Luego de que el Congreso dio su último aval al plan, el presidente Alvarado llamó a los ciudadanos a no ir todavía a los bancos y a esperar instrucciones para tramitar el FCL. “Las aglomeraciones son peligrosas”, advirtió en un mensaje enviado en sus redes sociales.

De acuerdo con los cálculos del Gobierno, hasta 500.000 personas podrían acudir a sus respectivas operadoras de pensiones complementarias (OPC) a solicitar que les entreguen sus ahorros.

El proyecto permite retirar el FCL a quienes les suspendieron el contrato laboral o a quienes les redujeron las jornadas de trabajo como consecuencia de las medidas adoptadas por las autoridades sanitarias para evitar un contagio masivo de covid-19.

Anteriormente, la ley solo permitía el retiro de ese dinero por ruptura de la relación laboral o por el cumplimiento de cinco años seguidos de trabajo con un mismo patrón.

La iniciativa se aprobó luego de concretarse un acuerdo entre las operadoras de pensiones, la Superintendencia de Pensiones (Supén) y el Banco Central de Costa Rica (BCCR) para asegurar los mecanismos de liquidez, a fin de que las operadoras tengan recursos suficientes para entregar el dinero.

Para asegurar que haya liquidez en las operadoras, la ley establece que estas podrán acceder al Mercado Integrado de Liquidez (MIL) del BCCR.

Además, se permitirá que el Banco Central pueda comprar títulos emitidos por él mismo o por el Gobierno que estén en poder de las operadoras de pensiones, en el mercado secundario.

Mientras esté en vigencia la declaratoria de emergencia nacional por el covid-19, las operadoras también podrán hacer entre ellas traspasos no onerosos de instrumentos financieros, en caso de que haya requerimientos extraordinarios de liquidez.

Tales disposiciones también les permiten exceder los límites de inversión actualmente establecidos por vía reglamentaria, por parte del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif).

Dudas sobre el proyecto

La iniciativa fue aprobada, pese a que la diputada Ivonne Acuña, integrante de la mesa de trabajo sobre el plan del FCL, advirtió de que ese foro tenía algunas dudas sobre la redacción del artículo que modifica el artículo 52 de la Ley Orgánica del Banco Central .

Alegó que la reforma permite al ente emisor comprar bonos de deuda de gobierno, pero no se especifica que es solo por la emergencia sanitaria y entonces podría “interpretarse de otra forma”. Señaló que, entonces, la mesa se comprometió a trabajar con el BCCR en un ajuste a ese artículo.

La legisladora indicó que se plantearon la posibilidad de devolver el proyecto del FCL al primer debate para hacer el cambio de una vez, pero apuntó que la necesidad de los trabajadores afectados los llevó a firmar un acuerdo y no atrasar un día más el plan.

Por su parte, el diputado independiente Erick Rodríguez reaccionó sumamente molesto ante lo que, según considera, podría ser un mecanismo perverso al permitirle al Central comprar bonos de gobierno.

Rodríguez alegó que permitirle al Central ir a negociar títulos valores mediante emisión sería abrir un “portillo terrible para monetizar el déficit fiscal" y añadió que se le está dando pie al BCCR para aumentar la inflación a niveles altísimos.

Sostuvo que se abre un portillo a emisiones sin contenido, o “inorgánicas”.

“Desearía darle el fondo a todos los trabajadores, pero no puedo aprobar con mi voto un proyecto que tiene un mecanismo perverso de financiar y liquidar ese fondo (...). No podemos aprobar leyes a trompada de loco y golpe de tambor", aseveró el legislador,

Al respecto, Pedro Muñoz, legislador del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), aseguró que no se trata de un tecnicismo, sino de que se abre la puerta para un aumento de la inflación, que es el más perverso de los impuestos.

La liberacionista Yorleny León dijo que la mesa del FCL no se pudo poner de acuerdo sobre ese artículo polémico, pues dijo que el mecanismo para permitir que el Banco Central compre los títulos valores a las operadoras debería ser temporal y no permanente.

“Nunca fue una intención de ese proyecto generar cambios tan abruptos en la Ley Orgánica del BCCR. Nunca pretendimos generar una modificación tan abrupta de manera permanente”, dijo.

Antes de la votación en segundo debate, la congresista independiente Zoila Volio hizo un llamado a no atrasar un día más el proyecto. Dijo que los legisladores suscribieron un compromiso en el que ella cree, para que se haga una modificación posterior y se arregle ese diferendo.

“Lo técnico puede esperar ante la necesidad de los costarricenses, de los que están sufriendo. Nosotros no lo estamos sufriendo todavía, pero muchos lo están sufriendo ya. El hambre no puede esperar, no me decepcionen a Costa Rica”, apuntó.