Aarón Sequeira. 17 junio, 2018
El expresidente Gonzalo Ramírez alega que no recuerda haber recibido nunca la denuncia que, según la Contraloría, se envió al Directorio en diciembre pasado. Foto: Melissa Fernández Silva.
El expresidente Gonzalo Ramírez alega que no recuerda haber recibido nunca la denuncia que, según la Contraloría, se envió al Directorio en diciembre pasado. Foto: Melissa Fernández Silva.

El anterior Directorio de la Asamblea Legislativa, liderado por el exdiputado Gonzalo Ramírez, habría engavetado una denuncia sobre irregularidades en la construcción de edificaciones temporales, desde diciembre pasado, mientras se levanta el nuevo edificio del Congreso.

Además, desatendió la petición de una dependencia de la Contraloría para abrir una investigación sobre la denuncia presentada.

La Contraloría General de la República puso esa denuncia en conocimiento de las autoridades parlamentarias desde el 14 de diciembre del 2017.

El reclamo tiene que ver con las edificaciones temporales hechas para albergar a funcionarios y diputados, ubicados originalmente en el desaparecido edificio Monseñor Sanabria (antigua Biblioteca de la Asamblea Legislativa), pero se tramita bajo confidencialidad en el ente contralor.

Cinco meses después de que la Dirección de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría remitió la denuncia para que el Congreso procediera con la investigación, esa dependencia no tenía noticia de las medidas tomadas por el Directorio o la administración parlamentaria.

Así lo deja ver Rafael Picado López, gerente de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría, en el oficio DFOE-DI-0686, enviado el 17 de mayo a Carolina Hidalgo, actual presidenta del Directorio.

“Cabe mencionar que, en el traslado de cita, esta Área no solo expuso los principales aspectos contenidos en la delación que nos ocupa -adjuntando incluso una copia de la denuncia- sino que también le planteó a ese Directorio una serie de requerimientos y valoraciones que debían ser considerados oportunamente previo y durante el desarrollo de su investigación”, dice la nota de Rafael Picado.

En su respuesta a la dependencia contralora, con fecha del 5 de junio, Hidalgo le explica a Picado que no se logró ubicar el oficio remitido en diciembre y que, “al parecer no se le dio trámite alguno”.

“No aparece mención alguna en un orden del día o acta del Directorio legislativo de esas fechas. Tampoco se le cita en el Informe Final de Gestión de la Presidencia 2017-2018, cuyo penúltimo apartado se dedica precisamente al seguimiento de los informes de la Contraloría”, respondió la jerarca parlamentaria.

Ante la inexistencia del documento, o su desaparición, Hidalgo solicitó una nueva copia de la denuncia y de las recomendaciones que hizo la entidad contralora para estudiarlo y realizar la investigación respectiva.

Dice no recordar

Consultado por este medio, por vía de llamada telefónica en Whatsapp, Gonzalo Ramírez alegó que él no recuerda haber recibido ese documento y preguntó si había algún documento en que constara un recibido con su firma.

“Yo no lo tengo como que lo hubiese recibido, es que ¿quién lo recibió? ¿Hay firma mía, está la firma mía de recibido? El 14 de diciembre no me acuerdo de haber recibido una denuncia de ese tipo”, dijo el expresidente del Congreso.

Añadió que, normalmente, todas las denuncias recibidas se tramitaban y sobre todo con un tema como el del nuevo edificio de la Asamblea, que lo manejaba un grupo de empleados administrativos como contraparte del fideicomiso del Banco de Costa Rica (BCR).

“No recuerdo haber recibido ese tipo de solicitud. Si no, se hubiera hecho de una vez lo correspondiente. Yo lo que quiero es saber dónde está la copia de quién lo recibió. Muchas veces notificaban, pero no sé si me lo notificaron a mí. Ese tipo de cosas los notifica la Contraloría personalmente”, añadió Ramírez.

El exjerarca del Directorio, quien está fuera del país pero evadió decir dónde exactamente se encuentra, comentó que cada 15 días había reuniones con ese equipo administrativo para conocer sobre el avance de la obra.

Es más, la División de Fiscalización Operativa le informó al actual Directorio que se debía informar en un plazo de diez días hábiles, a partir de que se recibiera la denuncia, las fechas de inicio y finalización de la investigación.

También tenía el deber, el órgano colegiado integrado por Gonzalo Ramírez, Carmen Quesada y Michael Arce, de informar los resultados de la gestión sobre la denuncia, tanto al denunciante como a la Contraloría.

En su petición de cuentas, la dependencia contralora enfatizó que no solo se incumplió el plazo de 10 días, sino que se dejaron pasar más de cinco meses sin que nada ocurriera, ni se remitiera un solo documento que permita determinar el estado de la investigación requerida por el ente contralor.

Desde la presidencia del Directorio se informó a este medio que esa documentación llegó de nuevo, desde la Contraloría, el 13 de junio a ese despacho y que se está analizando de qué se trata y cómo se debe tramitar.

A raíz de la inexistencia de documentos, la Contraloría le pidió a Carolina Hidalgo indagar sobre el asunto, el “grado de avance en que dejó el caso su predecesor” (Gonzalo Ramírez) y brindar un informe sobre las acciones tomadas.

Se intentó conversar con Antonio Ayales, director ejecutivo del Congreso, pero no respondió las dos llamadas que se le hicieron.

Por teléfono también intentó consultar el tema a Michael Arce, exsegundo secretario del Directorio y actual jefe de asesores del Partido Liberación Nacional (PLN), pero tampoco se obtuvo respuesta de su parte.