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La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) considera que el proyecto de ley sobre las pensiones complementarias podría desestabilizar el sistema multipilar de jubilaciones, al permitir a los beneficiarios retirar todo el monto acumulado de una sola vez.
En un documento enviado al Congreso el lunes 2 de setiembre, la Caja acoge el criterio técnico emitido por la Gerencia de Pensiones, el 30 de julio, y lo presenta como posición negativa contra la iniciativa del congresista Eduardo Cruickshank, de Restauración Nacional.
Según esos criterios técnicos, la propuesta del diputado “riñe con el objetivo original de la Ley de Protección al Trabajador”, que es el de mantener un sistema multipilar.
Los componentes de ese sistema son una pensión básica, aportada por el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), la del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROPC) y la voluntaria, en caso de que el trabajador la haya solicitado.
"El retiro del monto acumulado en un solo acto incide en el sistema y los fines propuestos en su oportunidad", determina la Gerencia de Pensiones.
El impacto directo de ese retiro traería como consecuencia una reducción en la tasa global de reemplazo que, según la estructura del Sistema Nacional de Pensiones, incluye la pensión del IVM y la complementaria.
De acuerdo con los técnicos de la Caja, el proyecto permitiría que la cotización del 4,25% que alimenta el fondo de pensiones complementarias se pueda destinar para "otros fines" que podrían no ser el de complementar la pensión de los trabajadores.
Eso afectaría el nivel de suficiencia de esa pensión básica que reciben los trabajadores.
Esa cotización del 4,25% la aporta, en su mayor parte (3,25%), el patrono, mientras que el otro punto porcentual lo pone el trabajador.
El Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROPC) es un fondo constituido por los patronos y los trabajadores para otorgar una pensión mensual que suplemente la pensión básica.
Esta pensión básica la recibe el trabajador de acuerdo con el régimen para el que aportó, sea el IVM, el del Magisterio o el del Poder Judicial.
La reforma de Eduardo Cruickshank, según reclamó la Superintendencia de Pensiones (Supén) y las operadoras de pensiones complementarias le quitaría sentido al régimen, lo afectaría y convertiría esas pensiones en un ahorro, que el trabajador bien podría gastar de un solo.
El criterio negativo de la CCSS se une a las opiniones también en contra de la reforma que presentaron el Banco Central de Costa Rica (BCCR), el Banco Nacional y el Banco de Costa Rica (BCR), así como la Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones (ACOP).
Estos criterios se emitieron con base en el texto original que presentó Cruickshank.
El 3 de setiembre, una subcomisión emitió una propuesta de texto sustitutivo, que mantiene el permiso de que los trabajadores puedan retirar la totalidad del monto acumulado en un solo acto, pero el beneficio lo obtendrían los trabajadores que se pensionen desde ahora y hasta diciembre del 2035.
Aunque la subcomisión está integrada por Cruickshank, la socialcristiana María Vita Monge y el liberacionista Wagner Jiménez, este último no avaló la propuesta sustituta y, por tanto, no firmó el informe.
El lío de los familiares
El criterio técnico de la Gerencia de Pensiones de la Caja también advierte de que sería riesgoso permitirle al trabajador definir beneficiarios de la pensión complementaria, en caso de que él muera, diferentes a los establecidos en el IVM.
El problema sería, precisamente, que se genere una especie de estado de vulnerabilidad para los familiares del pensionado que fallezca.
"Esto iría en contra del objetivo de la Seguridad Social, puesto que rompe el objetivo de equilibrio del primer pilar y colocaría en estado de vulnerabilidad a los familiares que dependieron económicamente del causante y que, ante su fallecimiento, en principio quedaron en desprotección", dice el documento.
Para ese caso, la recomendación de la CCSS es que la pensión complementaria se entregue a los mismos beneficiarios de la pensión del IVM y, solo en caso de ausencia de ellos, se entregue a los que el pensionado decida.
Por el momento, el avance del proyecto está detenido, mientras la Comisión de Hacendarios recibe en audiencia a los representantes de varias entidades, luego de aprobar dos mociones que abrieron esa posibilidad.
