Escuchar
Moisés Fachler, uno de los dueños de la casa donde se ubicó la Embajada de Venezuela en Costa Rica entre el 2009 y el 2017, le cobra una deuda de $49.000 (¢30 millones) a los diplomáticos del régimen de Nicolás Maduro.
Fachler, exmagistrado suplente de la Sala I, asegura que la Embajada del régimen de Maduro le debe $29.000 por atrasos en el pago de cuatro meses de alquiler ($7.250 por cada uno) y $20.000 por la reparación del inmueble, el cual quedó dañado una vez que los diplomáticos entregaron el lugar.
La propiedad se ubica en Rohrmoser, San José. Los dueños son Fachler y su esposa Ileana Piszk, por medio de la sociedad Leveche S. A.
Entre el 1.° de abril de 2009 y enero de 2017, el lugar funcionó como Embajada y Consulado General de Venezuela en Costa Rica, periodo en el cual fungieron como embajadores Nelson Pineda Prado, Aura Mahuampi Rodríguez de Ortiz y Jesús Javier Arias Fuenmayor.
Según Fachler, cuando Arias Fuenmayor entregó el inmueble, en enero de 2017, estaba “despedazado”.
LEA MÁS: Embajada del gobierno de Maduro le adeuda ¢27 millones a la CCSS y a Fodesaf
Relató que primero le quedaron debiendo ocho meses (de junio del 2016 a enero del 2017) para un total de $58.000.
“A mí se me empieza a pagar muy mal el alquiler, muy mal. Pagan cuando quieren, hay problemas con la Cancillería en Venezuela. Esos son ingresos míos que yo los uso para vivir. Yo me retiré de mi profesión (de abogado). Pasaron ocho meses sin recibir el dinero”, recordó el exmagistrado.
Agregó que los diplomáticos de Maduro abonaron la mitad de la deuda del alquiler a inicios de 2017.
El pago parcial se produjo en 2016, cuando el exmagistrado pidió la intermediación del entonces canciller de Costa Rica, Manuel González, tanto para el pago como para la devolución de la propiedad.
Según Fachler, el entonces embajador Arias fue citado a la dirección de Protocolo de la Cancillería, donde se comprometió a entregar el inmueble y a abonar la mitad de la deuda de alquiler de $58.000, lo cual finalmente ocurrió en enero de 2017.
“Arias dice que se va retirar de la casa en octubre de 2016 y se retira en enero de 2017. La casa me queda despedazada y me dicen que no tienen el dinero por la situación tan especial que se vive en Venezuela”, añade el exmagistrado.
La Nación intentó corroborar esa información con excanciller Manuel González; sin embargo, no fue posible localizarlo.
En tanto, al cierre de esta nota, la Cancillería costarricense no respondió consultas sobre el tema.
De acuerdo con el propietario, la casa tenía huecos en las paredes, daños en el cielorraso, los baños, los drenajes y el piso, así como vidrios quebrados. Además, los aires acondicionados estaban afectados y los dueños debieron repararlos.
El exmagistrado asegura haber invertido $25.000 en la reparación, de los cuáles $5.000 provenían el depósito de alquiler y el resto de su bolsillo.
Al final, la deuda quedó en $49.000 entre el resto del impago del alquiler ($29.000) y la reparación de la casa ($20.000).
En una carta enviada a la Cancillería el 25 de febrero anterior, el exmagistrado expone de nuevo su caso, en busca de ayuda administrativa para recuperar su dinero.
Alega que recurre de nuevo a esa instancia, porque la condición extraterritorial de las misiones diplomáticas, como el caso de Venezuela, le impide acudir a la vía judicial.
Al respecto, la Cancillería explicó que “no puede intervenir en dicho asunto, en atención a lo establecido en la Convención de Viena”.
“El Ministerio de Relaciones Exteriores, ha reiterado, en el caso de lo ocurrido respecto de las sedes de la Embajada de Venezuela en Costa Rica (tanto en Rorhmoser como en Los Yoses), que se trata de un asunto privado de materia de alquiler entre el arrendatario y el propietario”, añade la Casa Amarilla.
Después de entregar la propiedad en Rohrmoser, a inicios de 2017, la Embajada de Venezuela se trasladó a Los Yoses, San José.
Ahí estuvo funcionando como tal hasta el 20 de febrero anterior, cuando María Faría, la representante diplomática del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, se tomó la Embajada. Ese inmueble también era alquilado.
Faría, reconocida por el gobierno de Costa Rica como embajadora de Venezuela, devolvió el edifico a su dueño registral un día después.
En esa ocasión dijo que devolvía el inmueble mientras transcurrían los 60 días otorgados por el gobierno de Carlos Alvarado para que los diplomáticos de Maduro abandonaran el país, los cuales se cumplen a mediados de abril.
Entre los funcionarios que deben salir del país son el ministro consejero Nabil Mora, la segunda secretaria Angélica Ramírez, y la agregada diplomática Nelly de la Mata Ovalles. El embajador Arias ya no era el jefe de misión desde finales de 2018.
Otras deudas
La Embajada del régimen de Maduro en Costa Rica le adeuda ¢27 millones a Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf).
Según información suministrada por ambas instituciones, la misión venezolana le debe ¢23,3 millones a la Caja , ¢4,5 millones a Fodesaf y también ¢90.000 al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).
La deuda tiene su origen en el impago de las cuotas obrero-patronales del personal de la embajada.
