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El presidente de la República, Carlos Alvarado, criticó fuertemente el interrogatorio al que fue sometido por los diputados, este miércoles, sobre la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
Durante su exposición en el Plenario, el mandatario catalogó el proceso como inconstitucional. Él parte del criterio de que la Constitución Política no prevé la interpelación de los presidentes de la República en el Congreso, sino solo de los ministros.
Alvarado dijo que se produjo una “desviación” en la separación de poderes consagrada con la Carta Magna.
“No puedo dejar de advertir que el capítulo de la historia que hoy se escribe no debe repetirse jamás y que sus posibles consecuencias todavía no somos capaces de dimensionar. No por Carlos Alvarado, sino por la institución de la Presidencia de la República, por los mandatarios o mandatarias que vendrán, pero sobre todo por nuestra democracia”, dijo Alvarado.
El mandatario fue insistente en que los funcionarios públicos, especialmente los electos popularmente, deben de sujetar su actuar a las reglas constitucionales y respetar las limitaciones de los tres poderes para proteger el Estado del “uso abusivo del poder”.
Debido a esto, señaló que la comisión investigadora de la UPAD sobrepasó sus imitaciones legales.
“Este órgano colegiado se ha arrogado funciones que la Constitución no le asigna, incluso luego de recibir criterios claros y contundentes de parte del Departamento de Servicios Técnicos, en sendos dictámenes de 2014 y 2021″.
“La ilegitimidad del acuerdo adoptado es evidente. La Ley Fundamental no les permite interpelar al Presidente de la República ni me permite acudir a una interpelación velada, como esta”, explicó en el Plenario.
Asimismo, Alvarado recalcó que la Constitución Política contiene un sistema de “frenos y contrapesos que protegen a la sociedad”.
Incluso, catalogó el proceso como una “interpelación presidencial de facto”.
“Es en la Carta Fundamental donde se determina cómo serán las relaciones entre los tres poderes de la República y con absoluta claridad determina que el jefe de Estado y de Gobierno no puede ser interpelado”.
“No puede serlo por acto explícito en ese sentido, ni puede serlo de forma velada, en clara desviación de poder, convocando al Presidente al recinto del Plenario y suspendiendo la agenda de los demás órganos legislativos, para generar una interpelación presidencial “de facto”, explicó el presidente Alvarado.
“Hay diputados que han usado en prensa la palabra interpelación para referirse a este espacio”, dijo el líder del Gobierno.
Dentro de las justificaciones que el presidente dio para defender su posición sobre la inconstitucionalidad del proceso, mencionó que los creadores de la Carta Magna previeron la interpelación para los ministros, pero no para un jefe de Estado.
“Como parte de los elementos propios del parlamentarismo que fueron incorporados por el constituyente de 1949, se prevé la interpelación de ministros y ministras de Gobierno. Nunca la del Presidente de la República”, alegó.
No obstante, agregó que fue en “honor a la ciudadanía” y en acatamiento de su compromiso de rendir cuentas, que se presentó este 10 de febrero con el fin de explicar sobre las actuaciones de la UPAD.
Se tiene previsto que la sesión de este miércoles se extienda hasta por ocho horas.
