EscucharEl alcalde de San José, Diego Miranda, y el auditor municipal, Israel Barrantes Sánchez, entraron en conflicto por una investigación interna contra dos funcionarios municipales sobre un presunto de tráfico de influencias.
El auditor Israel Barrantes declaró que, el pasado viernes 21 de junio, el alcalde le gritó y amenazó con sacarlo del ayuntamiento con la policía, durante una reunión para hablar de la investigación realizada por la Auditoría Interna.
“Me reuní con el señor Miranda junto con un equipo de la Auditoría, el que hizo la investigación, con el ánimo explicarle cuál es el procedimiento legal que sigue. Cuando le estábamos exponiendo el caso, el señor, en una forma sumamente extraña, dijo que se iba a convertir en el abogado del diablo y comenzó a defender a los imputados. Se le dijo que no debería tomar esa actitud ni adelantar criterio”, indicó el funcionario.
“A Miranda le dio un ataque de ira, comenzó a cuestionar el trabajo de la Auditoría y, en un momento determinado, me pidió de forma grosera que abandonara las instalaciones de la Alcaldía. Yo no le hice caso, le indiqué que no habíamos terminado la presentación, pero el señor me siguió gritando improperios y amenazó con llamar a la policía para que me sacaran. Dijo que me iba a reportar para que me sancionaran; entonces, nos retiramos”, agregó el auditor a La Nación.
El alcalde negó lo dicho Barrantes, y aseguró que sus declaraciones evidencian “su compadrazgo con la corrupción de la anterior administración”.
Miranda alegó que el auditor tiene un sesgo que lo llevó a emitir criterios anticipados sobre asuntos de los que él, como alcalde, apenas se estaba enterando.
Barrantes, en cambio, sostiene que fue el alcalde quien adelantó criterios, a pesar de que es el responsable de abrir un procedimiento ordinario para sentar responsabilidades administrativas o civiles, incluyendo el eventual cobro de una acción civil resarcitoria a los responsables.
Los hechos investigados habrían ocurrido el 9 de diciembre del 2023, cuando la Municipalidad de San José adjudicó una contratación de ¢27 millones para comprar 125 uniformes y accesorios para la banda municipal de San José, que participaría en el Festival de la Luz 2023. Según explicó el auditor a La Nación, la investigación se abrió luego de que la Contraloría General de la República (CGR) remitió una denuncia planteada por un ciudadano.
Presuntamente, dos funcionarios del ayuntamiento interfirieron en la contratación para que se adjudicara a una empresa en específico. La Municipalidad sacó el contrato a concurso en tres ocasiones; no obstante, las dos primeras licitaciones se declararon infructuosas. En la tercera ocasión, solo participó un oferente, que finalmente fue contratado.
Por este caso, el auditor presentó una denuncia ante la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, que se tramita bajo el expediente 24-000205-1218-PE. El Ministerio Público confirmó que la causa se abrió el 4 de junio, luego de que ingresó una denuncia en contra de dos hombres, de apellidos Villalobos y Chacón, por el presunto delito de tráfico de influencias. El caso se encuentra en la etapa de recolección y análisis de pruebas.
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Alcalde justifica su molestia
“El señor auditor no comenta que su molestia se deriva de mi cuestionamiento sobre la tardanza de sacar este informe, una vez el funcionario Jorge Villalobos, principal implicado de la contratación irregular, ya no se encuentra en la institución, porque dejó su cargo el 30 de abril, sabiendo que la contratación cuestionada se dio desde diciembre pasado”, criticó Miranda.
“De mi parte voy a tomar las cartas en el asunto que tenga que tomar, pero la actitud del auditor solo denota su nerviosismo por no haber investigado durante tanto tiempo todos los casos de corrupción que se daban en la Municipalidad”, concluyó el alcalde.
La Nación contactó a Jorge Villalobos para obtener su versión. Él se desempeñaba como jefe de la Sección de Protocolo y coordinador del Festival de la Luz en la Municipalidad de San José. Sobre la investigación, el exfuncionario josefino indicó que no podría referirse.
“No puedo hacer referencia ni comentar absolutamente nada con relación a las apreciaciones personales del alcalde, con el cual desde hace muchos años he tenido diferencias políticas. Tampoco tengo conocimiento del contenido del informe al que puede estar haciendo referencia. Si eventualmente el señor auditor confeccionó algún informe u omitió auditar, como señala el alcalde, es algo que deberían de consultar al auditor”, declaró Villalobos.
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Por su lado, Barrantes indicó que la investigación de la auditoría ya concluyó, pero él dejará constando en el expediente que Miranda recibió las conclusiones. Además, defendió que no hubo tardanzas en su informe ya que, desde el 9 de febrero, la Contraloría estaba enterada de que la investigación preliminar tenía como fecha final el 30 de junio del 2024.
“Él (Miranda) es el que tiene que valorar la apertura o no de un procedimiento ordinario. Yo jurídicamente tengo que blindarme ante las amenazas del señor; él amenaza con hacer un reporte para que me sancionen. Ahorita estoy valorando si me apersono con la Contraloría o con el Concejo Municipal. Por lo pronto, hoy hice una ampliación de la denuncia ante el Ministerio Público”, finalizó el auditor.
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