Cinco expresidentes de la Republica solicitaron a los diputados agilizar el trámite de los proyectos de ley que forman parte el acuerdo de estabilidad fiscal firmado por el país con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Los exmandatarios le enviaron una carta a los legisladores en la que argumentan que un incumplimiento del acuerdo acarrearía un deterioro en la calidad de vida de los habitantes y una ruta más difícil para cubrir el gasto público durante el próximo gobierno. Por eso, instan a apoyar las iniciativas aun en campaña electoral, al señalar que se requiere del apoyo de todos para sacar el país adelante.
El oficio, con fecha del 1.° de noviembre, lleva las firmas de Laura Chinchilla Miranda (2010-2014), Óscar Arias Sánchez (1986-1990 y 2006-2010), Rafael Ángel Calderón Fournier (1990-1994), Abel Pacheco de la Espriella (2002-2006) y Miguel Ángel Rodríguez Echeverría (1998-2002).
“La próxima administración enfrentará la necesidad de continuar por el camino de la consolidación fiscal y, para que esa difícil vía sea más transitable, el convenio con el FMI es imprescindible. Sin el respaldo del FMI y la mayor confianza en nuestro país y sus gobernantes que implica el acuerdo, las condiciones para financiar el necesario gasto público serían mucho más onerosas, y el impacto en el bienestar nacional sería muy negativo.
“Por eso, los instamos a realizar los esfuerzos necesarios para que se cumpla el convenio con el FMI y no se vaya a generar una situación en que ese organismo dé por incumplido el convenio y aumente la desconfianza en nuestro país y gobierno, lo que haría crecer el riesgo país, con grave impacto negativo en las condiciones de vida de nuestros compatriotas, especialmente grave para las familias más pobres”, aseguraron.
Para los expresidentes, no hay duda de que el primer paso debe ser la aprobación de la Ley de Empleo Público.
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Además de ese plan, el acuerdo también conlleva la introducción del esquema de renta global, una reforma al impuesto a las casas de lujo, eliminación de exoneraciones fiscales, un tributo a los premios de la lotería y plan de eliminación de plazas vacantes.
Según los expresidentes, una vez aprobadas las medidas de consolidación fiscal, la agenda con el FMI podrá irse modulando a partir de mayo del 2022 para reflejar las prioridades de la nueva administración.
“No dudamos de que su patriotismo y responsabilidad prevalecerán por encima de pasajeros intereses electorales”, manifestaron.
Los exmandatarios insistieron en que el desequilibrio de las finanzas públicas es una de las causas de la situación actual y en no se puede posponer la solución sin que surjan graves consecuencias sociales y económicas.
“Para reducir el costo social del ajuste, la reducción del déficit debe ser gradual, pero debe darse, para lo cual es imprescindible la restricción del gasto del gobierno durante los siguientes años. Ello obliga a que la regla fiscal se aplique estrictamente. Aun así, la deuda pública continuará creciendo durante un par de años”, manifestaron.
Los únicos expresidentes que no firman son Luis Guillermo Solís (2014-2018) y José María Figueres (1994-1998). Este último actualmente es candidato presidencial del PLN.
En el caso de Solís, indicó que no firmó la carta porque, en su criterio, el país necesita una ley de empleo público que ordene las remuneraciones, pero no con un sentido de ahorro, sino de reconocer el esfuerzo de los funcionarios públicos, promover su productividad y corregir las disfuncionalidades.
Solís, quien evitó reformar los pluses salariales durante su administración (2014-2018), argumentó que “cargarles exclusivamente la espalda a los asalariados del sector público y a las clases medias, cuando ese esfuerzo debe incluir aportes equitativos de los actores históricamente beneficiados con la elusión y la evasión fiscal, deteriora la cohesión social del país”.
Fue la administración de Carlos Alvarado la que contuvo el crecimiento del gasto público en incentivos salariales con la reforma fiscal del 2018. El plan de empleo público entró posteriormente para establecer el esquema de salario global.
Sobre los demás proyectos de la agenda con el FMI, Luis Guillermo Solís dijo que Costa Rica sigue siendo un país con una deuda pendiente en materia de la progresividad de su sistema tributario.
En enero de este año, el Gobierno llegó a un acuerdo con el FMI, para que el país logrará acceder a un financiamiento de $1.778 millones con bajas tasas de interés. Al acuerdo incluye una serie de medidas de ajuste fiscal que no ha sido aprobada.
Este lunes, la diputada María José Corrales, jefa de la bancada del PLN, anunció que su partido se comprometió a avanzar con los proyectos que forman parte del acuerdo.
En los próximos tres meses, regirán las sesiones extraordinarias del Congreso, por lo que el Ejecutivo tendrá el control de la agenda parlamentaria y los temas relacionados con el FMI serán la prioridad.
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