la Comisión de Gobierno aprobaran el expediente.

El oficio 11802 de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría, emitido este 12 de agosto, analiza aspectos del proyecto que no contenía cuando la entidad analizó el texto, durante el trámite en comisión.

El ente contralor critica la falta de estudios que justifiquen la nueva estructura administrativa, la contradicción entre el permiso para usar recursos libres de otras instituciones y el periodo en que puede hacerlo, así como la ilegalidad en el permiso para no aplicar la Ley de Contratación Administrativa en Japdeva.

"No comprende este órgano contralor cómo, ante la necesidad de que no se postergue la toma de decisiones sobre el redimensionamiento y ajuste de capacidades de Japdeva según sus nuevos roles, para evitar el incremento de costo, se incluyen normas que no solo podrían generar inquietud sobre su conexidad, sino que comportan discusiones más profundas de su real necesidad y oportunidad", consideró la entidad.

Los yerros

Específicamente, la Contraloría critica que aún no existan los estudios técnicos que sustenten la nueva estructura administrativa de la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) planteada por el proyecto de ley.

También lanzó dudas sobre la transferencia de recursos del superávit libre de otras instituciones a la Junta y el periodo en que esa institución podría usar los recursos.

Es decir, según la redacción del plan, se autoriza al Gobierno que transfiera los superávits libres al 31 de diciembre del 2019, pero se fija el año de 2023 como el límite para usar esos recursos.

"Se entendería que no podrían transferirse recursos de periodos futuros", dice la opinión de la Contraloría.

Sobre ese punto, la División de Fiscalización explicó que, en el texto del proyecto, se fija un monto de ¢10.000 millones en superávits por transferir, pero esa cantidad de dinero no está sustentada en ningún estudio técnico.

"Al momento de aprobarse la ley, dicho monto podría o no ser suficiente", explica el criterio contralor.

Riesgo de inconexidad

La Contraloría también les está advirtiendo a los congresistas que el nuevo capítulo tercero, incluido en el proyecto, podría no tener conexidad con el resto de la iniciativa.

Ese apartado hace reformas a otras leyes, donde se modifican algunos artículos de la Ley orgánica de Japdeva.

Es en ese capítulo donde la Contraloría considera que se permitiría a la Junta Portuaria incumplir las normas generales para hacer contrataciones.

Además, la opinión del ente contralor es que esos nuevos artículos ampliarían el rango de acción de Japdeva "para concertar figuras negociales como si se tratase de una empresa con actividades en competencia".

"Este tipo de situaciones generan no sólo distorsiones inadecuadas en el régimen de contratación pública, sino que potencian los riesgos de errores en la gestión, máxime con los resultados que por vía de la fiscalización se han detectado", sentencia el oficio de la División de Fiscalización Operativa.

Precisamente, la Contraloría recordó que ya se ha opuesto a iniciativas legales que buscan desaplicar la Ley de Contratación Administrativa o parte de ese marco legal para la compra de bienes y servicios en el sector público.

En los artículos 5 bis y 5 ter del nuevo texto que construyeron los legisladores "se pretende diseñar un modelo para que Japdeva pueda desaplicar el uso de la Ley de Contratación Administrativa" al comprar bienes y servicios.

Precisamente, la Contraloría alegó que la pésima situación financiera de Japdeva no tiene origen en la aplicación del régimen general de contratación pública, como para que una ley pretenda evadirlo.

“Las normas descritas no son una alternativa que pueda colaborar en la situación financiera que afronta Japdeva y que fue la intención que motivó esta iniciativa legal”, dice el documento.