EscucharEl Colegio de Abogados de Costa Rica expresó su apoyo a un proyecto de ley que propone implementar una restricción vehicular temporal que impida a dos hombres viajar en motocicleta durante ciertas horas y en áreas específicas, con el fin de combatir el sicariato en el país. La iniciativa es impulsada por el diputado Alejandro José Pacheco Castro, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
En un comunicado oficial divulgado la tarde de este jueves, el Colegio señaló que la propuesta tiene como objetivo “brindarles una herramienta más a los cuerpos policiales del país para combatir el creciente problema del sicariato” y la seguridad.
El proyecto, denominado Reforma a la ley de tránsito por vías públicas terrestres y seguridad vial Ley N.° 9078, de 4 de octubre del 2012, para establecer medidas de seguridad en el uso de motocicletas, tramitado bajo el expediente N.º 24.137, entró en la corriente legislativa el 22 de enero pasado.
Según el texto del proyecto, las motocicletas están siendo utilizadas por delincuentes como “herramientas para la comisión de delitos”, aprovechando su movilidad rápida para escapar de las escenas del crimen. Por ello, se propone restringir temporalmente el uso de estos vehículos como medida preventiva contra los homicidios vinculados al sicariato.
El cambio propone añadir un nuevo artículo (117 bis) a la Ley de Tránsito, que establece medidas de seguridad para prevenir el uso de motocicletas en delitos de sicariato. Según la redacción, a solicitud del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) podrá prohibir el transporte de dos hombres en motocicleta en las provincias, cantones o distritos donde sea necesario aplicar la medida y en horarios específicos, “siempre que sea por razones de seguridad”.
La prohibición tendrá una vigencia de hasta un año y solo podrá ser prorrogada una vez por el mismo plazo mediante un decreto ejecutivo de emergencia, que debe contar con una justificación adecuada. Además, para que la medida sea reinstaurada, deben transcurrir al menos seis meses sin su aplicación.
Para implementar esta medida, el MOPT deberá informar con al menos 48 horas de antelación del período de vigencia y las localidades afectadas. Quedan exentos de esta normativa los oficiales de Tránsito y otros cuerpos policiales en el ejercicio de sus funciones, así como los motociclistas que transporten a personas con discapacidad o a niños mayores de cinco años.
También se plantea agregar un inciso al artículo 144 (referente a las multas de categoría B), donde se cobre un monto de ¢189.000 al conductor de una motocicleta que viaje con un acompañante masculino, cuando esté vigente la prohibición establecida en el artículo 117 bis.
“Todos tenemos que sacrificarnos”
El diputado Alejandro Pacheco comentó a La Nación, vía llamada telefónica, que “viendo el gran aumento que se está dando en el uso de las motocicletas para esto, creemos que es una forma en que todos tenemos que sacrificarnos”.
Pacheco aseguró que el proyecto está basado en estudios comparados con otros países, donde se ha implementado esta misma acción. Entre ellos, Pacheco señaló a Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Argentina, Guatemala, Honduras y México.
“En esos países, ha dado resultado por ser una medida temporal, entonces, a la hora de aplicar este tipo de medidas en otros países, ha sido beneficiosa”, dijo Pacheco. “Yo tengo motocicleta y circulo en motocicleta de vez en cuando, pero creo que todos tenemos que poner de nuestra parte y sacrificarnos un poco para buscarle una solución a este problema”.
Asimismo, de acuerdo con Pacheco, de aprobarse la prohibición, será más sencillo detectar a dos hombres que circulen en motocicleta en aquellos lugares donde esté activa la medida, ya que cualquier persona que se percate de la situación, podrá alertar a las autoridades con tal de que sea “más fácil detenerlos o revisarlos”.
Al consultarle al diputado sobre cómo se medirá la disminución “suficiente” de este tipo de delitos para remover la prohibición, Pacheco indicó que esta decisión será competencia de personal experto del MSP, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el MOPT.
Superar un examen de razonabilidad
El abogado y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Costa Rica, Marvin Carvajal, comentó a este diario que el principal obstáculo que enfrentará el proyecto de ley será superar un examen de razonabilidad que determine si la norma es aplicable.
Carvajal señaló que se debe evaluar la necesidad de establecer dicha norma. Al respecto, explicó que el Estado podría, por razones de seguridad, implementar este tipo de medidas.
“Por un tema de seguridad, de prevenir homicidios, específicamente el sicariato, tomar medidas incluso un poco más fuertes de la cuenta, podría ser válido. También recordar que la calle es un espacio de regulación especial o de sujeción especial, donde tengo que someterme a una serie de reglas a las que no tengo que someterme en otro sitio”, explicó Carvajal.
No obstante, el abogado subrayó que dicha necesidad debe estar respaldada por una sólida base técnica que justifique cómo la medida solucionaría el problema, sin que existan alternativas menos invasivas que afecten en menor grado la libertad de tránsito, la libertad personal y el derecho al trabajo.
“Puede ser que dos personas necesiten andar en una moto porque van a ir a chapear una finca o arreglar un portón...no necesariamente son sicarios”, agregó.
Otro aspecto por considerar, según Carvajal, es la idoneidad o eficacia de la medida, así como la proporcionalidad de esta.
