Josué Bravo. 27 abril
El proyecto de ley para establecer un tope a las tasas de interés es una propuesta del diputado liberacionista David Gourzong (derecha), En la foto el verdiblanco conversa con Welmer Ramos, diputado del PA, quien es uno de los principales impulsores de la iniciativa.. Foto: Asamblea Legislativa para LN.
El proyecto de ley para establecer un tope a las tasas de interés es una propuesta del diputado liberacionista David Gourzong (derecha), En la foto el verdiblanco conversa con Welmer Ramos, diputado del PA, quien es uno de los principales impulsores de la iniciativa.. Foto: Asamblea Legislativa para LN.

La Asamblea Legislativa aprobó este mediodía, en primer debate, un proyecto de ley que les pondrá límites a las tasas de interés de los préstamos de dinero.

El texto fue aprobado con 50 votos a favor y 2 en contra.

El plan establece una fórmula de cálculo, según la cual los créditos no podrán exceder una tasa del 39% en colones y del 31,35% en dólares, incluyendo el dinero prestado mediante tarjetas de créditos.

Sin embargo, también se establecen tasas diferenciadas para los microcréditos, es decir, para los préstamos inferiores a ¢675.000.

Por los microcréditos en colones, los intereses no podrán superar el 55% y, por los microcréditos en dólares, el 45,66%.

Las tasas que excedan los límites establecidos en el proyecto serán consideradas usura y, por tanto, su práctica será castigada hasta con dos años de cárcel. El plan duplicará la pena cuando la usura se cometa en perjuicio de consumidores y usuarios.

Los nuevos límites no serán retroactivos. Es decir, solo aplicarán para futuras operaciones, no para las que estén vigentes.

Los topes sufrirán una variación cada seis meses, debido a que el texto ordena al Banco Central de Costa Rica actualizar la tasa dos veces al año: en los meses de enero y de julio de cada año.

Los diputados aprobaron el proyecto pese a que los reguladores financieros advirtieron que, por la crisis actual, muchas personas perdieron el empleo.

Esa situación eleva el riesgo crediticio de estas personas, alegan los reguladores, por lo que el proyecto excluiría a muchos del sistema financiero formal y los empujaría al informal.

El Banco Central, la Sugef y el Conassif señalaron, hace dos semanas, que la crisis económica causada por el coronavirus cambió el panorama para el proyecto de ley.

"Un tope a las tasas de interés siempre va a limitar el acceso al crédito de los sectores más riesgosos y de los créditos que acarrean un mayor costo por colón prestado”, afirmaron las tres entidades, en respuesta a una consulta de la diputada independiente, Ivonne Acuña.

Votaron a favor del proyecto 16 diputados del Partido Liberación Nacional (PLN), 9 del Partido Acción Ciudadana (PAC), 8 del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), 6 del Partido Restauración Nacional (PRN) y 6 del bloque Nueva República (NR).

Además, dieron su respaldo dos diputados del Partido Integración Nacional (PIN), uno del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC), uno del Frente Amplio y una independiente. En contra votaron los independientes Ivonne Acuña y Erick Ridríguez.

Previo a su aprobación en primer debate, los diputados acordaron el retiro de 47 mociones de fondo y agregaron dos más al texto.

De las retiradas, 25 eran del independiente Erick Rodríguez, quien, una vez más, advirtió de la posibles exclusiones financieras de sectores vulnerables si se aprobaba el texto tal y como estaba.

Rodríguez proponía, a través de sus mociones, establecer una tasa de interés del 51%.

En cuanto a las mociones nuevas, una de ellas establece el pago de un recargo adicional mensual a favor de los bancos, por las gestiones de cobro administrativo a deudores.

Este monto será el equivalente al 5% de la cuota de la deuda principal que se encuentre en mora. Dicho pago, que deberá hacer el deudor, según la iniciativa, no debe ser mayor a los $12 y aplica a partir de los cinco días de retraso.

La segunda moción, agregada al proyecto, establece la obligación de que los clientes entreguen información sobre sus deudas al Centro de Información Crediticia (CIC), a fin de que la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) establezca las supervisiones correspondientes.

Reacciones

El diputado liberacionistaDavid Gourzong, proponente del proyecto, recordó que el artículo 243 del Código Penal establece que la usura es un delito y castiga con penas que van de los seis meses a los dos años de cárcel a quien lo cometa.

Sin embargo, añadió el legislador, el país no tiene una tasa tope a partir de la cual se establecen las sanciones.

“Con este proyecto hay una formulación en la que cada seis meses se define la tasa de usura. Nadie podrá cobrar intereses superiores a los establecidos. De lo contrario, incurrirá en el delito que está en ese artículo del Código Penal. Eso hacía falta en Costa Rica para proteger a los ciudadanos de los prestamistas inescrupulosos”, afirmó el diputado Gourzong.

Welmer Ramos, diputado del PAC y uno de los principales impulsores de la iniciativa, explicó que las tasas de usuras serán efectivas. Es decir, según indicó, el prestamista no deberá realizar cobros adicionales a la tasa establecida, salvo el monto por gestiones de cobro administrativo equivalente al 5% del monto principal de la cuota en mora.

“Generalmente, el que presta, no solo cobra la tasa de interés, sino que pone otra serie de cobros adicionales que no se suman a la tasa de interés. Cuando la gente hace las cuentas percibe que pueden estar pagando al año una tasa del 60% o del 70% si le sumaran todas esas comisiones y multas. Esta ley lo que hace es juntar todas esas cosas y decir esta es la tasa máxima que se puede cobrar”, explicó Ramos.

Según el legislador de la bancada oficialista, en el país hay cerca de ¢1 billón en créditos con tasas superiores al 62%.

Añadió que, al establecer una tasa de usura a niveles inferiores, generaría a cada deudor un ahorro promedio anual de ¢400.000.

Por su parte, Ivonne Acuña reiteró su crítica de que hoy la realidad del país es diferente al momento cuando se discutió el proyecto en la Comisión de Hacendarios.

En aquella ocasión, de acuerdo con la independiente, el Banco Central y Sugef advirtieron de que establecer tasas de usura como las que recomienda el texto, generaría exclusión de clientes que tienen riesgos de caer en mora.

Ahora, indicó, la situación es más crítica debido a que la pandemia causada por el coronavirus ha dejado a más trabajadores despedidos, con la suspensión de contratos laborales y con la reducción de sus jornadas de trabajo.

“La realidad de esos trabajadores hoy es otra y no tienen una forma de apalancar su economía y van arequerir un apoyo financiera de una entidad, pero por el alto riesgo que representan quedarían excluidos del sistema financiero. Van a ser empujados a ir al gota gota o al prestamista de la esquina. Esa es mi preocupación”, aseveró.