Mediante un comunicado de prensa enviado a las 0:11 a. m. de este miércoles, la Casa Presidencial informó de que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, “decidió demorar la publicación” en La Gaceta de los decretos que derogan la obligatoriedad de las vacunas contra la covid-19 y el uso de mascarillas, “con el fin de hacer un análisis adicional de estos”.
Presidencia informó de que se demoró la promulgación “en vista de las reacciones al anuncio de que estos decretos se iban a publicar y que incluyeron numerosas especulaciones, publicaciones engañosas y, hasta, amenazas de denuncias penales”.
Zapote agregó que las medidas firmadas el domingo fueron tomadas “con el fin de respetar la voluntad de nuestro pueblo”.
El comunicado expone que, más bien, Presidencia le pide cuentas a la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología sobre la base utilizada para establecer la obligatoriedad de las vacunas contra la covid, medida adoptada durante el gobierno de Carlos Alvarado.
“El decreto sobre la vacunación solicita a la Comisión Nacional de Vacunación que demuestre la base científica que ha fundamentado decisiones de salud pública con respecto a la vacunación obligatoria, así como que no se despida de sus puestos de trabajo a las personas que no deseen vacunarse”, cita el comunicado presidencial.
En cuanto a la eliminación del uso de la mascarilla en espacios cerrados, Presidencia dijo que el decreto “garantiza la autonomía de la voluntad de los costarricenses”.
“El presidente Chaves Robles exhorta a la población a ejercer esta libertad junto con su buen juicio para protegerse ellos y a otras personas”, continuó.
Aunque la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, dijo el lunes que su homóloga en Salud, Joselyn Chacón, se referiría a estos dos decretos el martes, eso no ocurrió.
Fuentes de La Nación confirmaron que la ministra Chacón estuvo reunida el martes varias horas con los otros siete miembros de la Comisión Nacional de Vacunación, órgano adscrito al Ministerio de Salud, pero con personalidad jurídica instrumental, lo cual le da autonomía en la toma de decisiones sobre cuáles vacunas incluir en el esquema del país, y a cuáles personas vacunar.
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Expertos en Derecho Constitucional indican que una decisión de la magnitud, como lo es la de eliminar la vacunación obligatoria, debía pasar antes por la Comisión, y eso, aparentemente, no sucedió.
El abogado constitucionalista, Rubén Hernández Valle, calificó de ilegal el decreto para eliminar la obligatoriedad de la vacunación contra la covid-19. Según dijo, al carecer del criterio científico de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, el mandatario se habría atribuido potestades que no tiene.
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