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Con 36 votos en contra, el plenario legislativo rechazó este martes una propuesta del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) que pretendía otorgar un incremento salarial inmediato a 28.600 funcionarios públicos.
La propuesta fue sometida a discusión por el socialcristiano Pablo Heriberto Abarca, en la discusión de mociones de reiteración al proyecto de empleo público.
La idea de Abarca era que el Estado aumentara de inmediato el sueldo de unos 28.600 funcionarios cuyas remuneraciones actuales quedarían por debajo del futuro salario global que establecería el proyecto, para sus respectivos puestos.
Permitir el traslado inmediato de estos servidores al esquema de salario global habría demandado ¢32.200 millones anuales al Estado, por un periodo de 12 años, de acuerdo con estimaciones del Ministerio de Planificación (Mideplán).
El texto actual, en cambio, establece que estos funcionarios continuarán con su esquema de salario con pluses hasta que alcancen el sueldo global y, en ese momento, serán trasladados de sistema, según el transitorio XI.
La propuesta de Abarca, suscrita también por el jefe de fracción del PUSC, Rodolfo Peña, fue rechazada en dos etapas de revisión cuando el proyecto de empleo público fue discutido en la Comisión de Gobierno y Gobernación.
Ahora, en este proceso de reiteración de mociones, el planteamiento lo rechazaron 13 legisladores de Liberación Nacional (PLN), ocho de Acción Ciudadana (PAC), siete de Restauración Nacional (PRN), cinco del bloque Nueva República (PNR), dos del Partido Integración Nacional (PIN) y uno del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC).
A favor votaron ocho legisladores. Ellos son Abarca, Peña y sus compañeros de bancada Aracelly Salas, María Inés Solís y María Vita Monge; así como el frenteamplista José María Villalta, Paola Vega y Welmer Ramos, del PAC.
La reforma al empleo público establecería para los nuevos funcionarios un salario global, sin pluses, el cual solo recibiría incrementos anuales por costo de vida siempre que la deuda pública no supere el 60% del producto interno bruto (PIB) como ocurre ahora.
En cuanto a los funcionarios actuales que superen el futuro salario global, se les respetaría la remuneración acumulada, pero esta dejaría de crecer por pluses.
Al pedir apoyo para su propuesta, Abarca señaló que dejar la redacción como está ahora generaría desigualdades al crear dos categorías de salarios, una con el salario global y otra con el actual sistema de pluses.
Añadió que su idea era evitar litigios en contra del Estado de esos trabajadores, pues alegó que esos procesos judiciales podrían resultar más caros para el erario público.
Por otra parte, el plenario también rechazó una propuesta de Abarca que pedía ampliar la cobertura de la reforma a las empresas públicas en competencia, como el ICE, INS y el BCR, las cuales actualmente están fuera de la regulación del plan excepto en lo referido a las convenciones colectivas.
El socialcristiano proponía que esas instituciones quedaran reguladas también en los principios de equidad salarial, excelencia en el servicio, modernidad y prevalencia del interés general, además del mérito, capacidad y competencia.
Al mismo tiempo, pedía incluirlas dentro del principio de transparencia y rendición de cuentas a través del suministro de información de su oferta de empleo, entre otros.
El presidente legislativo ya había declarado inadmisible la moción 18 de Abarca, la cual proponía que los poderes Legislativo y Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, las municipalidades, universidades y otras instituciones autónomas, participen en la construcción del salario global con Mideplán, el Servicio Civil y la Autoridad Presupuestaria.
Esa redacción ya está incluida en la actual versión del proyecto, pero el socialcristiano alegó que, si si aprueba una moción de la liberacionista Yorleny León para incluir de nuevo en el plan a las universidades estatales y a las municipalidades en la regulación, se eliminaría ese párrafo.
En efecto, la moción de León elimina esa parte del artículo 35 sobre la construcción de esa remuneración, pero esta misma redacción se mantiene en el artículo 31, el cual versa sobre lo postulados rectores que orientan la gestión de la compensación.
Entre lunes y martes, el plenario discutió 109 de las 352 mociones de reiteración presentadas. Solo se han aprobado cinco ajustes.
