Un grupo de 22 diputados presentó este miércoles, ante la Sala IV, una consulta de constitucionalidad sobre la “ley jaguar”, proyecto que el gobierno de Rodrigo Chaves quiere llevar a referéndum y que, según la Contraloría General de la República, eliminaría la fiscalización sobre los fondos públicos.
Los legisladores presentaron la consulta con base en el artículo 98 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, donde se establece que un proyecto que se pide someter a referendo debe ser consultado al Tribunal Constitucional antes de autorizarse la convocatoria a consulta popular.
Los diputados habían previsto poner a votación, el próximo martes 25 de junio, una propuesta para que la Asamblea Legislativa llamara a referéndum junto con el Poder Ejecutivo.
En la consulta, los legisladores pidieron a los magistrados aclarar si la “ley jaguar” persigue desmantelar las competencias y funciones constitucionales y legales de la Contraloría, tal como lo ha advertido la institución.
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Los diputados preguntaron si el proyecto podría suprimir los ámbitos de control y restringir sustancialmente las funciones de la CGR, en detrimento de la protección de los fondos públicos de los costarricenses.
En el documento, se advierte que los firmantes suscriben todas las advertencias y críticas emitidas por la contralora general de la República, Marta Acosta, respecto del expediente legislativo 24.364.
Por Liberación Nacional (PLN), firmaron la consulta los diputados Francisco Nicolás, Danny Vargas, Paulina Ramírez, Dinorah Barquero, Katherine Moreira, Geison Valverde, Monserrat Ruiz, Andrea Álvarez, Sonia Rojas, Kattia Rivera, Óscar Izquierdo y Alejandra Larios.
En el caso del Frente Amplio (FA), suscribieron el documento Antonio Ortega, Jonathan Acuña, Priscilla Vindas, Ariel Robles y Rocío Alfaro, del Frente Amplio (FA). A ellos se unieron Carlos Felipe García y Vanessa Castro, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Kattia Cambronero, del Liberal Progresista (PLP), así como las independientes María Marta Padilla y Gloria Navas.
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Los artículos cuestionados
Los diputados señalaron que la reforma al artículo 4 de la Ley Orgánica de la Contraloría violentaría el artículo 183 de la Constitución Política, al excluir “del ámbito de fiscalización obligatoria participaciones paritarias del Estado y otros entes públicos en sociedades mercantiles”.
En cuanto a las prohibiciones que se impondrían a la CGR en el artículo 12 de su ley, los legisladores señalaron: “La reforma pretende la eliminación total de los controles previos que ejerce la Contraloría por mandato constitucional. Pretende limitar sus potestades de tribunal administrativo, en el tanto la norma fundamental exige de ella funciones de fiscalización superior de los recursos públicos, en todas sus implicaciones”.
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Sobre la parte que impediría a la Contraloría suspender actos y contratos del Estado y sus instituciones cuando detecte irregularidades, los diputados consideran que se contrapone a jurisprudencia de la Sala Constitucional, contenida en el voto 2398-91, donde se validaron las facultades indagatorias de la CGR.
“Recortar esas potestades menoscaba sensiblemente su capacidad de prevenir daños mayores al interés público, debido a que esas competencias son intrínsecas al control de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos”, dice el escrito entregado.
Consultado sobre la razón de que no todos los liberacionistas firmaron la consulta, el jefe del PLN, Óscar Izquierdo, dijo que no hubo una línea de fracción ni un acuerdo, sino que se informó de que se presentaría el documento y se les dio la libertad de firmarla a quienes quisieran hacerlo.
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Del PLN se abstuvieron de firmar Rodrigo Arias, Gilberth Jiménez, Pedro Rojas, Luis Fernando Mendoza, Rosaura Méndez, Carolina Delgado y José Joaquín Hernández.
El socialcristiano Carlos Felipe García comentó que firmó la consulta, a pesar de la posición a favor del referéndum que ha mantenido su fracción, porque es “el mecanismo que establece el Reglamento legislativo para tener seguridad, en una discusión tan compleja”.
“Como diputado, quiero tener seguridad de que lo se someterá a consulta de la ciudadanía cumpla con la legalidad y la constitucionalidad”, dijo.
En tanto, el jefe del FA, Antonio Ortega, declaró que es necesario consultar la rigurosidad constitucional. “Lo mínimo que podemos hacer como legisladores es ser responsables. Nos preocupa que se quiera quitar facultades de control a la Contraloría y que esto favorezca la corrupción”, adujo.
Kattia Cambronero, del PLP, indicó que también apoya la intención de su propia bancada de llevar el tema a escrutinio de los magistrados constitucionales, aunque todavía no conoce que haya un borrador de consulta en las filas del Liberal Progresista.
