Un asesor ad honorem del diputado fabricista Harllan Hoepelman, del bloque Nueva República, presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional en contra de la vacunación obligatoria para el personal de la Asamblea Legislativa.
Se trata de un funcionario de nombre Arcelio Alberto Hernández Mussio, abogado de profesión. Él llevó a la administración del Congreso al Tribunal Constitucional por el acuerdo tomado el 27 de octubre, sobre la obligatoriedad de vacunarse contra la covid-19.
Dicho acuerdo establece que, incluso, se les revocará la designación a los funcionarios ad honorem que no se vacunen.
En su reclamo, Hernández alega que se le está imponiendo la vacunación contra la covid-19 porque, de no aplicársela, le revocan su designación. En su criterio, la disposición implica una amenaza de sanción, “lo que hace nugatorio mi derecho de dar o no mi consentimiento previo, informado, pleno y libre”.
El funcionario alega que sufriría “un daño moral y también una pérdida de oportunidades” que tiene como asesor, incluyendo los servicios de salud de la Asamblea.
El viernes pasado, 29 de octubre, la Asamblea informó a todos sus funcionarios de la exigencia de estar vacunados a partir de este lunes 1.º de noviembre y avisó que hará visitas a departamentos y despachos de fracciones para verificar los comprobantes de vacunación.
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Un informe emitido por la dirección de Asesoría Legal del Congreso concluyó, a principios de octubre, que la Asamblea puede despedir a los funcionarios que rechacen la vacunación, con base en el artículo 21 de la Constitución Política y el 150 de la Ley General de Salud, donde dice que “son obligatorias la vacunación y revacunación contra enfermedades transmisibles que el Ministerio de Salud determine”.
En sintonía con esa legislación, la Sala Constitucional ha explicado que la obligatoriedad de vacunarse “no resulta lesiva del derecho de autonomía de la voluntad”, para el resguardo de la salud pública y la prevención de enfermedades, porque constituye “un fin constitucionalmente legítimo”.
El diputado Hoepelman dijo que él desconocía la presentación del recurso. Agregó que Hernández fue empleado suyo en el despacho, pero que luego regresó a su empleo y quedó como asesor ad honórem.
El fabricista apuntó que no se han actualizado las listas de los funcionarios ad honórem, pero mencionó que Hernández no tiene un escritorio en su oficina y considera que el asesor presentó la gestión ante la Sala Constitucional como ciudadano.
“Creo que es su derecho como ciudadano. Creo que tal vez está levantando la voz por gente que no puede hacerlo. Estuvo en algún momento, antes de la pandemia, trabajando mucho, pero durante la pandemia hemos llevado muy despacio el tema ad honórem para evitar que vaya mucha gente a la Asamblea”, dijo Hoepelman.
En tanto, el asesor del diputado de Nueva República arguyó que la obligatoriedad de la vacuna, fundamentada en un decreto presidencial, “es contraria” a sus derechos fundamentales y cree que la Asamblea es arbitraria al darle “mayor rango e importancia a un decreto ejecutivo que está por debajo de la ley y de los convenios internacionales”.
Hernández cita una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el consentimiento previo, libre e informado, donde dice que toda vacuna contra la covid-19 “debe contar con el consentimiento previo, libre e informado de la persona que la recibe”.
En un comentario personal que el asesor incluyó en su recurso de amparo, adujo que tiene reservas sobre las vacunas de ARN mensajero, pues alegó que ya tuvo coronavirus y que le dio muy fuerte. “Gracias a ello, ahora tengo anticuerpos contra el SARS-CoV-2 y esa inmunidad natural es muy fuerte y duradera”, dijo.
También, alegó que “hay riesgos asociados a la vacunación que en este momento no considero necesario asumir y nadie sabe cuáles serán los efectos adversos”.
