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El auditor de la Municipalidad de Escazú, Erick Calderón Carvajal, acusó este jueves al alcalde municipal, Arnoldo Barahona, de negarle la contratación de más personal para poder investigar en este gobierno local los hechos relacionados con el caso Diamante, sobre presunta corrupción en contratos de obras viales municipales.
Ante los diputados de la Comisión para el Control del Ingreso y Gasto Públicos, Calderón dijo que tiene tiene dos asistentes actualmente, pero carece de dos profesionales que la Municipalidad debe contratar.
Agregó que, en el 2019, solicitó a la administración de la Municipalidad de Escazú la contratación de cuatro profesionales en auditoría, porque el “universo editable se hace muy largo y tienen una cola muy amplia de trabajo”.
Agregó que ha hecho siete solicitudes diferentes al concejo municipal y la última respuesta que tuvo, de parte de los regidores, fue la negativa del alcalde Barahona para tener a disposición dicho personal.
Las peticiones más recientes se produjeron a raíz del cambio de enfoque que tuvo que hacer la Auditoría por el caso de corrupción en contratación de obra pública municipal denominado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como caso Diamante.
Arnoldo Barahona es uno de los alcaldes investigados por las autoridades judiciales dentro de ese caso. La Fiscalía sospecha que recibió chompipas de cemento de parte de la empresa MECO para la casa de su madre.
A cambio de ese beneficio, decía la orden de allanamiento de este caso, Barahona habría agilizado el pago de facturas a la empresa por los contratos viales que esa municipalidad le había adjudicado.
La frenteamplista Sofía Guillén le preguntó al auditor qué había hecho sobre el cambio radical en las contrataciones municipales a la empresa MECO, que cambiaron de ser un 30% antes del 2016 a casi un 80%.
Erick Calderón respondió que no tenía información anterior al 2018, cuando asumió el cargo, y calificó el trabajo del anterior auditor, frente a pregunta del liberacionista Francisco Nicolás, como entre regular y malo.
El auditor escazuceño también dijo que está solicitando autorización para contratar un ingeniero, con tal de tener un profesional con experiencia que le ayude a analizar el caso de las contrataciones investigadas dentro del caso Diamante.
“Estamos pidiendo los expedientes desde el 2012, sobre contratación, que son 40.000 folios”, dijo.
Calderón respondió que no tiene información de que el concejo municipal de Escazú esté tomando acciones para evitar que se repitan contrataciones irregulares.
El jerarca de la Auditoría Interna de esa municipalidad agregó que no había emitido ningún informe sobre casos de corrupción dentro de la municipalidad, pues había centrado su labor en el control interno, aunque empezó con el caso Diamante a raíz de una solicitud de la Contraloría al respecto.
Alcalde Barahona guarda silencio
Posterior a la audiencia de Calderón, la Comisión de Gasto Público recibió a Arnoldo Barahona, quien se negó a responder preguntas que estuvieran relacionadas con la investigación en su contra dentro del caso Diamante.
“Debo manifestar, como lo han manifestado algunos alcaldes, que estamos en un proceso activo de investigación, donde nos acoge el derecho de privacidad de esta investigación, al amparo del artículo 295 del Código Procesal Penal y al mismo tiempo me acoge el derecho constitucional del artículo 36, de poderme abstenerme de declarar, por respecto a las autoridades judiciales que me están investigando”, manifestó el alcalde escazuceño.
Barahona pidió “disculpas por este inconveniente” y solo respondió preguntas ajenas al caso, entre ellas las razones por las que tenía armas, pues dijo que como jerarca de la policía municipal de ese cantón tiene permiso de portación de armas desde hace cinco años.
Francisco Nicolás le preguntó si, al regresar a su cargo como alcalde, seguía al frente del equipo que se encarga de administrar obras de mantenimiento vial, infraestructura y demás, pero el alcalde Barahona se negó a responder.
