La Central General de Trabajadores (CGT) llamó a los sindicatos a rechazar la invitación para participar en el diálogo multisectorial con el Gobierno para buscar soluciones al problema fiscal.
“Con garrote y gases al pueblo, no es posible sentarse, menos donde no habrá negociación. Quienes se sienten en esa mesa en este momento, están apuñalando al pueblo”, comunicó este jueves la organización sindical.
La mesa contará con una silla para un representante de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, mientras que otros tres asientos serán designados por las confederaciones sindicales, los gremios magisteriales y el Bloque Unitario Sindical y Social (Bussco).
“CGT Costa Rica llama a las organizaciones que conforman las centrales sindicales, Bussco, Movimiento Sindical Firmes en la Lucha, a la Asamblea de Trabajadores Banco Popular y a Patria Justa, a no participar en la imposición de mesa de escucha con mordaza y sin compromiso que da el Gobierno por medio del Estado de la Nación”, dice el comunicado.
“Al pueblo se le apoya en las calles, y en las mesas de diálogo y negociación con transparencia, no en mesas de mamparas donde no existirá ninguna certeza para el pueblo que lleva más impuestos y garrote”, añade.
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Este miércoles, la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), dirigida por Albino Vargas, fue la primera organización en negarse a participar en el diálogo.
Para este gremio, fue un “grave error político” dejar por fuera de la mesa al autodenominado Movimiento Rescate Nacional, que organizó bloqueos de calles en todo el país.
“El proceso ha sido diseñado sin considerar la existencia real del Movimiento Rescate Nacional, el cual mantiene amplios sectores populares en las calles de este país desde el 30 de setiembre, en medio de una conmoción social inaudita de consecuencias imprevisibles”, indicó el grupo en un comunicado.
De igual forma, este jueves la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) también declinó la invitación.
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Por otra parte, la invitación ya fue aceptada por las iglesias católica y evangélica, la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), el Consejo para la Promoción de la Competencia (CPC), la Federación de Cámaras de Comercio de Costa Rica (Fedecámaras) y el Foro de Mujeres.
El director del Programa Estado de la Nación (PEN), Jorge Vargas Cullell, quien aceptó facilitar el proceso de diálogo, explicó que las negociaciones contarán con cinco garantías para que a ningún sector “le vayan a tirar la aplanadora”.
Estas garantías son: las soluciones deben ser balanceadas entre ingresos, gastos y manejo de deuda, las conversaciones serán asesoradas por un panel de expertos que también revisará la propuestas, el informe final deberá ser revisado por dichos expertos, el Gobierno se comprometerá a diseñar políticas con base en los acuerdos, y si algún miembro opta por dejar la mesa, el diálogo finaliza.
Vargas detalló, este martes en una transmisión de Facebook, que si hay desacuerdo en la conformación, los sectores podrán mandar sus postulaciones al Estado de la Nación, que se encargaría de analizarlas y diseñar la mesa.
“Si usted se pregunta ‘¿por qué es tan complejo? ¿Por qué lo diseñaron tan complejo?’, les voy a responder, precisamente, porque estamos convocando a un diálogo entre personas que no tienen confianza uno a otro, y en donde si no se les da garantías, no entran”, afirmó.
Las reuniones se iniciarán este sábado con un diseño original de 29 sillas: cuatro para el Gobierno, empresa privada, sindicatos y cooperativas; dos para los sectores solidaristas, productores agrícolas, grupos de mujeres, iglesias y municipalidades; y una para grupos comunales, estudiantes universitarios y agencias de desarrollo.