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Un nuevo acuerdo bilateral entre el Estado costarricense y el Vaticano limitará los derechos de los sacerdotes en el país y podrá obligarlos a pagar renta y regularizar su nexo con el Seguro Social.
Las recientes negociaciones también dejarían abierta la puerta para una reforma constitucional que declare a Costa Rica un Estado laico, que acepta múltiples credos y donde la religión católica ya no sea la oficial.
La información fue confirmada por el canciller de la República, Enrique Castillo, quien aseguró que apenas están en la redacción de un listado de temas que ambas partes quieren discutir.
“Por ejemplo, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) está con la idea de que tanto la Iglesia como los religiosos deben pagar cargas sociales y ese es un tema que hay que revisar”, dijo.
El canciller también aclaró que se discutirá cuáles actividades que ejercen los sacerdotes pueden calificarse como una relación laboral, y que a partir del acuerdo estarían sujetas al pago del seguro social y a la cancelación del impuesto de la renta.
El sacerdote Mauricio Granados, canciller de la Curia Metropolitana, reconoció que actualmente la CCSS pretende fijar que la relación entre el obispo y sus sacerdotes es laboral y, por lo tanto, deben pagar cargas sociales.
Mientras se aclara esta discusión, sigue vigente un convenio especial entre la Conferencia Episcopal y la Caja para que los sacerdotes tengan acceso al seguro médico (sin pensión).
Según explicó, la Conferencia no paga cargas sociales (propias de los trabajadores), pero sí hace una contribución anual a la CCSS para que cubra a los sacerdotes cuando se enferman. En el 2006, había unos 800 curas en el país.
Sí aclaró que la relación entre un obispo y un sacerdote no es de índole laboral, sino sacramental, pues al sacerdote no se le paga un salario por oficiar la misa.
Las reuniones empezaron hace tres semanas. El equipo de la Cancillería está compuesto por el ministro Enrique Castillo; su asesora, Xinia Montano; el abogado Carlos Andrés Arguedas; el jefe jurídico de la Cancillería, Carlos Vargas Pizarro; y el exvicecanciller, Marco Vinicio Vargas.
Por la Iglesia, el equipo de trabajo lo lidera el nuncio apostólico, Pierre Nguyên Van Tot; monseñor José Rafael Quirós y el canciller de la Curia, Mauricio Granados.
Hay dos laicos en ese equipo, cuyos nombres no trascendieron.
Las reuniones entre ambos estados comenzaron casi un mes antes de que la presidenta Laura Chinchilla haga un viaje oficial al Vaticano, donde se reunirá con el papa Benedicto XVI.
Según Enrique Castillo, en las reuniones también se discutirán otros temas de interés para la Iglesia. Entre ellos, que se les dé personería jurídica a algunas organizaciones católicas que no la tienen y se inscriban otras propiedades.
Además, que se mantenga la fe pública de los sacerdotes para inscribir matrimonios y el derecho a llevar asistencia espiritual a la policía y a las prisiones.
Por otra parte, el canciller aseveró que la posible reforma constitucional para eliminar a la religión católica como el credo del Estado costarricense, no resulta un tema controversial entre las partes.
“Le puedo anticipar que no es un tema polémico. Yo interpreto que la Iglesia no ve con preocupación que haya una reforma constitucional que le dé al Estado costarricense el carácter laico”, manifestó Enrique Castillo.
