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San José
Acueductos y Alcantarillados (AyA) paga anualidades a sus 4.000 empleados sin siquiera evaluarles el desempeño. Es decir, cada año, el AyA suma automáticamente entre un 1,9% y un 5,5% al salario base de sus funcionarios sin ninguna condición más allá de la antigüedad.
La ausencia de un mecanismo para determinar si el empleado merece el incentivo salarial se contrapone a lo que dice la Ley de Salarios de la Administración Pública (N°.6835).
Dicha norma, en el párrafo segundo de su artículo 5, establece que los aumentos anuales serán concedidos por méritos a aquellos servidores que hayan sido calificado al menos como "buenos" durante el año anterior.
El AyA hasta ahora carece de un mecanismo que califique a sus empleados y que justifique los ¢8.700 millones que desembolsa anualmente en anualidades.
Así lo admitió la propia presidenta ejecutiva de Acueductos, Yamileth Astorga, en una nota enviada el 21 de diciembre al diputado Mario Redondo, de Alianza Demócrata Cristiana (ADC), quien le solicitó a la jerarca explicaciones sobre la forma en que la entidad ha estado pagando anualidades.
Después, en una respuesta escrita a La Nación, Yolanda Salas Hernández, de la Dirección de Capital Humano del AyA, afirmó que el AyA no tiene un modelo de evaluación porque su concepto de anualidad "varía con lo establecido en la Ley 6835 y pasa a ser reconocimiento de tiempo laborado en el Sector Público en general, y no se condiciona a la Evaluación de Desempeño".
En otras instituciones públicas, donde sí se aplica la evaluación de desempeño, igualmente más del 99,9% de los empleados recibe el plus por antigüedad. En el 2015, solo 49 de ellos fueron calificados de "regulares" o "malos".
El legislador cartaginés de ADC considera que el argumento de Recursos Humanos del AyA viola la legislación actual y podría constituirse en un delito.
Agregó que el desorden en el pago del incentivo muestra la urgencia de discutir el proyecto de reforma al empleo público para regular el pago de beneficios salariales. Ese plan, en el caso de las anualidades, restringiría el reconocimiento del plus solo a funcionarios "excelentes" y "muy buenos", dejando las otras tres categorías. Además, impondría un tope de un 2,54% sobre el salario base.
Empero, la semana pasada el gobierno del presidente Luis Guillermo Solís aprovechó la caída de su plan de aumentar impuestos para retirar de la corriente legislativa también el proyecto de empleo público (expediente N°. 19.506) que presentó para su discusión la diputada Sandra Piszk, de Liberación Nacional (PLN).
En el 2016, Acueductos presupuestó más de ¢66.000 millones para cubrir remuneraciones. Más de una tercera parte ese plan de gastos se dedicó a incentivos salariales.
Según comunicó Astorga al diputado Redondo, será hasta este 2017 que el AyA ponga en práctica, por primera vez, su Modelo de Evaluación de Desempeño.
Es decir, ya para este año el pago de la anualidad sí se ajustará a la calificación de la labor de cada uno de los funcionarios de la entidad.
Contradicciones por escrito
Debido a que el AyA alegó que no tiene obligación legal de evaluar a sus funcionarios para pagarles el plus salarial, este diario repreguntó a la Dirección de Capital Humano cuál es, entonces, la necesidad de crear el modelo de evaluación que regirá este año.
La entidad contestó que la implementación se basa en sus sistema de Control Interno y en señalamientos de la Contraloría General de la República. En contradicción con su primera respuesta, la institución agregó que ese conjunto normativo "hace indispensable y necesaria la evaluación de los funcionarios públicos".
Además, al repreguntárseles en cuáles artículos de la Ley de Salarios de la Administración Pública se fundamentaron para declarar que no tiene que hacer evaluación de desempeño, las autoridades de la autónoma contestaron que "no son artículos sino una Ley".
Y, pese a lo que consta en su primera respuesta por escrito, aclararon que en ningún momento y de ninguna forma se ha indicado que el AyA no debe evaluar a sus funcionarios. "Por lo contrario, por ello estamos implementando el modelo para toda la Institución", apuntaron.
Llega tarde
Para el diputado Mario Redondo el modelo de Evaluación de Desempeño por Competencias llega demasiado tarde al AyA.
Él dijo que "es una imperdonable omisión" la ausencia de un mecanismo para evaluar el desempeño de los trabajadores de AyA, en aras de determinar si son merecedores o no del aumento salarial que implica la anualidad por desempeño.
"En el caso del AyA, estamos eventualmente ante la existencia de una figura delictiva que se pudo configurar por el pago de anualidades al margen de lo que establece la ley. Se ha causado un claro daño al erario público y a los recursos de los costarricenses con el giro de cientos, tal vez miles de millones de colones, en anualidades mal pagadas", estimó el diputado.
Por esto, Redondo adelantó que trasladará el caso al Ministerio Público para que determine la existencia de algún delito y que solicitará a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) que revise las tarifas que cobra AyA por el servicio de alcantarillado, a las que carga el costo de sus incentivos salariales para su personal.
"Creo que la Contraloría General de la República y la Procuraduría de la Ética también deben intervenir en este caso, porque el caso significa que se han estado utilizando recursos públicos sin cumplir requerimientos que la ley exige. Es parte de la ligereza con que muchas instituciones manejan los recursos del pueblo en una piñata interminable", subrayó el parlamentario.
