Constitucionalista Rubén Hernández sobre reelección de Paul Rueda: ‘Le están cobrando sentencias y eso es muy grave’

La discusión sobre la reelección o no del magistrado constitucional Paul Rueda abrió una gran cantidad de interrogantes sobre las razones válidas para negarle la permanencia a un juez como él, así como la validez o legalidad de los mecanismos que utilicen los legisladores para votar esa decisión.

El abogado constitucionalista Rubén Hernández Valle considera grave que las razones se basen en el contenido de las sentencias de Rueda, al tiempo que considera que la votación debe darse públicamente. Esta es la entrevista:

– Se ha discutido mucho sobre el mecanismo para votar sobre la reelección de Paul Rueda. Ahora está el criterio de Servicios Técnicos de la Asamblea, preparado por un expresidente legislativo. Con ese panorama, ¿cómo lo ve usted?

– El problema es que no entienden, en la Asamblea, que jurídicamente no es un caso de reelección. La reelección implica que, cuando a una persona se le nombra por un plazo determinado, antes del vencimiento existe la posibilidad de prorrogarlo por otro periodo, en algunos casos de manera indefinida. Lo importante en la reelección es que haya una voluntad expresa de que se va a prorrogar el plazo, porque se iba a vencer.

"En el caso de los magistrados, la Constitución no lo previó como reelección. El origen del nombramiento de magistrados se remonta a la Constitución de Estados Unidos, de donde nosotros copiamos eso. Allí, el nombramiento es vitalicio.

"En Costa Rica se atemperó, aunque en principio es de plazo indefinido, con la introducción de lo que se llama una eventual condición resolutoria, que se puede ejercer cada ocho años.

“Consiste en que si 38 o más diputados votan en contra de su permanencia, deja el cargo, pero si esos votos no se alcanzan, el nombramiento sigue. Eso significa que están tratando de aplicar una norma que no es aplicable, porque la “reelección” de los magistrados no es reelección técnicamente”.

– ¿Debe ser secreta la votación?

– La norma de Reglamento que establece las votaciones secretas es una norma especial y, como norma especial, solo se puede aplicar a los casos expresamente contemplados en ella.

"El caso de los magistrados, de su continuidad, no está contemplado en esa norma. En consecuencia, tiene que aplicarse la norma general, que las votaciones son públicas, porque es el reflejo en el procedimiento parlamentario de un principio constitucional, el de la transparencia.

“La votación tiene que ser pública, porque no estamos ante una reelección. De ahí parte el error”.

– Ante el criterio de Servicios Técnicos, hecho a petición de Carlos Ricardo Benavides, luego de que adelantó su criterio, una fuente me dice que el “error no crea Derecho”. El hecho de que se haya reelegido así por muchos años, no quiere decir que sea correcto.

– No, así es, efectivamente. Además, los dictámenes del Departamento de Servicios Técnicos no son vinculantes, son un criterio más, que el presidente puede tomar en cuenta, aceptar o no, puede separarse. El problema estriba en eso, para mí. Están hablando de algo que no es, aplicar una normativa a una figura jurídica que no se llama reelección.

“Si fuera técnicamente una reelección, sí tendría que ser una votación secreta. Pero como no es una reelección, se aplica la norma general de que las votaciones son públicas”.

– Que los diputados no digan cuáles son sus motivaciones para votar en contra de la reelección llama la atención. El informe de la Corte vino limpio. Lo que sí hay son resoluciones muy frescas en las que participó Paul Rueda, con las que muchos diputados están en contra. ¿Cómo se justifica oponerse a un magistrado por sus resoluciones?

– Esa es la razón. Eso es gravísimo, atenta directamente contra la independencia judicial. Resulta que, entonces, votan a favor de él si luego, en las resoluciones, la jurisprudencia va a ser como a ellos les convenga o como ellos quieran.

"Un magistrado se nombra, a uno puede gustarle o no gustarle cómo falla, pero hay que respetar. Es lo que dice la Constitución. Pueden equivocarse y la Sala Constitucional, de hecho, a cada rato se equivoca. Es más, se equivoca más de lo que pega. Pero hay que respetarlo.

"Ahora, el problema está en otro lado. La jurisprudencia es buena o mala, dependiendo de a quienes elijan. El problema está en el momento de la elección, que ellos eligen casi siempre por razones políticas o por arreglos políticos y no siempre eligen la mejor gente.

"Nadie es infalible y en algunas de esas sentencias que le reclaman se pudo haber equivocado. La mayoría creo que son sentencias correctas. Yo puedo criticar a Paul Rueda en otros casos, que creo que ha fallado mal. Pero en esa que le achacan, de la pesca de arrastre, es un tema ambiental básico, es acabar con la riqueza marina del país. Es más fácil buscarle trabajo a ese pequeño grupo afectado.

"Ahí se echó encima a todos los diputados costeros, hay un voto transversal. Todos los partidos que tengan diputados costeros están en contra.

"Dos: se echó encima a parte importante del PUSC por el voto del matrimonio homosexual, pero ¿ahí qué puede hacer la Sala? Nada. La Sala tiene que acatar lo que dice la Corte Interamericana. Las opiniones de la Corte son vinculantes, no hay nada que hacer.

"Ahí tienen los 14 evangélicos y varios del PUSC.

“En tercer lugar, no entiendo por qué hay gente resentida con la resolución del paquete fiscal. Yo entendería dos, a José María Villalta y a Dolanescu, porque se opusieron venenosamente contra el plan fiscal”.

– Sin embargo, Villalta ha dicho públicamente, me lo dijo a mí, que va a votar a favor de la reelección. Es lo que muchos dicen: se puede estar en contra de las resoluciones, pero consideran a Rueda un juez serio y responsable.

– Así es. Hay gente que tienen esas razones.

– Bueno, está Restauración.

– Pero ellos ya tienen el tema del matrimonio igualitario. Bueno, está el doctor Muñoz, porque fue uno de los que se opuso mucho al plan fiscal.

– La Unidad tiene una posición un poco particular.

– Ah sí, ellos están totalmente divididos en el tema de la sentencia sobre matrimonio homosexual. Ahí sí están claramente divididos, creo que la mayoría está en contra. Eso es, le están cobrando sentencias y eso es muy grave, porque atenta contra la independencia judicial.

– En una carta del ex vicepresidente Rodrigo Oreamuno, dijo que eso convertiría a la Corte en un grupo de magistrados amedrentados.

– Claro, estarían en función, para ser reelectos, de dictar sentencias populistas, que les gusten a los diputados. Jamás, sería terrible, sería un precedente malísimo. Hay alguien que ha dado un argumento más listo que todos, porque tiene mucha espuela, que es Carlos Avendaño.

“Es el único que ha dicho que no conviene la continuidad y que tiene que haber renovación. Ese puede ser un argumento, pero bien justificado”.

– Sin embargo, hay contradicciones, porque dicen eso ahora, pero Julia Varela solo tuvo 22 votos negativos contra su reelección. Tanto Avendaño como Luis Fernando Chacón. Varela ya acumuló dos periodos y está en el tercero, gracias a esa reelección.

– Claro, es que Avendaño, más vivo que los demás, trata de que no lo metan en el mismo canasto. Eso podría ser, eventualmente, un argumento válido, porque tal vez no sea conveniente que estén demasiado tiempo. Por dos razones, porque se quedan los centros de poder que hay en la Corte, inevitables, y los pleitos que hay dentro, y porque la jurisprudencia se anquilosa por ser la misma gente.

– ¿Qué pasa si un diputado hace público su voto? Un diputado dijo que él lo haría público.

– Ya hay un antecedente, en el caso de Celso Gamboa, que votaron públicamente. Había un acuerdo. Si 38 diputados lo acuerdan, no hay problema.

– Esa es otra cosa particular del informe, donde dice que no se puede desaplicar una norma reglamentaria, refiriéndose a la del voto secreto.

– Es una estupidez que tiene ese Reglamento. En materia parlamentaria, en todas partes del mundo, existe un principio en materia de derecho parlamentario, que es la derogabilidad singular del Reglamento, porque la Asamblea es un órgano político.

“Muchas veces las negociaciones políticas hacen necesario, para que algo pase, derogar una disposición que impide ese acuerdo legislativo. Es un principio básico del Derecho parlamentario”.

– Si un diputado hace público su voto, no habría nulidad de ese voto.

– No, para mí no.