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Las autoridades y el personal de las iglesias, organizaciones deportivas, culturales, juveniles, educativas o recreativas, estarán obligadas a denunciar, ante el Ministerio Público, cualquier sospecha razonable de maltrato, agresión, acoso o abuso que se cometa contra personas menores de edad.
Así lo aprobaron de forma unánime 40 diputados este jueves, en el plenario de la Asamblea Legislativa, cuando le dieron segundo debate al expediente 21.415, que reforma el artículo 49 del Código de la Niñez y la Adolescencia.
Esa norma ya establece esa misma obligación, en la ley vigente, para el personal encargado de centros de salud, públicos y privados, así como para autoridades y personal de centros educativos y guarderías.
El párrafo agregado dice que la obligación es para las autoridades y todo el personal contratado o persona mayor de edad que tenga bajo su cuido y responsabilidad a personas menores de edad en asociaciones, fundaciones, organizaciones sociales, o agrupaciones, públicas o privadas, de carácter cultural, religioso, juvenil, educativo, deportivo, recreativo o denominaciones religiosas.
La iniciativa estaba en la corriente legislativa desde el 21 de mayo del 2019, presentada por el exdiputado Enrique Sánchez, del Partido Acción Ciudadana (PAC), y tuvo un prolongado trámite legislativo.
Ya el Código de la Niñez y la Adolescencia establece que, quien incurra en una violación al artículo 49, por acción u omisión, cometerá una falta grave, y ello conllevará el establecimiento de un proceso disciplinario según la Ley General de la Administración Pública, en el caso de funcionarios públicos.
En cuanto a las personas que no pertenecen al sector público, se establece como sanción las medidas correspondientes al régimen al que pertenezca la persona denunciada, así como las sanciones pecuniarias que pueda imponer un juez competente que conozca del asunto.
El jefe de fracción de Nueva República, Fabricio Alvarado, enfatizó que su bancada daría el voto afirmativo, pese a las dudas que tienen al respecto y dijo que trabajarían con especialistas en tratar de mejorar las consecuencias.
De hecho, Alvarado dijo que tenía la intención de enviar el texto a consulta de la Sala Constitucional, pero perdió una de las 10 firmas que se requieren para presentar dicha gestión, por lo que dijo que buscaría una reforma para mejorar lo aprobado.
Por otro lado, el jefe del Frente Amplio, Jonathan Acuña, destacó la relevancia de la iniciativa aprobada y enfatizó que el concepto de “sospecha razonable” ya existe en el marco jurídico.
“Lo que estamos logrando es proteger un poco más a las personas menores de edad ante posibles abusos y maltratos. Cuando se trata de personas menores de edad, la mínima sospecha debería obligarnos siempre, no solo en términos jurídicos, sino también éticos, a presentar la debida denuncia, porque la persona menor de edad está en mayor vulnerabilidad”, afirmó Acuña.
