El presidente de la República, Carlos Alvarado, les pidió a los diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC), su bancada, aprobar la reforma al empleo público por los beneficios que en su criterio generaría para al país, a pesar de que esta contenga el derecho de objeción de conciencia.
El mandatario argumentó que la reforma, al establecer un esquema de salario global para todo el Estado, traería equidad salarial dentro del sector público y con respecto al sector privado, además de eficiencia y equilibrio fiscal.
“Yo creo que tiene que haber empleo publico y creo que tiene que haber una lucha permanente por la conquista de los derechos humanos, que no haya retroceso en ese campo. Eso es lo que le pido a todos los diputados, en cuenta a los de mi fracción”, llamó el mandatario.
Alvarado hizo el llamado este miércoles, durante una actividad pública, al responder una consulta de prensa sobre la posición de los legisladores de su partido Enrique Sánchez y Carolina Hidalgo; esta última también es precandidata presidencial del PAC.
Ambos legisladores se niegan aprobar la iniciativa en segundo debate mientras contenga la objeción de conciencia, pese a que reconocen la importancia de la reforma para el equilibrio de las finanzas públicas.
Sánchez e Hidalgo aprobaron en primer debate la iniciativa que ya contenía la cláusula de conciencia, la cual fue declarada constitucional por la Sala IV.
Esta permitirá a los funcionarios públicos rechazar capacitaciones obligatorias cuando consideren vulnerados sus convicciones religiosas, éticas y morales, lo que se conoce como el derecho de conciencia.
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Según recordó el mandatario, ese artículo se introdujo en la redacción por solicitud de un grupo de diputados (de Nueva República), a cambio de respaldar la iniciativa.
De hecho, Alvarado dijo que ese no es su artículo favorito y recordó que, a un “altísimo costo”, él ha defendido el matrimonio igualitario, los derechos de la comunidad LGBTI y de las mujeres, pero insistió en su llamado a los diputados a “decidir”.
“Hay que decidir por Costa Rica y no es fácil. Es muy fácil opinar cuando no toca decidir, pero hoy toca decidir y, en todo caso, no es un capítulo cerrado. La lucha por los derechos humanos sigue y está siempre presente”, instó el mandatario.
Sin los dos votos de Hidalgo y Sánchez, el apoyo del PAC al proyecto se reduciría a solo seis de diez diputados, pues ya habían votado en contra el también precandidato Welmer Ramos y Paola Vega en el primer debate.
Alvarado insistió en que la reforma al empleo público es necesaria por el bien de todos, “no solo para traer justicia y equidad a las remuneraciones dentro de lo público y en relación de lo público y lo privado, porque ahí no hay equidad y justicia; es para traer eficiencia”.
A juicio del mandatario, el país se merece un proyecto de este tipo, porque también permite avanzar en los ajustes fiscales para cumplir con el pacto de ajuste fiscal negociado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La iniciativa de empleo público forma parte del acuerdo con ese organismo.
“Si no hacemos esos ajustes, vamos a seguir con el problema eterno de que nos vamos empobreciendo como país, que no podemos pagar lo que hemos construido. Y si queremos ir más allá, si no arreglamos eso, el país entra en el riesgo de una crisis y un default (impago de su deuda). Por eso es importante”, machacó.
En su resolución del 31 de julio, la Sala IV declaró por mayoría constitucional el artículo de objeción de conciencia, al tiempo que el presidente de ese tribunal, Fernando Castillo, explicó días después al programa radial Nuestra Voz que esta es un derecho fundamental.
“La Sala considera que hay un derecho fundamental, es decir, que la objeción de conciencia es parte de los derechos fundamentales.
“Cuando en un programa o un proceso de formación una persona considera que los contenidos de ese programa son contrarios a sus creencias religiosas o filosóficas de concepción de vida, es posible aplicar una objeción de conciencia por medio de una declaración jurada”, explicó el magistrado.
Luego de superar la revisión de la Sala IV, el proyecto será enviado a la Comisión de Consultas de Constitucionalidad, donde se harían los ajustes sobre las inconstitucionalidades detectadas por los magistrados, una vez que la Asamblea Legislativa reciba el fallo completo.
Los magistrados encontraron vicios, principalmente, en incisos relativos a la rectoría del Ministerio de Planificación (Mideplán) sobre el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), las universidades públicas, las municipalidades y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Para la Sala, esa rectoría violenta el principio de separación de poderes y de autonomía de las instituciones.
La presidenta de ese foro, la liberacionista Ana Lucía Delgado, visualizó que los diputados se enfocarían en limpiar el texto de inconstitucionalidades.
Superado ese trámite, iría de nuevo al plenario para ser votado de nuevo en primer debate.
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