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Dinorah Barquero, presidenta de la Comisión de Gasto Público, con su asesora, Angie Morales (der.). Foto: Albert Marín para la Nación. (Albert Marín)
Cinco funcionarios de la Municipalidad de Escazú presentaron un recurso de hábeas corpus ante la Sala IV contra la diputada Dinorah Barquero, presidenta de la Comisión para el Control del Ingreso y el Gasto Públicos, y contra este órgano legislativo, la mañana de este jueves a las 11:24 a. m.
El reclamo es de Cristian Boraschi, del Departamento de Gestión Urbana de esa municipalidad, y de otros cuatro funcionarios, que fueron convocados para este jueves, a la 1 p. m., a comparecer como parte de la investigación legislativa del caso Diamante, sobre presunta corrupción en obras municipales.
Específicamente, cuestionaron que recibieron la convocatoria con menos de 48 horas de antelación y que el abogado de los cinco, Walter Brenes, está incapacitado. Según el representante legal, los están obligando a asistir sin él y, de no presentarse, los mandarían a traer con la Fuerza Pública.
“Se tramita como habeas corpus por la amenaza directa de la diputada de girar una instrucción a la Fuerza Pública para requerir la presentación de ellos hoy, a la 1 p. m.”, explicó el representante de los funcionarios.
A las 9:36 a. m. del miércoles, mediante Brenes, los funcionarios informaron a la comisión de que no podrían asistir aún, “atendiendo al derecho que les asiste a los comparecientes de apersonarse con el debido asesoramiento y patrocinio letrado”.
Solicitaron un cambio de fecha y adjuntaron una incapacidad médica del abogado de los comparecientes.
Sin embargo, en la respuesta que remitida por la asesora de Dinorah Barquero, Angie Morales, el miércoles por la noche, la comisión denegó la solicitud de cambio de fecha.
Según Brenes, se hizo “con la clara intención de hacerlos ir a toda costa -incluso con la Policía- sin importar el asesoramiento de un abogado”.
El representante de los funcionarios alega que el Reglamento de la Asamblea Legislativa y la Constitución Política permiten que el compareciente se apersone a la comparecencia con el abogado de confianza y, con la negativa de Barquero, los amenazan de hacerlos ir con la Fuerza Pública y que se olviden de su abogado.
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