Treinta y tres diputados aprobaron esta noche el informe de una comisión investigadora que señala al presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, como autor intelectual de un esquema de financiamiento ilegal para su campaña, en el que además fue tomador de decisiones.
A favor votaron 16 legisladores de Liberación Nacional (PLN), seis del Frente Amplio (FA), cinco de la Unidad Social Cristiana (PUSC), cinco del Liberal Progresista (PLP) y la independiente María Marta Padilla, quien se salió de la fracción de gobierno.
En contra se manifestaron ocho legisladores del oficialista Progreso Social Democrático (PPSD) y seis del Partido Nueva República (PNR), liderado por Fabricio Alvarado. A la hora de la votación, estaban ausentes 10 congresistas.
El informe se aprobó luego de un amplio debate, de más de tres horas, en el que hubo choques entre legisladores de la bancada fabricista y el PLN.
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Las discusiones comenzaron con un llamado del PLN y el FA para que los diputados señalados en el informe se inhibieran de la discusión, como Pilar Cisneros, Manuel Morales y Paola Nájera. Según Ariel Robles, del FA, Morales y Nájera recibieron pagos por viáticos y servicios profesionales de la campaña de Chaves.
Antes de la votación, el presidente legislativo, Rodrigo Arias, comunicó al plenario que, según el Reglamento, la presidencia no tiene la atribución legal de limitar la participación de los diputados. Además, señaló que la Ley contra el Enriquecimiento Ilícito deja la potestad a cada legislador de decidir si se inhibe o no. Los mencionados votaron en contra el informe.
El documento, producto de un año y cuatro meses de pesquisas de la Comisión Investigadora de Financiamiento Electoral, concluyó que Chaves fue partícipe y tomador de decisiones del fideicomiso Costa Rica Próspera, figura que captó recursos privados para pagar gastos de campaña en el 2021, sin que el dinero entrara a las cuentas del PPSD ni fuera reportado al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), como exige el Código Electoral.
El informe añade que la campaña del mandatario se habría beneficiado de otra aparente estructura paralela con recursos del banquero Jack Loeb, así como de presuntas donaciones ocultas, contribuciones por interpósita mano, sedes no reportadas y mal uso de bonos de deuda política.
Además, el documento indica que el controvertido video “Salto al Vacío”, que circuló en contra de Chaves antes de la segunda ronda electoral, fue una donación no reportada al PLN.
Por último, la comisión recomendó al Ministerio Público investigar el financiamiento de ¢300 millones por parte del dueño de las empresas Pedregal, Rafael Ángel Zamora, a la campaña de Fabricio Alvarado
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Dinorah Barquero, presidenta de la comisión investigadora y del Partido Liberación Nacional, enfatizó en la necesidad de aplicar todo el rigor de la ley a quienes hayan cometido delitos en el financiamiento electoral.
Dijo que la investigación sobre el financiamiento de la campaña de Chaves reveló que se realizaron aportes, pagos y donaciones a favor del partido gobernante, pero estos se canalizaron a través de la cuenta de un tercero en vez de hacerse directamente al partido.
Barquero mencionó el testimonio de José Eduardo Vargas, quien describió cómo un miembro del Directorio Nacional del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) se enteró de las donaciones irregulares realizadas a la cuenta de Sofía Agüero, quien en ese momento era asistente del actual presidente de la República.
Además, la investigación reveló supuestas donaciones a la campaña de Chaves que no fueron reportadas al Tribunal Supremo de Elecciones, como el uso de una casa en el barrio Roosevelt, de Montes de Oca, que albergaba a funcionarios y equipos encargados de las operaciones de comunicación mencionadas por el testigo Remi Osman Mucondo.
Barquero también mencionó los servicios de “mano izquierda” (ataques de campaña generalmente infundados), el alquiler de la casa de campaña llamada Progreso, un centro de llamadas y el manejo de redes sociales para la campaña de Chaves, que no fueron reportados al Tribunal.
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La verdiblanca también destacó el uso de donaciones de extranjeros, lo cual está prohibido por la Constitución.
Pilar Cisneros, jefa de la bancada del PPSD, calificó el trabajo de la comisión como un espectáculo político, en lugar de hacer una investigación seria. Aseguró que no se pudo probar la existencia de una estructura paralela en la campaña de Chaves, ya que el fideicomiso y la campaña del actual presidente nunca coincidieron.
“La sentencia 2522-E8-2009, del TSE, afirma que, antes de la ratificación (de un candidato), ‘no rige ni prohibición ni regulación alguna respecto de las contribuciones privadas que se hagan en favor de personas o grupos de personas con pretensiones políticas, aunque estos sean conocidos aspirantes a cargos de elección popular dentro de un partido’”, refutó Cisneros.
Luego, la vocera oficialista proporcionó un detalle cronológico de eventos durante el año 2021.
Explicó que el 18 de setiembre se disolvió el fideicomiso Costa Rica Próspera, y el 19 de setiembre, el PPSD ratificó a Rodrigo Chaves como candidato.
El 8 de octubre del mismo año, afirmó, el fideicomiso devolvió el remanente a sus contribuyentes, y ese mismo día se liquidaron los últimos contratos pactados antes del 18 de setiembre.
Además, señaló que ninguno de los donantes del fideicomiso fue o es militante del PPSD, excepto el presidente Chaves.