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Los proyectos pagados con el $1 millón donado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) al Gobierno, en su primer año de labores, se ejecutaron sin cumplir con la normativa del Ministerio de Planificación (Mideplán).
Reglamentariamente, le corresponde al Mideplán aprobar las iniciativas provenientes de la cooperación internacional. Sin embargo, Presidencia no remitió información alguna sobre este aporte del BCIE.
Así lo reconoció el 19 de febrero la ministra de Planificación, Laura Fernández, en una nota enviada al diputado Jonathan Acuña, del Frente Amplio (FA).
El legislador había solicitado a la jerarca facilitar la autorización del Mideplán para que el gobierno tramitara la cooperación con el BCIE y los documentos que sustentaran la aprobación, así como las fechas de las gestiones.
Sin embargo, Fernández respondió que no contaba con información relacionada con el convenio de cooperación entre el gobierno y el BCIE, con el cual se financiaron servicios de comunicación por $405.000 para Casa Presidencial.
“Esto lo que demuestra es que no se pasó por el proceso de aprobaciones que requiere la propia normativa vigente”, indicó el diputado Acuña.
El diputado Acuña cuestionó que no se siguiera el proceso establecido para que los recursos de cooperación internacional estén alienados con el Plan Nacional de Desarrollo (PND).
“Lo que vemos aquí es que la plata que le donó el BCIE al país, que ha sido objeto de fuertes señalamientos por sus usos absolutamente inadecuados, tiene una irregularidad más: no pasó por ese proceso de aprobación por parte de Mideplán”, expresó el frenteamplista.
En el oficio, la jerarca reafirmó que la gestión y aprobación de las donaciones internacionales están reglamentados en el decreto 43951-PLAN-RE.
Dicho decreto señala, en su artículo 17, que las instituciones interesadas deben presentar sus programas, proyectos y acciones al Área de Cooperación Internacional de Mideplán, “para que sean evaluadas y aprobadas por este Ministerio”.
Este proceso también debe cumplirse para la cooperación proveniente de organismos financieros internacionales, según lo estipulado en el artículo 26 del reglamento. Este numeral especifica que, en esos casos, el Ministerio de Hacienda debe remitir las iniciativas a Planificación.
Igualmente, una vez que las iniciativas reciban la respectiva aprobación, deben inscribirse en el Sistema de Gestión de Proyectos de Cooperación Internacional (Sigeci).
En la nota, Fernández aseguró que el Mideplán ha realizado “instancias múltiples” a entidades públicas y cooperantes internacionales, solicitándoles el cumplimiento de las disposiciones establecidas para la gestión de los proyectos de cooperación internacional.
“Por consiguiente, existe una línea de trabajo en ejecución con los ministerios de gobierno para que actualicen regularmente la información que tengan pendiente en el Sigeci”, agrega.
Uso dado a los recursos del BCIE
$405.000 del BCIE se usaron para una estrategia de comunicación que fue adjudicada una compañía del productor audiovisual Christian Bulgarelli, a pesar de que el propio empresario participó en la elaboración de los términos del contrato antes de que este saliera a concurso.
Otros $300.000 se usaron para una consultoría de ciberseguridad de Casa Presidencial; $200.000 se destinaron a mejoras en el despacho presidencial y los dormitorios del personal de seguridad de Casa Presidencial y $50.000 para gastos de supervisión y auditoría.
Otros $150.000 iban a ser destinados a financiar un análisis sobre la problemática de las pensiones de lujo en el país, pero, al final, el monto se redujo a $40.000. El resto del dinero se usó, en gran medida, para ampliar el contrato adjudicado a Christian Bulgarelli, el cual subió de $300.000 a $405.000.
Una segunda donación por otro $1 millón ya fue gestionada por el gobierno de Costa Rica ante el BCIE en el 2023, sin que el Poder Ejecutivo o la misma entidad financiera brinden información sobre los distintos rubros a financiar con estos nuevos recursos.
