El magistrado de la Sala III, Celso Gamboa, criticó a la Corte Suprema de Justicia porque, según él, intenta lavarse las manos en el escándalo del cemento chino endilgándole a él toda la responsabilidad sobre ese asunto.
Así reaccionó luego de conocer que la Corte Plena decidió solicitarle a la Asamblea Legislativa su destitución, tras recibir el informe de un proceso disciplinario por el viaje que hizo en octubre del 2016 a Panamá, en el que coincidió con el empresario cementerio, Juan Carlos Bolaños, quien guarda prisión preventiva por 4 presuntos delitos.
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Gamboa dijo que, a partir de que sea notificado formalmente, analizará junto con su equipo legal si apela la decisión de los magistrados de pedirles a los diputados que revoquen su nombramiento.
"Existen herramientas para valorar la resolución de la Corte Plena, hay una voluntad de lavarse las manos y de que la responsabilidad del cementazo recaiga exclusivamente sobre mí y yo no estoy dispuesto a permitir eso.
"Hay muchas cosas que la opinión pública debe conocer y debe saber sobre ese asunto y valoraré si merece la pena que un órgano que se ha comportado de la manera tan deleznable como lo ha hecho la Corte, merece que yo continúe ahí", afirmó durante una entrevista telefónica con este diario.
El alto juez de casación agregó que se enteró sobre el inicio del trámite de su despido a través de la edición digital de este diario, situación que criticó, pues consideró "cruel e inhumano" que la Corte no lo notificara personalmente a él, antes de que la decisión se hiciera pública.
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Dijo que esas presuntas violaciones a sus derechos durante el proceso de investigación han sido la tónica y apuntó contra el magistrado instructor del caso de su viaje a Panamá, Orlando Aguirre, y contra el presidente de la Corte, Carlos Chinchilla.
"Yo he venido alegando acciones al proceso seguido en mi contra por parte del magistrado instructor y por parte de la Corte, específicamente en la figura del presidente Carlos Chinchilla que, en virtud de las críticas que yo he empezado a señalar esta semana, ha acelerado el proceso de conocimiento del informe y en una sesión totalmente secreta, donde mis abogados no pudieron ni siquiera ver el expediente, se toma la decisión de pedirle la revocatoria de mi nombramiento a la Asamblea Legislativa".
"Los motivos los desconozco, las razones las desconozco y lo que sí tengo que decir es que lamento que una decisión tan grave, que afecta mi integridad y mi honor como funcionario público y mi dignidad como ser humano, me sea notificada a través de La Nación y no a través de los medios formales que yo había establecido", se quejó.
Además, afirmó que Carlos Cinchilla se ha rehusado a dar explicaciones sobre su responsabilidad en el tema del cemento chino, por haber tramitado, según Gamboa, de forma "anómala", la desestimación de una causa por presunto tráfico de influencias que se seguía contra los diputados Otto Guevara y Víctor Morales Zapata y contra el empresario Juan Carlos Bolaños, la cual fue reabierta por la Fiscalía a finales del año pasado.
"Los magistrados involucrados en la redacción de este voto, sobre todo don Carlos Chinchilla, han tratado de desviar la responsabilidad hacia mi persona evadiendo la responsabilidad que les corresponde. En este caso, soy un magistrado sancionado cuando ni siquiera fui yo quien redactó el voto, fue el magistrado Chinchilla; cuando el expediente tuvo un trámite expedito dentro de la Sala de Casación Penal completamente anómalo".
"El magistrado Chinchilla no ha dado explicaciones absolutamente sobre nada de eso, y decide desprenderse de la parte incómoda cuando yo decido increpar sobre porqué le filtra a la prensa información del proceso sin que yo sea notificado", agregó.
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Sobre el caso por el que los magistrados solicitarán su despido, Gamboa dijo que dentro del expediente de la investigación se logró acreditar que, en ningún momento, él tuvo relación con expedientes ligados a Bolaños, y que no intervino ni a favor ni en contra en las causas en las cuales el empresario estuviera involucrado, así como que tampoco él lo investigó y que, para el año 2016, ni siquiera Juan Carlos Bolaños era imputado por parte de la Fiscalía.
Celso Gamboa, quien fue designado como magistrado por el Congreso hace dos años, dijo que está tranquilo a pesar de que sus colegas ya decidieron solicitar su despido y dijo que no está seguro de querer regresar a un alto tribunal que, en su criterio, ha irrespetado sus derechos.
Y advirtió de que su despido tiene "antecedentes" nefastos, en relación con la destitución del magistrado Óscar González, en el 2014, que podrían culminar en solicitudes de indemnizaciones a la Corte.
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"El señor González fue absuelto y ahora la Corte se expone a reclamos civiles muy cuantiosos (...). Ya pasó con don Óscar, ya pasó con el excontralor Alex Solís, y bueno, pareciera que Costa Rica no aprende y la historia se repite", lamentó.
Celso Gamboa está suspendido del cargo con goce de salario desde el pasado 18 de octubre por decisión de la Corte Plena. Ahora que la solicitud de su despido, cursada por ese mismo órgano, será presentada ante los diputados, el magistrado adelantó que evaluará el escenario junto con sus asesores jurídicos.