Se trata de 2.178 empleados de 32 instituciones del Estado con salarios que van de los ¢4,8 millones a los ¢18 millones mensuales.

Ellos representan el 0,7% de la planilla estatal de 305.000 personas, pero consumen el 4% (¢14.000 millones) del gasto total en remuneraciones, el cual supera los ¢335.000 millones por mes.

El sueldo más alto lo tiene una médica y cirujana de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Ella reporta un salario mensual bruto de ¢18 millones, prácticamente un 280% más que el presidente.

Junto a ella, otros 1.684 funcionarios de la CCSS reportan remuneraciones superiores al actual mandatario, Carlos Alvarado.

De ellos, 1.015 son médicos especialistas, 267 son médicos generales y 402 son jefes o coordinadores de área, farmacéuticos, enfermeros y odontólogos.

En total, esa institución autónoma agrupa al 77% de los funcionarios que superan salarialmente al presidente.

Otro 7,7% está en la Universidad de Costa Rica (UCR), en donde 168 funcionarios ganan por encima del gobernante.

El 15,3% restante labora, principalmente, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el Banco Central de Costa Rica (BCCR), en el Poder Judicial, en alguno de los tres bancos estatales, en el Ministerio de Salud, en la Universidad Nacional (UNA) y en el Instituto Nacional de Seguros (INS).

En estas entidades, oscila entre 18 y 45 el número de servidores con salarios superiores al del presidente.

Luego, existe un grupo de 21 instituciones con menos de nueve funcionarios con sueldos superiores a ¢4,8 millones, como el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) y varias municipalidades.

Distribución del otro 23%

En el Poder Judicial, los 22 magistrados de la Corte Suprema de Justicia están en la lista. Incluso, dos de ellos ganan un 88% más que el presidente Alvarado. Se trata de Luis Guillermo Rivas, de la Sala Primera; y de Jesús Ramírez, de la Sala Tercera, quienes reportan salarios brutos de ¢9 millones.

En esa instancia quien menos gana es Gerardo Alfaro Vargas, magistrado de la Sala de Casación Penal, quien percibe un 3% más que Carlos Alvarado, con ¢4,9 millones.

Mientras, el presidente de la Corte, Fernando Cruz, gana ¢7,4 millones, es decir, un 55% más que el mandatario.

Dos magistrados propietarios del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) también registran sueldos superiores: Luis Antonio Sobrado (presidente) y Eugenia María Zamora, con ¢5,2 millones y ¢7,3 millones, respectivamente.

Lo mismo ocurre con los jerarcas bancarios, quienes ganan hasta un 127% más que el jefe de Gobierno. Tal es el caso de Rodrigo Cubero, presidente del BCCR, quien tiene una paga de ¢10,9 millones mensuales.

Marvin Rodríguez, del Banco Popular, reporta ¢8,8 millones; y Douglas Soto, del Banco de Costa Rica (BCR), ¢8,7 millones. En el estudio no se incluyó a Bernardo Alfaro, del Banco Nacional, porque no ocupaba la gerencia durante el periodo estudiado.

También figuran los superintendentes de Seguros y Valores: Tomás Soley y María Lucía Fernández, con ¢9,5 millones cada uno; y la jerarca de Pensiones y Entidades Financieras, Rocío Aguilar, con ¢5,4 millones.

El salario de Aguilar fue el techo máximo que impuso la reforma fiscal para los salarios en el sector público.

Por la propia reforma fiscal, el salario del próximo presidente de la República será de unos ¢6,9 millones, pues la ley establece que el sueldo no puede superar 25 salarios de la categoría más baja de la administración pública.

5 alcaldes y una vicealcaldesa

Entre el grupo de 2.178 funcionarios que ganan más de ¢4,8 millones, también figuran cinco de los 82 alcaldes y una vicealcaldesa.

Ellos son Néstor Mattis, de Limón; Johnny Araya, de San José; Carlos Cascante, de Tibás; Mangell Mc Lean Villalobos, de Siquirres; y Arnoldo Barahona, de Escazú.

Araya, por ejemplo, aparece con un sueldo de ¢5,7 millones y su vicealcaldesa, Paula Vargas, con ¢5,6 millones.

Además, en la lista de mejor pagados hay funcionarios de entidades como la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) y del Instituto Costarricense de Turismo (ICT).

Autonomía e incentivos salariales, entre las causas

Para el director General del Servicio Civil y ex viceministro de Trabajo, Alfredo Hasbum, estas disparidades salariales responden a múltiples causas.

Especialmente, las achaca a la ausencia de un ente central que se encargue de determinar una política salarial única para todo el sector público.

Señaló que esa carencia hace que cada institución fije sus propios sueldos e incentivos salariales, según sus propios intereses e ingresos, sin pensar en las finanzas públicas como un todo.

En especial, eso ocurre en instituciones como la CCSS, la Contraloría, los bancos, las municipalidades y la Asamblea Legislativa, donde existe una autonomía presupuestaria.

Hasbum citó, por ejemplo, que en los bancos estatales se paga semanalmente y no de manera mensual, lo que hace que a los empleados se les termine desembolsando un mes más de salario al año.

También menciona la ley de enganche salarial, la cual obliga al Estado a tener que aumentarle los salarios a los médicos cada vez que el Gobierno le otorgue un incremento a cualquier otro de sus trabajadores, sean misceláneos, policías, maestros o abogados.

Esa legislación, sumado al pago de anualidades, serían dos de las causas por las cuales hay 1.685 funcionarios de la CCSS que ganan más que el presidente Alvarado.

Hasbum aboga por un régimen salarial público que fije como tope el salario del mandatario: “Siempre he creído que el salario público más alto debe ser el del presidente de la República. El nivel de responsabilidad no se compara con el de ningún otro funcionario.

“En un sistema de remuneración eso debería ser considerado y el presidente debería ser quien más gana, y de ahí en adelante, se va haciendo una sola escala salarial, donde el presidente tenga el salario tope y resto para abajo”.

Los datos de este artículo fueron obtenidos con base en las planillas públicas de noviembre del 2019, así como de abril y julio del 2020, consignadas en el Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere), de la Caja.

La base de datos incluye a 117 instituciones públicas que, en conjunto, emplean a 305.086 personas.

Están contabilizados los colaboradores de los tres poderes de la República, del TSE y de las cinco universidades estatales, así como el personal de los bancos estatales, de 18 instituciones autónomas, de 40 órganos desconcentrados y de los 82 municipios.