El gobierno solo ha usado el 19% de los ¢1.557 millones donados por los costarricenses para atender la emergencia causada por el huracán Otto en la zona norte, en noviembre del 2016.
Ese porcentaje, equivalente a ¢296 millones, fue girado al Banco Hipotecario de la Vivienda (Banvhi) para construir 14 soluciones habitacionales a familias afectadas por el paso del ciclón en Bagaces.
Así lo confirma el director de la Comisión Nacional de Emergencias, Alexander Solís, en una respuesta enviada a la diputada del bloque independiente Nueva República, Nidia Céspedes; y a la ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah), Irene Campos.
Los ¢1.261 millones restantes permanecen en las cuentas del Fondo Nacional de Emergencias que por ley le corresponde administrar a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).
“La donación recibida por la colecta pública durante la emergencia del Huracán Otto está identificada en nuestros registros financieros en la partida 002-400 denominada Decreto Ejecutivo 40027MP, Huracán Otto, cuenta de registro N° 4-99-02-08-15 por un monto original de ¢1.557.756.63,80; de esa suma se han girado a la fecha al Banco Hipotecario de la Vivienda ¢296.730.314,36”, dice la explicación de Solís.
Sin embargo, Solís, en la comunicación enviada el 4 de julio anterior, le explicó a la legisladora que lo restante sigue disponible exclusivamente para atención de esa emergencia, ocurrida hace casi tres años.
“Los recursos por las donaciones por la colecta pública están disponibles en el fondo y han sido utilizado(s) a la fecha únicamente para la reposición de viviendas de interés social”, añadió Solís.
Por su parte, Campos le explicó a La Nación que los ¢296 millones girados al Banvhi se usaron para resolver 14 trámites de bonos de vivienda en Bagaces, cuyas familias ya tienen el título de propiedad pero las casas se siguen construyendo.
Los ¢1.557 millones se recolectaron días después del paso de Otto, en la campaña pública Yo nací en este país, desarrollada por Repretel, Central de Radios y el Banco de Costa Rica.
La Ley Nacional de Emergencias y Prevención de Riesgo obliga a que esas donaciones en efectivo pasen al Fondo Nacional de Emergencias.
Luego, le corresponde a la CNE asignar contenido presupuestario a los proyectos de reconstrucción.
En abril del 2017, el entonces presidente de la República Luis Guillermo Solís, en conjunto con la CNE y con los organizadores, anunció que el dinero proveniente de esa recolecta se usaría de la siguiente forma:
¢1.037 millones para construir 30 viviendas en Upala y 20 en Bagaces. El resto se invertiría en la construcción de viviendas, reparación de escuelas y salones comunales.
Un trámite extra
Para que cada institución haga uso del presupuesto en el desarrollo de obras, de acuerdo con lo proyectado, debe justificarlo ante la CNE.
Así ocurrió con lo recibido por el Banco Hipotecario, entidad que debió reportar a la Comisión la identidad y calificación de los beneficiarios.
Irene Campos aseguró que la institución no ha desistido de usar el dinero de la recolecta destinado a vivienda.
“No hemos comunicado que no los vamos a usar, simplemente hemos venido trabajando con fondos que tenemos. No quiere decir que no los vayamos a tramitar en el futuro”, afirmó Campos.
Añadió que hasta la fecha el Banco ha resuelto la demanda de Upala y Bagaces con fondos propios creados por ley para atender estas situaciones. En total, el Banvhi ha invertido ¢196 millones de su presupuesto para la emergencia.
En esa labor, el Mivah también contó con apoyo interinstitucional de la CNE, municipalidades locales y del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).
En ese sentido, explicó que en Upala el gobierno ha resuelto 78 problemas habitacionales, de las cuales 51 fueron reparación y 27 de una vivienda nueva. De estas últimas, diez se otorgaron por bono completo y 10 más fueron donadas por privados.
A la fecha, otras 32 familias de Upala tienen un proceso abierto para un bono y 48 más están en proceso de formalizar la solicitud.
En tanto, en Bagaces se le ha dado soluciones a otras diez familias y las gestiones de 24 más siguen en trámite. Otras 17 están pendientes de formalizar la solicitud.
Si no se ha usado el resto del dinero de la recolecta, se hace para evitar más tramitología al hacer las gestiones ante la CNE, explicó la jerarca.
Sin embargo, Campos aclaró que las soluciones se dan por la vía del bono de interés social y no propiamente por emergencia, porque así lo establece la legislación, lo cual implica que haya familias que no califiquen.
Precisamente, Céspedes consultó a la CNE sobre el destino de lo donado por los costarricenses, ante la molestia de pobladores de Upala que lamentan no poder acceder a un bono de vivienda por la falta de calificación, a pesar de que sus casas fueron dañadas o arrasadas por el huracán.
Tal es el caso de Paulina María Ruiz, de 63 años. Ella y su esposo de 59 años perdieron todos sus bienes en Bijagua de Upala, por causa de Otto. Están sin casa y viven donde un vecino.
Sin embargo, a pesar de sus gestiones, ella no califica para un bono estatal porque su esposo recibió ese beneficio con su anterior matrimonio.
“Son tratadas como cualquier otro usuario del sistema financiero nacional, pese a la desgracia sufrida”, cuestionó Céspedes.
La legisladora promueve en la Comisión de Alajuela una mesa de trabajo con el Ministerio de Vivienda, para hacer reformas a la ley de emergencias que permitan usar donaciones en efectivo de una manera directa, para soluciones de vivienda a los afectados por emergencias.