Política

Banco Central: Condonación de deudas aprobada por diputados pone en riesgo el ahorro nacional

Añade que el plan, aprobado ya en segundo debate, “genera una contingencia fiscal de magnitudes desconocidas que es, a todas luces, indeseable en la situación actual de las finanzas públicas”

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) señaló que el proyecto de ley aprobado por los diputados, para perdonar ¢6.200 millones a unos 2.500 deudores del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), constituye un riesgo para el ahorro nacional.

“Los medios propuestos en el proyecto de ley para alcanzar ese fin son contraproducentes y ponen en riesgo recursos del ahorro nacional, público y privado”, señala un criterio emitido por la Junta Directiva del 10 de noviembre, pero retomado en una respuesta a los diputados el pasado 19 de febrero.

El plan, que fue aprobado en segundo debate este 23 de febrero, autoriza al Fondo Nacional de Desarrollo (Fonade), administrado por el SBD, a perdonar 2.705 créditos sin mayores filtros.

El plan, además, faculta al Fonade a emitir “bonos de desarrollo” respaldados por el Estado para captar recursos.

El BCCR señaló que es emisión de bonos “genera una contingencia fiscal de magnitudes desconocidas que es, a todas luces, indeseable y, en particular, en la situación actual de las finanzas públicas”.

Al igual que el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), el Banco Central enfatizó que la condonación de deuda alienta “conductas oportunistas” y pone en “riesgo moral” a los deudores que sí cumplen con sus obligaciones.

“La condonación de deudas, junto con el hecho de ‘limpiar’ el historial crediticio de deudores morosos, genera una pérdida de recursos públicos y conlleva un elevado riesgo moral... Esto podría promover conductas oportunistas de deudores actuales y futuros del SBD y generar, de esa forma, un daño irreparable a la estabilidad y eficiencia de este sistema, con consecuencias negativas para la economía del país”, señala el criterio.

En un inicio, el Gobierno propuso a los diputados el proyecto con el fin de resguardar a los pequeños agricultores frente a la pandemia de la covid-19. Sin embargo, luego el título del proyecto excluyó la afectación por la pandemia y se centró en alegar la “situación económica” del país.

En esta condonación, se perdonan deudas de personas físicas y jurídicas que tienen hasta 14 créditos con el SBD sin necesidad de demostrar pérdidas; lo único que deben aportar es una declaración jurada.

En la lista de beneficiarios aparecen personas morosas con el Ministerio de Hacienda y con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

SBD contradice criterios técnicos

En una nota enviada a los diputados, Miguel Aguiar, director ejecutivo de la Secretaría Técnica del SBD contradijo el criterio técnico del Conassif.

Aguiar insistió, ante los diputados, en que la garantía del Estado en la emisión de bonos no expone al país, pues esa garantía ya existe desde la creación del Fondo.

“No es cierto que con la reforma se esté generando ningún aumento en la exposición fiscal del país. El Conassif parte de una premisa falsa de que la garantía del estado se Establece en la presente reforma, lo cual no es cierto”, indicó el director, en una nota enviada al presidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruickshank, el 18 de febrero.

El Conassif fue crítico en cuanto a la facultad que da este proyecto para que el Fonade, fondo que estaría condonando las deudas, emita “bonos de desarrollo” en intermediarios financieros con el respaldo del Estado para captar nuevos recursos.

Para el Consejo, esa garantía conlleva un aumento en la exposición a contingencias fiscales que los proponentes no han dimensionado.

“Esto, además, debe contextualizarse a la luz de la escasa disciplina que el país evidencia en el tratamiento de los recursos que canaliza mediante créditos al sistema de banca para el desarrollo, en donde, mediante acciones legislativas, se perdonan deudas”, señaló el criterio del Consejo, del pasado 17 de febrero.

Con respecto a la conveniencia de la condonación, a la cual se opone el Conassif, Aguiar aseguró que no es competencia de dicho Consejo, pues su apreciación “va más allá de su competencias”.

“Es a la Asamblea Legislativa a la que le corresponde determinar, en un análisis responsable de las circunstancias que justifican la medida, si es una medida adecuada o no”, indicó el representante del SBD.

Rebeca Madrigal Q.

Rebeca Madrigal Q.

Periodista de asuntos políticos y de gobierno. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica.

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