El Banco de Costa Rica (BCR) alertó al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de dos “operaciones sospechosas”, por un total de ¢150 millones, en el flujo de dinero hacia la campaña del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), del hoy presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles.
Las alertas obedecieron a depósitos bancarios hechos el 29 y 31 de marzo de este año (a cinco y tres días de la segunda ronda electoral, del 3 de abril), en las cuentas del PPSD en el BCR. Los recursos llegaron con la finalidad de comprar bonos de deuda política, método utilizado por esta agrupación para costear gastos de campaña.
A partir de los reportes del BCR, el Tribunal de Elecciones le informó al Ministerio Público de que estos depósitos podrían constituir una “potencial compra, por interpósita mano, de certificados de cesión de la contribución estatal por una persona extranjera”.
El Código Electoral prohíbe que foráneos contribuyan, donen o realicen aportes, en dinero o en especie.
La mayor parte del dinero, un total de ¢120 millones, provino de una cuenta en el BCR que no registraba movimientos desde setiembre del 2019, la cual está a nombre de De Sheng Lin Hu, un costarricense de 25 años de edad.
A su vez, los recursos ingresaron a dicha cuenta en el BCR “por medio de transferencia SINPE de otra entidad (bancaria), indicando como motivo: ‘regalo a mi hijo’”.
Los restantes ¢30 millones llegaron provenientes de una cuenta del BAC.
Así lo detalló un funcionario de la Subgerencia Banca Corporativa del BCR, en un correo remitido al TSE. Esa comunicación electrónica consta en el informe N.° IDI-DFPP-001-2022, que el departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del órgano electoral remitió al Ministerio Público, a principios de junio pasado.
En ese documento, el TSE indicó: “Al día de hoy, este órgano técnico se encuentra analizando la situación identificada en relación con el señor De Sheng Lin Hu, particularmente porque sugiere la potencial compra, por interpósita mano, de certificados de cesión de la contribución estatal por una persona extranjera, dado que el señor Zufan Lin y la señora Weiwen Hu, progenitores registrados del señor Lin Hu, no ostentan la condición de nacionales, según consta en la base de datos de consulta pública del Registro Civil costarricense”.
Y agregó: “Circunstancia que podría infringir las disposiciones de los artículos 116 y 128 del Código Electoral, y potencialmente configurar los delitos tipificados en el artículo 274 incisos a, b y/o c del Código Electoral”. Esos artículos prohíben y castigan la adquisición de certificados de cesión por parte de personas físicas o jurídicas (la ley prevé penas de dos años a cuatro años de cárcel).
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Vicepresidente depositó los cheques al PPSD
De acuerdo con las alertas emitidas por el BCR, el 29 de marzo del 2022, Stephan Brunner Neibig, quien actualmente es vicepresidente de la República y entonces fungía como tesorero de Progreso Social Democrático, depositó dos cheques de gerencia en una de las cuentas del partido, por un total de ¢100 millones.
El primer cheque de gerencia fue emitido a favor de la agrupación por el BCR, “en la oficina “Clínica Bíblica”, por un monto de ¢70 millones, cuyo ordenante es el señor De Sheng Lin Hu”. El otro cheque fue emitido por “el Banco BAC San José, por un monto de ¢30 millones, sin que se conozca la identidad del ordenante”.
Dos días después, el 31 de marzo de ese mismo año, el Banco de Costa Rica hizo la segunda alerta, pues Lin Hu había solicitado un nuevo cheque de gerencia al BCR, esta vez por ¢50 millones, con el PPSD como beneficiario.
“Se revisa la cuenta del cliente y se nota que, en ambas ocasiones, la mayor parte del monto es ingresado al BCR por medio de transferencia SINPE de otra entidad, indicando como motivo ‘regalo a mi hijo’. Cabe mencionar que la cuenta que se está utilizando para hacer las transacciones no tenía movimientos desde el mes de setiembre del 2019″, consignó el funcionario bancario en el correo electrónico.
De Sheng Lin Hu compró bonos de deuda política del PPSD por ¢231 millones, pero solo desembolsó ¢150 millones, pues la agrupación le concedió un descuento del 35%, equivalente a ¢81 millones. En otras palabras, Lin Hu se habría ganado ¢81 millones por facilitarle ¢150 millones a Progreso.
Los certificados adquiridos son clase B, lo que significa que cobran valor hasta que la agrupación cancele los bonos clase A, que en este caso ascienden a ¢1.463 millones.
El PPSD liquidó gastos de campaña por ¢2.075 millones; si el TSE da como válidas esas facturas, los bonos de Lin Hu sí adquirían valor y podrían ser cobrados a la Tesorería Nacional.
Lin Hu también aparece en los registros financieros del partido Fuerza Nacional, que impulsó la candidatura presidencial del otrora periodista de Telenoticias, Greivin Moya. En los estados financieros que esa agrupación presentó al TSE, el partido le adeudaba ¢15,8 millones al 31 de diciembre del 2021. En ese documento no se especifica el motivo de la deuda.
Este diario buscó una reacción del presidente Chaves y el vicepresidente Brunner sobre el informe del TSE, mediante una gestión hecha a la oficina de prensa de Casa Presidencial; sin embargo, no se obtuvo respuesta.
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‘Oscuro financiamiento’
Las alertas emitidas por el BCR fueron incluidas por el TSE en un informe sobre la forma en que se financió la campaña del entonces candidato presidencial Rodrigo Chaves y su partido de cara a las elecciones del 2022. En ese documento, el órgano concluyó que “existen indicios suficientes para presumir” que se utilizó un “esquema oscuro de financiamiento”.
De acuerdo con el criterio del departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal, la campaña de Chaves se habría favorecido de dos estructuras paralelas, es decir, de recursos que no pasaban por los controles partidarios ni por el sistema de transparencia público que la ley exige.
Una primera estructura habría estado vinculada al polémico fideicomiso Costa Rica Próspera, el cual fue administrado por la sociedad ATA Trust Company, vinculada al actual canciller de la República, Arnoldo André Tinoco, y con participación del banquero Jack Loeb Casanova.
La segunda estructura señalada por el TSE tiene relación con el pago de facturas por miles de dólares desde las cuentas bancarias de Sofía Agüero Salazar, una asistente de administrativa de 24 años, quien es hija del diputado electo por San José, Waldo Agüero, y quien coordinó la agenda de Chaves durante parte del 2021.
Ella habría recibido más de $195.000 en sus cuentas en el Banco Nacional (BN) de parte del banquero Jack Loeb, y reconoció a La Nación, en marzo pasado, que esos recursos se usaron para cubrir gastos electorales como comunicación y material proselitista.
Estas dos aparentes estructuras paralelas de financiamiento inicialmente fueron reveladas y dadas a conocer por este diario. La primera el sábado 5 de marzo y la segunda, el martes 29 de marzo.
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