El 27,2% de los créditos otorgados por el Instituto de Fomento Cooperativo (Infocoop) a cooperativas se encuentra moroso.
La morosidad, entendida como el incumplimiento del pago de los préstamos por parte de las cooperativas, se cuadruplicó entre finales del 2012 y junio del 2020, al pasar de un 7,7% a un 27,2%.
Estos datos lo reveló una auditoría financiera hecha por la Contraloría General de la República (CGR), la cual concluye que la gestión financiera de este Instituto, el cual se nutre con fondos públicos, “no está orientada a garantizar su sostenibilidad financiera”.
“Esto genera un riesgo importante, pues producto del incumplimiento en el pago de las cooperativas, se deja de percibir ingresos requeridos”, señaló la auditoría.
“Tampoco se ha establecido el límite de tolerancia a la morosidad, de manera que este sea un indicador que prevenga alcanzar niveles que puedan afectar su sostenibilidad financiera, lo cual se considera relevante”, agrega la Contraloría sobre el quehacer del Infocoop.
Para junio del 2020, la cartera de crédito estaba conformada por 304 operaciones por poco más de ¢121.900 millones.
Retrasos de hasta 19 meses
La Contraloría identificó que 30 operaciones crediticias presentan un promedio de 568 días de incumplimiento en el pago, es decir, casi 19 meses, y “no han sido trasladas a cobro judicial”.
Sobre este tema, la administración del Infocoop le informó a la CGR que, para 11 de estos casos, aprobó iniciar las gestiones de cobro judicial, pero aún no están en proceso su ejecución.
“En cuanto a ocho operaciones, se les ha iniciado un estudio para valorar su adecuación y, sobre los restantes créditos, la Dirección Ejecutiva se encuentra analizando las acciones a realizar”, detalló Contraloría.
Además, hay otros 59 créditos que superan los 45 días de retraso, lo cual pone en riesgo la recuperación de ¢24.300 millones, que equivalen al 20% de la cartera.
Todos estos retrasos en los pagos y el poco control sobre la morosidad son achacados por el ente contralor a la falta de normativa para resolver estos problemas.
“El Instituto no ha diseñado las líneas operativas para alcanzarlo. Además, la normativa establecida, para el proceso de cobro y recuperación de la cartera de crédito, carece de criterios para el análisis de los créditos adeudados por más de 45 días de atraso y las respectivas acciones de cobro, que permitan concluir de manera oportuna y eficiente con la recuperación de los recursos”, señaló.
La recuperación de todos esos recursos es necesaria para la cobertura del gasto institucional y la generación de nuevos créditos y, por ende, para la sostenibilidad financiera del Instituto.
La Contraloría también detectó aumentos considerables en una partida incorporada por el Infocoop a los estados financieros desde el año 2018, la cual se llama ”incobrables”.
Esta partida refleja el monto en el cual la cartera de crédito está deteriorada y le es imposible recuperar el dinero prestado.
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre del 2019 presentaron rubros de “incobrables” por ¢27.900 millones y ¢19.200 millones respetivamente.
El monto a junio de 2020 también era de ¢19.200 millones.
“Además, la definición de la estructura de tasas de interés no incorpora análisis financieros proyectados a mediano y largo plazo, lo cual limita al Instituto a tomar decisiones en relación con su sostenibilidad financiera. Lo anterior se debe a que no se cuenta con un manual de procedimientos integral para la gestión financiera del Infocoop, que oriente la participación y responsabilidades de los funcionarios y unidades involucradas en el proceso de planificación, obtención, asignación, ejecución, control y evaluación de sus recursos financieros”, dice la autoditoría.
Infocoop se defiende
Tras la publicación del informe del ente contralor, el Instituto emitió un comunicado de prensa este miércoles 12 de mayo, donde asegura que estas irregularidades fueron ocasionadas por administraciones anteriores.
Según el mensaje, todas las operaciones de crédito que la actual Junta Directiva aprobó, desde diciembre 2019 a la fecha, presentan sus pagos al día.
“En cuanto al tema de la morosidad, en periodos anteriores existía la práctica de realizar adecuaciones de operaciones morosas, lo cual reducía el nivel de morosidad que presenta la institución, pero en realidad se mantenían operaciones que no estaban en capacidad de atender el pago”, añade.
Sectores más morosos
De todos los fondos colocados, los sectores que mayores porcentajes de morosidad presentan son el agrícola y el agroindustrial.
El primero, pese a que es el que menos cantidad de créditos tiene, es el que más falla a la hora de pagar, con seis operaciones que registran un 100% de incumplimiento.
“El 29% (de los fondos colocados) se enfoca hacia la agroindustria, conformado por 54 operaciones que presentan una morosidad del 64% del saldo colocado”, señala el documento.
El tercer sector con más pagos atrasados es el de servicios. Este reúne el 25% de la cartera de crédito, con 133 operaciones, y tiene una morosidad del 27%.
Por último, la mayoría de los recursos están dirigidos al sector de ahorro y crédito que acapara el 45% del saldo colocado por el Infocoop, con 111 operaciones.
No obstante, este último sector presenta el nivel más bajo de incumplimiento en los pagos, con un 2,0%.
“La concentración de créditos por región según el número de organismos cooperativos es: Pacífico Central un 26,9%, Región Central un 26,4%, Brunca un 25,5%, Huetar Norte un 22,7% y otras regiones un 21%”, dice el informe.
“También, se observa una concentración por actividad y por organismo cooperativo, de manera que las actividades de crédito personal, vivienda, café y palma concentran el 57% del total de la cartera”, añadió el ente contralor.
En total, según el análisis, solamente 20 cooperativas acaparan el 63% de los recursos de Infocoop.
Mayoría de largo plazo
De estas 304 créditos, 268 corresponden a financiamientos de largo plazo, por un monto total de ¢111.700 millones, acaparando el 92% de los recursos colocados.
“El 27% del total de las operaciones a largo plazo cuentan con algún grado de morosidad”, indicó la Contraloría.
44 casos están bajo cobro judicial y 22 que se ubican en estado irregular de cobro.
También, se presentaron 35 operaciones otorgadas a mediano plazo por la suma total de ¢8.100 millones, mientras que a corto plazo solo se otorgó un crédito por un monto de ¢2.000 millones.
La auditoría se efectuó con base en los estados financieros emitidos por el instituto durante el periodo comprendido entre el 1.° de enero de 2018 y el 30 de junio de 2020.