Un grupo de 15 diputados llevó el proyecto de Ley Marco de Empleo Público a consulta facultativa de los siete magistrados de la Sala Constitucional, este jueves, minutos después de que el expediente 21.336 fuera aprobado en primer debate por 32 legisladores.
Tal como lo establece la Ley de la Jurisdicción Constitucional, los magistrados tendrán un mes para evacuar la consulta, a partir del momento en que reciban una copia fiel del expediente legislativo.
La consulta es facultativa, o sea, no es obligatoria, y la promueven principalmente los congresistas que se opusieron al proyecto de ley porque alegan violaciones a la autonomía de las universidades, entre otros aspectos.
Para consultar un proyecto de ley ante el tribunal constitucional, se deben reunir al menos las firmas de 10 congresistas.
En este caso, la consulta lleva la firma de 15 parlamentarios de Liberación Nacional (PLN), Acción Ciudadana (PAC), Unidad Social Cristiana (PUSC), Restauración Nacional (PRN), Integración Nacional (PIN), Frente Amplio (PFA), así como legisladores independientes.
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Firman el documento Franggi Nicolás, Karine Niño y Daniel Ulate, del PLN; Paola Vega, Welmer Ramos, Luis Ramón Carranza y Mario Castillo, del PAC; Floria Segreda, del PRN; Aracelly Salas y Shirley Díaz, del PUSC; José María Villalta, del FA; Patricia Villegas y Wálter Muñoz, del PIN, y las independientes Zoila Volio e Ivonne Acuña.
En el documento, que consta de 247 páginas, se consulta si la reforma viola la independencia del Poder Judicial, dado que el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplán) fungirá como rector del empleo público.
De igual forma, se pregunta si el régimen sancionatorio marco para el sector público violaría la independencia judicial.
Lo mismo se pregunta sobre los funcionarios del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
A partir del folio 60 de la consulta, los 15 diputados alegan que el proyecto de ley viola la autonomía universitaria establecida en los artículos 84, 85 y 87 de la Constitución Política.
Específicamente, piden a los magistrados definir si se violaría con esta ley la autonomía organizativa o plena, de la que gozan los centros públicos de educación superior.
Esto se formula en el sentido de que la sustitución del sistema de pluses salariales, por el de salario global, tendría que aplicarse a las universidades, así como a todas las instituciones estatales, salvo las empresas públicas en competencia.
Por otro lado, la consulta también cuestiona si existe una violación constitucional al aplicar las nuevas normas de empleo público a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), a la que definen como “ente descentralizado que goza de autonomía constitucional”.
Eso significa, en criterio de los 15 legisladores, que la Caja posee el segundo grado de autonomía, o sea, autonomía política o de gobierno, que le permite “fijarse sus lineamientos, fines y objetivos, sin que la tutela administrativa del Estado le alcance en estos aspectos”.
Incluso, la consulta reclama inconstitucionalidad del proyecto por cuanto incluye a las municipalidades en el ámbito de cobertura. Ellos alegan que los ayuntamientos también son autónomos por mandato constitucional.
La presentación de esta consulta facultativa de constitucionalidad impide que los legisladores realicen el segundo debate del proyecto que estaba anunciado para el próximo jueves 24 de junio.
La Sala IV dirá si el proyecto requerirá de 38 votos para ser aprobado (mayoría calificada) o de mayoría simple (29).
La Corte Plena, por 17 votos, dictaminó que el proyecto sí afecta su funcionamiento y organización, por lo cual necesitaría de 38 votos. Sin embargo, la decisión final es de los siete magistrados de la Sala IV.
La Constitución dice que, cuando un proyecto de ley afecta a ese poder de la República, tiene que ser aprobado por dos tercios del total de miembros de la Asamblea Legislativa.
