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La Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) declaró confidencial el conocimiento y discusión del criterio actuarial que este mismo órgano requirió para definir si el aumento salarial del 10,16% a todos sus médicos es financieramente viable.
La cúpula de la CCSS solicitó el informe desde el pasado 5 de abril y lo fijó como un requisito para proceder con el alza, que supondría una erogación de ¢15.000 millones anuales para la institución de seguridad social.
Los directivos decretaron la reserva del documento en la sesión del pasado 13 de junio, según confirmó a La Nación la secretaria de la Junta Directiva de la CCSS, Carolina Arguedas. Esto pese a que ese mismo día y en las reuniones anteriores, el tema se había incluido en la agenda como de conocimiento público.
Desde agosto del 2023, la CCSS transmite las reuniones de su cúpula en tiempo real por medio de su canal oficial de YouTube, pero con la decisión de los directivos el público no podrá seguir la exposición del criterio actuarial, la discusión que sostengan los representantes sobre los aspectos de fondo o a la votación que emitan, avalando o rechazando los datos presentados.
El tema tampoco estará presente para consulta en el acta de la respectiva sesión en la que se disponga conocer el informe.
Asimismo, Arguedas añadió que en vista de esta declaratoria, “no es posible brindar información en este momento” sobre el tema.
La Junta se compone de nueve miembros: tres representantes del Poder Ejecutivo, tres del sector patronal y tres de los trabajadores.
Este medio remitió consultas para conocer quién propuso la declaratoria de confidencialidad, el resultado de la votación del acuerdo y los argumentos para apoyar la medida, pero no obtuvo respuesta de la CCSS, de los representantes sindicales José Loría y Martha Rodríguez, ni de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), que designa a los directivos por la parte patronal.
Justificación de la CCSS para declarar secreta la discusión
De acuerdo con Arguedas, la decisión se tomó con fundamento en el artículo 273 de la Ley General de la Administración Pública y el numeral 17 del Reglamento Interno de la Junta Directiva de la CCSS.
El artículo señalado de la ley de Administración Pública considera dos escenarios bajo los cuales se limita el acceso a la información, el primero tiene que ver con las piezas de un expediente y el segundo con los informes para órganos consultivos y los dictámenes de estos antes de que hayan sido rendidos.
Mientras que el reglamento de la CCSS menciona que “la información recibida y los acuerdos de Junta Directiva son de acceso público, salvo aquellos que sean declarados confidenciales según el ordenamiento jurídico”.
La secretaria de la Junta Directiva de la CCSS brindó un listado de siete temas a los que “se le dará un tratamiento de confidencialidad”, que refieren a procedimientos administrativos; aquellos que contienen datos sensibles; las denuncias y los actos procesales.
Los últimos dos puntos, destacados en rojo por la funcionaria, tienen que ver con los “aspectos de naturaleza de investigación preliminar o elaciones de hechos” y los “informes y dictámenes previos o información privilegiada”.
Tema ha sido relegado; aumento sigue sin aplicarse
El documento ha estado en agenda en varias oportunidades, pero por diversas razones asociadas con el cuórum y otros temas valorados como prioritarios, la Junta Directiva no ha podido discutirlo. Carolina González Gaitán, directora Actuarial y Económica de la CCSS, confirmó a este medio la presentación del criterio.
La cúpula de la Caja aprobó este incremento como parte de las medidas acordadas para instar a los médicos especialistas a deponer la protesta que efectuaron del 1.° al 10 de abril del presente año y que afectó los servicios de salud que brinda la institución.
Se tenía previsto que se comenzara a aplicar a partir del 1.° de junio, pero el pasado 17 de junio la oficina de prensa de la CCSS envió a este medio una información de la Dirección de Administración y Gestión de Personal, indicando que no se había efectuado el pago.
La misma CCSS enfatizó, mediante un comunicado de prensa del 5 de abril, que el criterio actuarial es un “requerimiento previo para continuar con el proceso” y que se daba un plazo de ocho días para su presentación.
El aumento salarial para los médicos se aprobó con seis votos a favor y tres votos en contra. Respaldaron la propuesta los tres representantes del bloque patronal y los tres del bloque laboral. Rechazaron la iniciativa los tres delegados del Estado, incluida la presidenta ejecutiva de la CCSS, Marta Esquivel.
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La jerarca se opuso por considerar que debía consultarse primero a la Procuraduría sobre la legalidad del incremento. Esquivel remitió la consulta el 9 de abril, cuatro días después de que la Junta Directiva tomó la decisión.
La petición de Esquivel fue rechazada y calificada como inadmisible por Iván Vincenti, procurador general de la República, ya que hacía referencia a un caso concreto.
