EscucharUn pequeño grupo de 123 comerciantes concentra el 66% de la morosidad que registra la Municipalidad de San José, en cuanto al pago del impuesto sobre las licencias para actividades comerciales y venta de licores. En promedio, cada uno de estos patentados adeuda ¢63,5 millones, para un total de ¢7.812 millones.
Estos deudores representan solo el 0,6% de los 17.718 patentados inscritos ante el ayuntamiento capitalino, pero sus obligaciones pendientes, a diciembre del 2021, evidencian un problema que ha venido creciendo en los últimos años en perjuicio de las arcas municipales.
De hecho, entre el 2017 y el 2021, la morosidad por ese tributo subió en el cantón Central de San José, de ¢8.286 millones a ¢11.816 millones, es decir, un incremento del 43%. Solo en el 2019, el pendiente de cobro aumentó 50,8% respecto al año anterior.
El ingreso que percibe el gobierno local josefino por concepto del impuesto de patentes municipales es el rubro más importante dentro de su recaudación; de hecho, en el 2021, representó el 28% del total de los ingresos reales, equivalentes a ¢64.506 millones. Además, constituyó el 63% de los ingresos tributarios recibidos para ese periodo.
Los datos anteriores se desprenden de un informe de auditoría publicado por la Contraloría General de la República (CGR), este mes de julio, en el que investigó los cobros realizados por la Dirección de Pago de Patentes de la Municipalidad de San José, entre 2017 y 2021.
Dicha revisión determinó que, del total de ¢11.816 millones que los patentados adeudan del impuestos a sus licencias, ¢7.362 millones corresponden a obligaciones anteriores al 2021, lo cual representa 62,3% del monto general del pendiente de cobro.
Los pendientes de cobros en periodos anteriores al 2017 sumaban ¢5.592 millones. Si ese monto se compara con el saldo al 2021, se evidencia un incremento del 31,6% durante ese periodo.
“La gestión realizada por parte de las áreas administrativas responsables de la recuperación de las deudas acumuladas de los patentados del impuesto de licencias para actividades lucrativas, avanza a un ritmo lento y denota poca efectividad en la recuperación de la morosidad que presentan los patentados morosos”, concluyó la CGR.
Esto ha permitido que 1.151 de patentados activos acumulen obligaciones pendientes de entre cinco y diez años por un monto total de ¢2.479,9 millones. En 1.108 de esos casos, la Municipalidad apenas realiza la gestión de cobro administrativo y los restantes 43 están en proceso de arreglo de pago o de cobro judicial o extrajudicial.
La Contraloría también encontró que de cada diez contribuyentes activos con una morosidad mayor a diez años, solo uno se encuentra en cobro judicial, y los restantes nueve están en una etapa de cobro administrativo.
Municipalidad divide morosos en 4 grupos
La Municipalidad de San José explicó que la auditoría realizada por la Contraloría analizó los datos de patentados hasta diciembre del 2021, por lo que ya 14 de los patentados morosos se han acercado a buscar una solución de pago.
“La diferencia de 14 casos por la suma ¢583 millones no se incluyen en esta información dado que son cuentas que se encuentra en estudios en fiscalización, arreglos de pago y cuentas al día”, indicó el ayuntamiento.
Orlado Esquivel, jefe de Cobros de la Municipalidad de San José, aseguró que el panorama expuesto por la auditoría de la CGR no tomó en cuenta las características y estado de cobro de cada caso y, únicamente los generalizó como morosos.
“La Contraloría lo que hace es que nos piden la base de datos, la base de datos se les da, y de ahí ellos empiezan a extraer diferentes escenarios, cuando ellos hablan de los 123 casos nosotros nos ocupamos de ver realmente cómo están los 123 casos y, una vez, que los analizamos encontramos cuatro escenarios”, comentó Esquivel.
Uno de esos escenarios son las cuentas incobrables, que suman 49 patentados que juntos adeudan ¢3.839 millones. Este tipo de cuentas corresponden a casos que, pese a que se llevaron ante el departamento de la gestión administrativa y se judicializaron, no se pudieron recuperar.
“El caso en incobrabilidad no significa que el pago se ha perdido; ese monto no se elimina de la base de datos, sino que queda ahí como un estado de incobrabilidad. No se puede condonar y cuando la persona regresa a la Municipalidad a hacer un trámite, entonces se le condiciona a que haga un arreglo y pague para hacer otro tipo de trámite”, dijo Esquivel.
El otro de los escenarios son las cuentas renunciadas; estos son los casos de los contribuyentes que solicitaron que se les cancelara la patente, dejando una deuda, según indicó el funcionario municipal. Algunos de estos casos se generaron durante la pandemia cuando los negocios se vieron obligados a cerrar.
Los patentados con cuentas renunciadas son 38 y su morosidad asciende a los ¢3.032 millones.
Por otra parte, en un tercer grupo se ubican diez contribuyentes que sí poseen patentes activas, no han sido sometidos a ningún proceso, pero sí han sido notificados. Estos deben ¢521 millones. Finalmente, en el cuarto grupo hay 12 casos se encuentran en proceso de cobro judicial y extrajudicial; ellos acumulan deudas por ¢436 millones.
95% de incobrables no logra recuperarse
Adicionalmente, Orlado Esquivel aseguró que la Sección de Gestión de Cobro de ese ayuntamiento aprobó la prescripción de las deudas vencidas a 87 patentados, por ¢343 millones. Él alegó a la Contraloría que el 95% de las cuentas en condición de incobrables no logran recuperarse.
Otra irregularidad señalada por el ente contralor es que los datos reportados por los contribuyentes no coinciden con los datos registrados ante la Dirección General de Tributación Directa (DGTD), del Ministerio de Hacienda.
“Ante la falta de proactividad del departamento encargado de establecer un control de las declaraciones juradas, existe una mayoría de patentados que aprovechan la oportunidad para declarar a la Municipalidad montos de ingresos brutos o de ventas inferiores o en cero en su declaración jurada del impuesto de patentes, en comparación con lo reportado ante la DGTD, con la implicación de favorecer al contribuyente y en perjuicio de las finanzas municipales”, afirmó la CGR.
Además, la investigación determinó que la cantidad de declaraciones recibidas en los periodos 2020 y 2021 corresponde a menos del 50% de los contribuyentes registrados en la Municipalidad (17.718), pues en esos años solo 7.056 (40%) y 6.441 (36%) de los patentados, respectivamente, cumplieron el requisito.
Según explicó la Contraloría, gracias a su auditoría se determinó que el incremento en los niveles de morosidad se genera principalmente por incumplimiento de la normativa que regula la gestión de cobro de patentes.
Lo anterior obedece a la poca acción municipal para enviar a cobro judicial los patentados que presentan morosidad, luego de finalizado el proceso de cobro administrativo.
El ente contralor determinó que no se utiliza la notificación de cobro cuando el patentado se encuentra moroso ni se cuenta con un registro automatizado para el control y seguimiento de los casos en los cuales se efectúo el cierre o la clausura del negocio por morosidad.
