Aarón Sequeira. 23 febrero
El proyecto obliga al Estado a contratar un sistema de etiquetado de licores, bajo la premisa de que ayude a combatir el contrabando. Foto: MSP.
El proyecto obliga al Estado a contratar un sistema de etiquetado de licores, bajo la premisa de que ayude a combatir el contrabando. Foto: MSP.

Los diputados aprobaron en segundo debate, este martes, el proyecto de ley 20.961, que obliga al Estado a contratar un sistema de etiquetado de licores que generó amplia polémica en la Asamblea Legislativa durante sus dos años de trámite parlamentario.

La iniciativa pasó con 44 votos a favor, mientras que tres legisladores votaron en contra: los independiente Jonathan Prendas y Carmen Chan, del bloque Nueva República, y Erick Rodríguez Steller.

Pese a que el plan de ley establece una obligación de contratar un sistema de etiquetado de licores a una empresa, no crea una fuente de recursos para financiar esa contratación, que tendrá que realizar el Ministerio de Hacienda.

Antes de realizar la primera votación del proyecto, en noviembre pasado, los legisladores excluyeron a las cervezas del sistema de etiquetado.

Por otra parte, la versión final del expediente permite que el Gobierno pueda sustentar la contratación del sistema en un estudio de costo-beneficio que tenga resultado positivo y que contemple la implementación de un mecanismo tecnológico que produzca “un claro beneficio para el interés general de los administrados”.

Daniel Ulate: 'He sentido las cosas más tristes por el lobby'

Para realizar dicho estudio, Hacienda podrá coordinarlo con alguna universidad pública, con tal de que no participen personas físicas, jurídicas o de hecho que estén directamente relacionadas con la industria.

El texto obliga al proyecto a reglamentar la norma en un plazo de 18 meses.

La propuesta fue impulsada, principalmente, por el liberacionista Daniel Ulate, aunque también lleva las firmas de Roberto Thompson y María José Corrales, de Liberación Nacional, así como los socialcristianos María Inés solís y Erwen Masís.

Plan envuelto en polémica

La polémica rodeó el trámite de la iniciativa, debido a que una empresa suiza representada por el expresidente José María Figueres, para América Latina, cumplía a la medida con las características que tenía que ofrecer el servicio contratado por el Estado.

La Nación dio a conocer que el propio Figueres entabló reuniones con autoridades de Hacienda para propomer la contratación de un sistema tal como lo describe el proyecto aprobado.

Uno de los representantes de la compañía se reunió con el diputado Ulate, precisamente, en las etapas tempranas del trámite.

Todo ello generó una polémica interna dentro de la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), tanto así que Ulate arremetió contra sus compañeros de bancada y los acusó de ser instrumentos de un supuesto lobby cervecero.

La última discusión

De hecho, apenas se dio la aprobación del segundo debate, el ramonense Daniel Ulate tomó la palabra para decir, en una breve intervención, que él sufrió “las cosas más tristes” a causa del cabildeo en contra de la iniciativa.

La oficialista Paola Vega y el frenteamplista José María Villalta, entre otros, lanzaron cuestionamientos similares.

Vega adujo que se dieron acciones por debajo de la mesa y actuaciones “poco sanas para espacios democráticos, un lobby escondido” que, según insistió, se manifestó en diputados opuestos a la iniciativa.

Villalta, en tanto, atacó directamente a La Nación y tachó a este medio de haber impulsado una campaña contra el proyecto, básicamente por haber revelado los movimientos de la empresa ligada a Figueres para promover que el Estado contratara un sistema similar al que su firma representada ofrecía.

Según Villalta, el trámite de la iniciativa fue un buen ejemplo de “cómo las influencias de las elites prevalecen en la Asamblea”.

Por su parte, Welmer Ramos, del PAC, dijo que él, como diputado provida, no podría oponerse al plan, pues adujo que se enfoca en “salvar vidas de gente que ha caído en un vicio” y se expone a morir por consumir licor adulterado.

Ramos adujo que el plan va a generar trazabilidad en las bebidas alcohólicas, lo que según el congresista permitiría salvar vidas de gente vulnerable.

El fabricista Jonathan Prendas, uno de los tres votos en contra, declaró que hay puntos fundamentales por considerar antes de dar un voto afirmativo al plan, en particular los costos totales finales para el Estado.

También criticó las dudosas técnicas de implementación del sistema, así como la capacidad para controlar el etiquetado en comercios, pues adujo que más bien podría incrementar el gemeleo.

“El plan piloto de un sistema de etiquetado no caminó en Golfito, se gemeleó por todo lado. El esfuerzo no pasó de ahí. Tiene una maravillosa intención de lucha, pero tenemos serias dudas de que funcione”, acotó.

Prendas negó que sus dudas tengan algo que ver con el lobby. “Nos sustentamos en lo técnicamente correcto. No consideramos que en las pulperías más recónditas sea comprobable el etiquetado”, indicó.

El independiente también negó que sea una forma efectiva de luchar contra el guaro adulterado, porque las personas con adicción consumen sin ver etiquetas”, apuntó.

Incluso, dijo que él sería el primero en llamar y felicitar a Daniel Ulate en caso de que el sistema llegue a funcionar.