El asesor legal de la Junta Directiva del Banco de Costa Rica (BCR), Fabián Volio Echeverría, exigió a los diputados que borren su nombre del informe sobre los créditos para la importación de cemento chino, que emitió la Comisión Especial Investigadora de los Créditos Bancarios el 18 de diciembre.
En una misiva dirigida a los miembros del Directorio de la Asamblea Legislativa, Volio alega que los miembros del foro investigador se basan en hechos "que no son ciertos" para solicitar que se le despida del puesto de asesor, tal como se recomienda en el informe.
Según los congresistas, el abogado constitucionalista emitió un informe que permitía "la reforma al marco legal, que posibilitó el nombramiento de Mario Barrenechea" como gerente general de la entidad bancaria.
Sin embargo, Volio alega que ese hecho es falso y que él no emitió ningún informe para aprobar la reforma al marco legal que permitiera dicho nombramiento.
De acuerdo con el reclamo del abogado, los legisladores del foro investigador hicieron una afirmación irresponsable, al decir que "antes se exigía como requisito para ocupar la gerencia general el grado de licenciatura en Ciencias Económicas y su correspondiente colegiatura".
El argumento de Fabián Volio es que él no emitió criterio para reformar ningún marco legal pues, según dice, no había tal marco legal, aunque sí reconoce que emitió un informe –el 15 de diciembre del 2015– cuando la Junta Directiva del BCR nombró a Barrenechea de gerente.
"Mi criterio está fundado en una sentencia penal anterior, (...) dictada por el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José, por la que los jueces resolvieron que el cargo de gerente general no exige para ejercerlo estar incorporado al Colegio de Ciencias Económicas", dice la nota en su página 3 y añade que el mismo juez determinó que la ley del Sistema Bancario Nacional no exige la colegiatura para ser gerente general de un banco estatal.
'Se me violó mi derecho constitucional'
Además de hacer ese reclamo sobre el objeto real de su informe, Fabián Volio alegó que, por no haberlo llamado a comparecer antes de recomendar una sanción para él, los diputados violaron "flagrantemente" su derecho constitucional de un debido proceso legal.
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"No se me convocó nunca a comparecer a la comisión, ni se me pidió por escrito una opinión acerca de este hecho; de modo que se me violó flagrantemente mi derecho constitucional a un debido proceso", escribió en la nota.
Esa carta, dirigida al Directorio legislativo, fue remitida a la Comisión Especial Investigadora de los Créditos Bancarios, donde este lunes fue conocida y, además, rechazada su intención, pues el informe de los préstamos para la importación del cemento chino ya está en firme, desde el 18 de diciembre.
El presidente del foro, el liberacionista Ronny Monge, informó a los demás miembros de la comisión de la nota y de su decisión, de responder negativamente la pretensión de Volio.
Eso sí, el verdiblanco apuntó que el único órgano constitucional habilitado para hacerle cambios al informe sobre el cemento chino es el plenario del Congreso, que tiene en discusión el informe desde el lunes 8 de enero, cuando se aprobó realizar dicho debate por dos semanas.
No obstante, para hacerle cambios al informe, la propuesta debe presentarse como moción en el plenario y contar con los votos de 38 legisladores.
En su carta, Fabián Volio estableció que su pretensión es que se le elimine del "infortunado" informe y, de no hacerlo el Congreso, presentará un recurso de amparo contra la Asamblea como un todo y contra cada uno de los diputados miembros de la Comisión Investigadora por separado.
Rolando González cuestiona a comisión
Desde que la Comisión Investigadora de los Créditos Bancarios emitió su informe sobre el caso del cemento chino, donde se mencionó el nombre de Rolando González, diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), el verdiblanco ha enviado cinco notas al presidente del foro.
En dicha correspondencia, González cuestiona los razonamientos que llevaron a los legisladores a mencionarlo en el informe final y enviar su caso a la Procuraduría de la Ética Pública (PEP), alegando que los diputados no se pueden considerar funcionarios públicos, porque no se encuentran asociados por vínculo jurídico a órganos o entes de la administración pública.
Además, González cuestionó que, para llegar a varias conclusiones, los miembros del foro investigador deben haber contado con la “prueba que permita dar por demostrado el hecho”, por lo cual solicitó, en varios asuntos específicos, acta del expediente así como los folios donde consten discusiones y deliberaciones de la comisión que sustenten la recomendación de remitirlo a él a la PEP.
También, el congresista pidió los documentos, cartas o criterios de la funcionaria del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), así como las actas en que se registren esos criterios.
”¿En qué momento y mediante cuál acuerdo se decidió que las sesiones en las que se deliberó respecto a las conclusiones y recomendaciones de la Comisión que tramitó el expediente 20.461 se efectuarían de manera secreta o privada?”, preguntó también González al presidente del foro.
En el caso de González, la recomendación que hizo la Comisión Investigadora fue: “Enviar el informe a la Procuraduría de la Ética para determinar si incumplió con el deber de probidad por sostener reuniones con Juan Carlos Bolaños, aun después de las denuncias públicas sobre irregularidades del préstamo en el BCR. Además, por intentar restarles importancia a las investigaciones de la comisión y por solicitar a Bolaños un vuelo en medio de la emergencia por el huracán Otto”.
Además del liberacionista, también el jefe de la Unidad Social Cristiana (PUSC) y exmiembro del foro investigador, William Alvarado, pidió hacer modificaciones al informe, específicamente en lo referido al capítulo donde se menciona al socialcristiano Johnny Leiva.
“Yo realicé observaciones respecto a hechos atribuidos al diputado Johnny Leiva que no pudieron ser aprobados y que pueden inducir a conclusiones erróneas, por lo cual la comisión apcordó modificaciones al texto del informe que quedaron pendientes”, mencionó Alvarado en una carta a Ronny Monge.
La recomendación que se hizo sobre Leiva también fue enviar el caso a la Procuraduría de la Ética, para “determinar si incumplió con el deber de probidad por participar en una reunión con varios diputados para tratar temas del mercado del cemento con Juan Carlos Bolaños y por un vuelo en helicóptero que realizó el 4 de junio del 2017”.